Senadora del FA se sumó a campaña de anulación de la Ley de Caducidad

La legisladora fue la encargada de abrir la oratoria recordando los tratados internacionales que Uruguay ha suscrito en materia de DDHH y que son contrarios a la Ley de Caducidad, en donde se establece que «los delitos de lesa humanidad son permanentes, imprescriptibles y tienen que ser penados y juzgados», por lo que no pueden existir obstáculos legales al respecto. Esta normativa «no podría haber existido nunca en un país que aprobó estos tratados internacionales», afirmó.

Percovich anunció que «acompaña totalmente todo el movimiento que trabaja a favor de anular la ley de impunidad» debido a que «no pueden haber normas que obstaculicen el proceso» judicial de los violadores de derechos humanos.

Argumentó que la normativa comete el delito de «poner al Poder Ejecutivo por encima del Poder Judicial», en el caso de que es el primero de los poderes el que decide qué casos se juzgan.

La senadora llamó a dar «dos batallas»: con la Universidad de la República, para incorporar a la enseñanza de los futuros juristas los diversos tratados internacionales que ha suscrito nuestro país en materia de DDHH; y la «recolección de firmas» para anular la Ley de Caducidad.

Por su parte López Goldaracena afirmó que la anulación es «una opción jurídica que se impone por mandato del derecho, ya que aquellas normativas que se declaran nulas son las que nacieron con vicios». De esta forma sentenció que «del artículo 1 al 4″ de la Ley de Caducidad, en donde «se ampara el no juzgamiento de los delitos cometidos en el gobierno de la dictadura, son nulos» debido a «los vicios de fondo».

Afirmó que «no hay argumento jurídico que diga que la normativa es válida o que no se puede anular» y explicó que el referéndum de 1989 no la «convalidó» sino que lo que sucedió es que el pueblo «no la pudo remover», porque el que la votó fue «el Parlamento no la gente».

López Goldaracena se refirió también a «la reforma constitucional o iniciativa popular», enfatizando que «los DDHH no se plebiscitan, es el Parlamento el que tiene la obligación histórica de anular la ley», por lo que es necesario «instalar el debate entre los legisladores».

«No se puede generar una cultura de paz si no se asumen responsabilidades por parte del Estado de asumir el terrorismo y los crímenes de lesa humanidad. Ojalá también lo hicieran las propias Fuerzas Armadas, sino no son dignas moralmente de portar las armas», culminó el abogado. Finalmente Pereyra subrayó que «la Ley de Caducidad hay que borrarla del ordenamiento jurídico del Uruguay». Reclamó a las Fuerzas Armadas el «pleno reconocimiento de los delitos cometidos, el repudio de los crímenes y el pedido de perdón» por las violaciones de DDHH.

En tanto afirmó que es obligación del Estado el «compromiso de nunca más», el «educar civiles y militares» en las temáticas de DDHH, el «profundizar la búsqueda del destino de los desaparecidos» y el «anular la Ley de Caducidad». El militar explicó que la normativa «crea la figura del delincuente militar» y que «no es pensable» un Ejército con la referida ley, porque se brinda «casi licencia para matar», porque se les da «autonomía, que es peligrosa», porque piensan que «hacen lo que quieren y no pasa nada».

Pereyra aseguró que hasta que la izquierda tomó el gobierno el país vivió en «democracia cívico-militar» y que pensó que en materia castrense «el cambio iba a ser más significativo, porque estas Fuerzas Armadas no tienen razón de ser». «Los militares son tan fuertes como tan débiles son los civiles que los toleran», culminó diciendo el general (r). *