Avanza en el Parlamento una ley de usura
La sesión plenaria no estuvo presidida por su titular, el asambleísta Enrique Pintado, sino por su inmediato suplente, el colorado forista Tabaré Hackenbruch. Quizá fue por ese motivo que siendo más tolerante que Pintado, el forista permitió que la sesión comenzara 20 minutos después de lo previsto, ya que el asambleísta levanta la reunión si pasados 15 minutos de la convocatoria no está en sala la cantidad mínima de legisladores para iniciar la sesión.
Después de muchas legislaturas, finalmente los representantes votaron la tantas veces postergada Ley de Usura, un proyecto que ya contaba con la media sanción del Senado pero que ahora volverá a la Cámara alta tras algunas modificaciones introducidas en Diputados.
La ley recuerda que desde la crisis económica y financiera de 2002 «se hizo notoria la existencia de situaciones de abuso, en general, en contra de la población de más bajos recursos y menos informada».
Con este proyecto se fijan tasas de interés máximas, con lo que se pretenderá ofrecer una protección para los beneficiarios de créditos.
Hay que recordar que, a pesar de la triste confirmación de la usura, ésta está prohibida por la Constitución, en su artículo número 52.
La Ley establece los límites en cuanto al cobro de los intereses de las empresas financieras cuando éstas conceden préstamos o créditos. Superado ese margen se tipifica el delito de la usura que, comprobado, «será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría».
El proyecto aprobado concede al Banco Central y al área de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas el control y fiscalización del cumplimiento de la norma. Serán ellos además los responsables de aplicar las sanciones si eventualmente algunas empresas financieras fueran merecedoras de las mismas.
Tras aprobar esa ley y con la satisfacción del deber cumplido, los diputados se sumergieron en otro proyecto, también de ribetes sociales. Con un informe del diputado Pablo Abdala (Herrerismo-PN), que no estuvo huérfano de algunas críticas a la actual gestión del Banco de Previsión Social, se votó el articulado que autoriza al BPS a retener el pago de los servicios que prestan los hogares de ancianos y volcarlo directamente de los haberes de sus huéspedes residentes.
Son más de 4 mil los ancianos que residen en forma permanente en los 86 hogares para la tercera edad registrados legalmente en el BPS en todo el país.
En su articulado, el proyecto establece la obligatoriedad del Banco de Previsión Social de retener de las jubilaciones, pensiones y demás que sirve a los residentes de los hogares de ancianos, «las cantidades que dichos hogares le comuniquen destinadas a cubrir los costos de los servicios asistenciales que prestan».
Asimismo se subraya que «las sumas destinadas a cubrir los costos (…) se ubican en el orden de prioridades inmediatamente después de las retenciones dispuestas por el juez competente destinadas a servir pensiones alimenticias».
El proyecto salió con fritas y fue directamente al Senado para su aprobación definitiva.
Se dice popularmente que «no hay dos sin tres» y por eso los representantes dieron trámite positivo también ayer a la ley llamada «de promoción y defensa de la competencia», un proyecto que le concede potestades al Estado para delinear políticas de competencia comercial, «claras y concretas».
Entre otras disposiciones, la ley elimina el control previo de adquisiciones y fusiones empresariales y crea un nuevo órgano rector: el Tribunal de Defensa de la Competencia, oficina que girará en la órbita del Ministerio de Economía. El Tribunal estará integrado por tres miembros, de los cuales uno deberá ser abogado y otro economista. Obviamente, ambos probos en la materia. No se especifica la profesión del tercero.
En resumen, la ley aprobada. que a diferencia de las dos anteriores pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, introduce mecanismos que permitirán ejercer un control sobre conductas comerciales anticompetitivas e instrumenta y desarrolla el asesoramiento que permitirá orientar los mercados hacia ámbitos más competitivos.
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Se dio también, en la rendidora sesión plenaria de Diputados, la aprobación a varios nombres de ilustres uruguayos para escuelas del Interior, se modificó el seguro de desempleo de los trabajadores zafrales o por temporada de las zonas balnearias, se actualizó un artículo que rige a la Imprenta Nacional y se aprobaron acuerdos marco con Brasil.
Sobre este último punto, se dio trámite favorable a otro proyecto largamente postergado: la famosa interconexión energética entre Uruguay y Brasil. Con este acuerdo y una vez culminadas las obras, Uruguay recibirá del vecino norteño 500 mil megavatios sin la intermediación operativa argentina.
La obra de la interconexión insumirá 160 millones de dólares que se reparten en U$S 80 millones para la planta conversora de electricidad (Brasil utiliza en su red 110 voltios y nosotros 220), que será instalada en una zona próxima a la ciudad de Melo, y los otros 80 millones de dólares para el tendido y el cableado.
La energía adquiriente provendrá de la central de Candiota, en Brasil, y llegará hasta la ciudad de San Carlos para luego ser distribuida a todo el territorio nacional.
La previa
Tal como las transmisiones deportivas, la media hora previa de la sesión de ayer tuvo algunas intervenciones destacadas.
El diputado frentista Artigas Melgarejo recordó nostálgicamente su pasado de edil y recomendó al cuerpo parlamentario interceder para que desde el Poder Ejecutivo se dignifique aún más la labor de los curules.
Melgarejo propuso una reforma constitucional para que los ediles departamentales dejen de ser honorarios y perciban una remuneración.
La diputada nacionalista Adriana Peña, en tanto, a raíz de la detección de cáncer de útero en una allegada suya que citó en sala, insistió en la necesidad de agilizar la adquisición de las vacunas que previenen la enfermedad por parte del Ministerio de Salud Pública. «Al año hay 180 mujeres que contraen el mal; una cada dos días», dijo. *
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