Sindicato recientemente afiliado a APU defiende resolución de Sánchez Bargas

"Es ahora o nunca": la derecha prepara "asalto" al Diario Oficial

» Es ahora o nunca», así concluye la nota editorial de El País el pasado viernes 27 de julio, donde hace un encendido llamado a la acción del Partido Nacional porque «el gobierno de la izquierda está atravesando por un mal momento».

Eso de mal momento parece no desprenderse de la última encuesta de Equipos Moris que establece que la popularidad de Tabaré Vázquez pasó del 53% en abril al 57% en junio.

Porque, la verdad, es impensable que El País crea sinceramente en la encuesta de Interconsult, empresa que es dirigida por Juan Carlos Doyenart, un ex demócrata cristiano que en 1999 editó un volante con el doctor Gonzalo Aguirre llamando a votar contra Vázquez en el balotaje.

La situación es otra, como lo dijimos en la nota del pasado domingo, cuando alertamos que «la derecha prepara una campaña contra Vázquez, para golpear al Frente Amplio». Obviamente que incluíamos a todos estos actores y a otros dentro la categoría de «derecha», aunque moleste.

En esa nota de hace siete días dijimos que los objetivos de la derecha eran Tabaré Vázquez, Danilo Astori, Marcos Carámbula y Oscar de los Santos (tiene un juicio político en puerta), entre otros. Pero no quedamos cortos. Ahora también está en la mira el director del IMPO, el joven Alvaro Pérez Monza. Veamos.

 

El sindicato de los blancos

El pasado viernes La diaria informó que el sindicato del IMPO (Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales) denunció ante el Ministerio de Educación y Cultura, tema que también llevará al parlamento, que el director del organismo resolvió en forma «irregular» abonar por concepto de indemnización la suma de 10 mil dólares a un ex funcionario.

Este sindicato, que es casi como un club político del algunos sectores del Partido Nacional y que insólitamente está afiliado a APU desde hace muy poco tiempo – ¿periodistas los muchachos?- , está mostrando con esa actitud toda una novedad sobre cómo actúan las corrientes sindicales filo nacionalistas, quien -en principio- no estarían defendiendo a su compañero que fue injustamente despedido. Queda, entonces, la duda de si estamos ante un sindicato que quiere renovar las prácticas sindicales o no se sabe qué cosa quiere. La duda es por pura generosidad.

Vayamos por partes, decía Jack El Destripador.

El funcionario indemnizado se llama Fernando Crosa, abogado de profesión, quien fue despedido el 4 de marzo de 2002, bajo el gobierno del doctor Jorge Batlle, por presuntamente haber proferido expresiones difamatorias contra el entonces director del IMPO, Carlos Sánchez Bargas.

Dos años después el mentado Sánchez Bargas fue procesado y condenado por el delito de conjunción de interés personal y del público por actos cometidos durante su actuación al frente del IMPO. Ahora reclama que se le otorgue un subsidio por su condición de ex jerarca.

Según nuestras fuentes Crosa fue despedido por la acción de Sánchez Bargas, quien no soportó que el funcionario dijera que «era un ladrón», durante una conversación que mantuvo con otro funcionario.

La prueba de esa conversación nunca apareció, aunque se dijo que hay un video en el que esos dos funcionarios están conversando. El video no está en ningún lado (quien lo tenga que lo devuelva, si es que existe: será recompensado).

Sánchez Bargas se la agarró con Crosa, porque dijo que el funcionario le pasaba información a la prensa y a legisladores sobre las irregularidades que ocurrían en el IMPO. Entre esas irregularidades, por las que fue procesado y condenado Sánchez Bargas (destacado militante del Movimiento Nacional de Rocha) se destaca que el ex director del IMPO le daba la impresión del Diario Oficial a la empresa Ríokar SA, que se creó uno días antes del llamado a licitación y que no tenía imprenta. Esa empresa entregó la impresión al diario El País. Todo un buen negocio (¡bingo!).

Crosa, según otras fuentes, fue quien aportó más a las denuncias contra Sánchez Bargas y por eso fue reprimido y expulsado del IMPO, con la paradoja de que el novel sindicato no lo defiende, sino que cree que la actual dirección frenteamplista del IMPO actuó por fuera de la ley cuando lo indemnizó. Crosa, además, presentó la primera denuncia penal contra Sánchez Bargas.

Sobre por qué la nueva dirección del IMPO indemnizó al funcionario, se nos dijo que fue a partir de una iniciativa de Crosa quien presentó una petición administrativa, solicitando que se le restablezca en su puesto de trabajo, que se le paguen tres indemnizaciones por despido (18 sueldos) y que se le de una carta de referencia.

Ante esta situación el IMPO resolvió pagarle seis sueldos, un monto mucho menor que los diez mil dólares que le preocupan al sindicato, y no los 18 sueldos que le correspondían. Crosa aceptó, pero el sindicato no.

 

No es perro,pero ladra

El País, el jueves pasado, se indignó con nuestra nota del anterior domingo donde hablamos de una ofensiva de la derecha donde el matutino es el pívot del operativo, al grado que sus clandestinos editorialistas llegaron a decir que mis denuncias «han vuelto a agitar las banderas conspirativas».

Además de aceptar que me hayan calificado de «sesudo analista», todo un honor inesperado y mucho menos deseado, sería bueno que expliquen este nuevo operativo de la derecha del país para golpear al IMPO, que ha ahorrado un millón de dólares por año, que no da pérdidas, que no negocia por abajo con las imprentas y que acaba de publicar cinco tomos sobre la violación de los derechos humanos durante la dictadura, donde el diario de algunos blancos hace su streap tease.

Dicen que no hay una conjura contra el gobierno, pero el tema es que niegan que hayan largado la perrada, porque son animales de otro tipo. Puede ser que no sean perros, pero se parecen: tienen cuatro patas, cola, y ladran.

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