En maratónica sesión el Senado aprobó la Rendición de Cuentas con modificaciones

Cuando el reloj marcó la hora 22.42 y luego de más de doce horas de discusión, un nuevo capítulo de la Rendición de Cuentas llegó a su final, y ahora resta que la Cámara de Representantes homologue los cambios introducidos.

No crea el lector que los debates a que se hace referencia tuvieron que ver con discrepancias a propósito de los recursos asignados (por exiguos o por excesivos) ni con el destino de tales recursos. Si bien originadas en el tratamiento del proyecto, las polémicas derivaron hacia cuestiones más bien filosóficas o ideológicas y mostraron dos concepciones políticas divergentes, algo a lo que estamos acostumbrados en esta Legislatura con dos bloques antagónicos bien definidos.

Pero vayamos de a poco. Bajo la presidencia de la doctora Mónica Xavier, la sesión, prevista para la hora 10.00, comenzó quince minutos más tarde con la exposición del herrerista Gustavo Penadés sobre el artículo 123, por el cual –básicamente– se permite a los funcionarios del Ministerio de Defensa no militares abandonar la equiparación con el grado militar. La argumentación de Penadés se basó en que de ese modo se procede a una reestructura de las Fuerzas Armadas. Según su punto de vista, ello conspira contra el debate que se está procesando sobre la Ley de Defensa, y advirtió que se trata de una reestructura funcional antes que una de carácter organizativo. «¿Para qué se nos invita a dialogar sobre Defensa si después no se nos consulta y se hace lo que se quiere?», se preguntó con amargura el rubicundo senador.

 

Militares y la Universidad

Otro tema que causó revuelo fue el artículo 135, que limita la potestad de las jerarquías castrenses de contratar servicios educativos de formación, capacitación, perfeccionamiento y especialización. Se establece que sólo podrán contratar fuera del sistema público de enseñanza en casos en que éste no los brinda.

Este asunto desató un intenso debate que traspasó los límites del artículo en cuestión para devenir en un cuestionamiento a la enseñanza estatal y una apología de la privada de parte de la oposición.

El primero en saltar fue el ingeniero Ruperto Long, expresando que se trata de una medida discriminatoria y que no es conveniente cerrar las puertas a las universidades privadas.

Korzeniak, tal vez por deformación profesional, apeló al espíritu de la Carta Magna, que tiene una especial preocupación por la enseñanza pública oficial, e hizo notar que es el Estado uruguayo el que se ocupa de la formación y educación de los militares.

La exposición de Isaac Alfie desbordó los límites del artículo en cuestión y se convirtió en un alegato contra la enseñanza pública que está, según su percepción, anquilosada y ha dejado de ser la mejor. Su correligionario Aguirrezabala planteó la inconveniencia de acotar la posibilidad de decisión.

Al ver el cariz que tomaba el diálogo, don Víctor Vaillant alertó sobre la salida de tema que se estaba produciendo y consideró –con buen tino– que no era esta la oportunidad para discutir el punto. Haciendo oídos sordos a tan sensata advertencia, los colorados siguieron abundando y sobreabundando sobre las bondades de la enseñanza privada. A ellos se sumó don Luis Alberto Heber. «Tenemos que preguntarnos por qué se eligen las universidades privadas», expresó el senador blanco y se respondió sin dudar: «porque son las mejores».

 

Reestructura del MI

Ya en la órbita del Ministerio del Interior, asistimos a nuevas polémicas. El artículo 144, que crea cargos de particular confianza para el director del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito y para el director de la Escuela Nacional de Policía, fue objeto de severas y encendidas críticas de parte de don Carlos Moreira; Margarita Percovich lo refutó explicando que la disposición forma parte de una reestructura del Ministerio del Interior. Luego se generó un dialogado bastante picadito entre Moreira y Korzeniak sin mayores consecuencias.

El artículo 152 también mereció debates: autoriza al Ministerio del Interior a licitar la construcción del nuevo establecimiento carcelario de Maldonado y un nuevo módulo de seguridad en el Complejo de Santiago Vázquez por el mecanismo de concesión de obra pública. La discusión derivó en el hacinamiento del sistema carcelario, en la Ley de Humanización, en las medidas más adecuadas para hacer frente al delito, etcétera. Moreira y Alfie consideraron que la solución no es más que un parche y que hay que construir más cárceles. Breccia y Vaillant expusieron su discordancia con esa postura explicando que es cierto que es preciso construir más cárceles pero que eso no es suficiente, que hay que tomar medidas de fondo como más y mejor empleo, más y mejor educación, más y mejor salud, más y mejor vivienda, e insistir con las penas alternativas.

 

¿Puerto suspicaz?

A la hora 16.35 Long puso un manto de dudas sobre el artículo que habilita a instalar un puerto en Punta Carretas, «de carácter principalmente deportivo». Queremos «evitar suspicacias» y «no sabemos hacia dónde apunta».

Según Moreira, «hemos escuchado la versión de que ahí se quiere que atraque Buquebús» en su recorrido Montevideo-Buenos Aires.

Baráibar contestó que «no hay ninguna intencionalidad supuesta, misteriosa, rara», sino sólo «delimitar con precisión al club de pesca La Estacada».

Según Korzeniak, si hay alguna cosa irregular con alguna empresa, «se puede interpelar, denuncia penal, o promover la censura».

Dijo Michelini: «He sido el más crítico pero no me manejo con suspicacias».

Sobre la hora 16:55 se produce un breve incidente por cuestiones reglamentarias entre Heber y el presidente Nin Novoa, que concluye con un breve cuarto intermedio para apaciguar los ánimos. Al final de la sesión, se hizo público un pedido de disculpas.

 

Violencia doméstica

A la hora 18.37 Long propuso, sin suerte, crear un fondo especial para la atención a las víctimas de la Violencia doméstica, quienes muchas veces por problemas económicos deben retornar con la persona por que fueron maltratadas, por razones de «supervivencia».

Percovich admitió que es un loable propósito y de conocerlo anteriormente «hubiésemos buscado los recursos». Propuso tratarlo en la Comisión de Población y Desarrollo.

 

Organismos del 220

En torno a los organismos del 220 de la Constitución, el Partido Nacional pidió que primero se votaran los mensajes de los organismos, y luego, al salir negativos, aprobó alguna de las normas.

Respecto al INAU, Long dijo que «es uno de los puntos importantes de carencias de esta Rendición de Cuentas. Una diferencia de U$S 15 millones entre lo solicitado y lo pedido».

Topolansky precisó que sobre Infacalle y Plan CAIF, el MEF se comprometió a que esos programas no caigan a través de «refuerzo de rubros».

En torno a los proyectados subsidios a la industria textil, Alfie dijo que es dinero «tirado al agua» y que «el único cambio radical es un TLC con Estados Unidos».

 

Juicios laborales

Aguirrezabala y Gallinal calificaron de «monárquico» un artículo por el cual los juicios de trabajadores con relacionamiento con el Estado tendrían que efectuar sus juicios en un Juzgado creado a esos efectos.

Breccia respondió recordando que un 24 de diciembre se aprobó una norma que reducía de 10 años a 2 años a los trabajadores para reclamar laboralmente.

Sobre la hora 22.30 Couriel argumentó a favor de una trasposición de $10.555.176 de la Armada hacia el MSP para su cuerpo inspectivo. *