Amenazan con matar al ex diputado Da Silva Tavares, detenido en Panamá

Armando Da Silva Tavares, ex diputado por el Partido Colorado, se instaló en la ciudad de Miami en el año 2001, donde había montado una oficina que se dedicaba al asesoramiento financiero. En esa tarea, en junio de 2003 lo contactó Juan Borrel, un empresario panameño que pretendía acceder a un préstamo de tres millones de dólares para la construcción de un complejo hotelero en la provincia de Bocas del Toro, próximo al Canal.

El es legislador conectó a Borrell con la firma Sacher-Zelman y Asociados, que en EEUU maneja las cuentas de IBM, General Motors y Toyota, entre otras, mediante la cual, el empresario panameño lograría el préstamo para realizar el proyecto por el que se había comunicado con Da Silva Tavares.

Borrell viajó a Miami y, según sus dichos, depositó 350 mil dólares en la cuenta de Sacher ­Zelman del Bank of America para luego firmar el compromiso de préstamo por tres millones de dólares, lo cual ocurrió en setiembre de 2003.

Cuando llegó el momento de poner la garantía, la firma Sacher ­ Zelman le exigió la misma y el empresario panameño decidió poner fin al vínculo con la firma americana y tres años después, agosto de 2006, inició una acción civil, en EEUU, contra Sacher-Zelman, sin acusar en ningún momento a Da Silva Tavares. En julio de 2005, Da Silva Tavares viajó a Panamá por otros asuntos. En ese momento, Borrell radicó una denuncia penal en su contra por el «delito contra el patrimonio en su modalidad de estafa», según la acusación fiscal y sin ninguna prueba más que los dichos de Borrell. Desde entonces, Da Silva Tavares permanece detenido en ese país, aún sin un juicio formal en marcha ni tampoco una condena en su contra.

Alicia Bongoll, ex esposa de Da Silva Tavares, quien ha realizado en el último tiempo todo tipo de gestiones para lograr la libertad del ex legislador, dialogó con LA REPUBLICA y denunció las irregularidades en el proceso judicial en Panamá y también haber recibido amenazas telefónicas para que cese en sus intentos por lograr la libertad del ex diputado.

–¿Cómo se inició esta situación?

–Armando Da Silva Tavares fue contactado por el empresario panameño, Juan Borrell, a quien lo vinculó con la casa financiera Sacher ­ Zelman, empresa que maneja importantes cuentas como IBM, General Motors y Toyota, entre otras. Allí, el señor Borrell continuó con el negocio con esa firma, a través de un abogado, del cual poseo los datos necesarios para contactarle.

Borrell, disconforme con los servicios de esa firma, inició un juicio civil, no penal, en la ciudad de Miami contra esa firma, en la que Da Silva Tavares ni siquiera es mencionado. Entonces yo pregunto ¿por qué hizo una denuncia penal en Panamá contra Da Silva Tavares? ¿Lo está extorsionando con su prisión para que le pague lo que le reclama a la firma Sacher- Zelman en sede civil?

–¿Usted denuncia presiones en este caso?

–Totalmente. La familia Borrell está muy vinculada a la justicia panameña, porque, por ejemplo, una de las cuñadas de Juan Borrell, Eva Cal, es amiga personal de la magistrada Batista, quien integra el Tribunal que decide en este caso, sin excusarse, pese al pedido judicial en tal sentido.

–Para ser más concretos, ¿usted ha recibido amenazas telefónicas?

–Sí, desde mediados de abril. Se me ha dicho que por más que yo me presente en la prensa y vaya a donde vaya, ellos (la familia Borrell) manejan la Justicia en Panamá. También se me dijo que no hiciera más nada si lo quería ver vivo. Además, hacen mención a mis hijas y también que saben dónde resido. Realmente son amenazas muy graves y por ese motivo, el domingo 24 de junio presenté una denuncia policial con la grabación de las llamadas.

–¿Qué otras advertencias le han realizado?

–Han sido varias y en algunos casos, varias veces por semana, tanto al teléfono de mi casa como a mi celular. Se me dijo que los jueces y el juez Silverio Rodríguez, que entienden en la causa, por sus contactos están del lado de la familia Borrell. Incluso me dijeron que si no hago lo que ellos piden mi familia se quedará con el «muertito».

–¿A qué atribuye estas llamadas?

–Mi hipótesis, en base a lo que he podido averiguar y lo que pudo investigar el licenciado Arquímedes Sáez (abogado de Da Silva Tavares en Panamá), es que no es la primera vez que Borrell incumple un contrato, porque esto es exactamente eso, un incumplimiento de contrato de garantía con la firma Sacher-Zelman.

–¿La Justicia panameña ha brindado garantías?

–Para nada, porque no se han cumplido los plazos y sigue detenido a pesar de no haber juicio. Además el abogado de Armando en Uruguay nos ha dicho que la Justicia panameña, en este caso concreto, es absolutamente incompetente, porque los contratos se firmaron en EEUU, con una firma norteamericana. Y por eso yo voy a seguir, a pesar de las amenazas y todo lo que se quiera hacer porque creo en su inocencia y es el padre de mis hijas, las cuales están destrozadas por no poder ver a su padre. Esto es un secuestro con extorsión, porque ellos han dicho que si nosotros pagamos la suma que el señor Borrell pretende, automáticamente queda en libertad, es decir, sin respetar el proceso judicial.

–¿Cuáles son los próximos pasos en el juicio?

–El próximo 7 de agosto, a poco más de dos años de estar detenido, se realizará una audiencia donde se presentarán las pruebas de inocencia, las cuales ya fueron consideradas pertinentes por el juez. Claro que, siempre y cuando el señor Borrell acuda a la audiencia, en caso contrario se aplazaría el juicio para vaya a saber qué fecha y así sucesivamente, hasta que al señor Borrell se le ocurra dejarlo en libertad.

–¿Usted evalúa presentar el caso ante algún tribunal internacional?

–Sí, desde ya le confirmo que el abogado en Uruguay, doctor Roberto Tomé, está encargándose del tema para poder elevar esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y denunciar a los magistrados actuantes.

–¿Ha informado de esta situación al gobierno uruguayo?

–En el mes de marzo yo presenté una carta al ministro Gargano, tras la cual los asesores judiciales del ministerio me asesoraron e informaron con respecto a la presentación de la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA. En el caso de la embajada uruguaya en Panamá, no tengo palabras de agradecimiento porque me han facilitado absolutamente todo lo que les he solicitado.

–¿Cómo ve usted la finalización de este episodio?

–Yo lo único que espero y que apelo es que alguien coherente reaccione y comprendan que esta situación no es jurisdicción de Panamá, y no lo digo yo que no soy abogada, me lo indicaron doctores en leyes como lo son el doctor Roberto Tomé y el doctor Xavier Saavedra, que en Derecho Internacional es experto. Esto es un secuestro y una extorsión a un ciudadano uruguayo. *