"Si no hacemos lo que prometimos no nos salva ni el mejor candidato del mundo"

– Un reciente estudio nos ha colocado en una situación incómoda: parece que somos bastante menos solidarios y tolerantes de lo que creíamos. Esto puede tener mucho que ver, también, con la discriminación. Y supongo que usted tiene cosas para decir acerca de esa cuestión.

­Me parece un estudio impactante, que si algo positivo tiene es poner en la agenda una dimensión de cosas que preocupan y a las que no siempre damos la importancia debida a nivel político: es decir, cómo están las relaciones entre las personas y cómo está sintiendo y pensando la sociedad, en un marco de gran división, de gran fragmentación a partir de las políticas económicas de los últimos treinta o cuarenta años, proceso acentuado en 2002. Es una fotografía distinta de la sociedad fracturada que tenemos. Es preocupante. En primer lugar porque la fractura social que muestra, no sólo a nivel de las condiciones de vida ­que lo sabíamos por los niveles de pobreza y exclusión que hallamos­ sino a nivel de las relaciones humanas, que yo creo que es una consecuencia de lo otro, profundiza divisiones en una sociedad que deben ser atendidas. Es el fin de la visión autocomplaciente que teníamos del Uruguay, de una sociedad integrada, que no discrimina, que es igualitaria. Son valores en los cuales un gobierno progresista debe trabajar para recuperarlos. Las diferencias sociales acentuadas con el rechazo al diferente, hablan de las graves lesiones que nuestra sociedad aún padece.

 

­Usted alude a que hay que resolverlo desde la fuerza política que gobierna. Entonces, ¿qué actitud advierte por ahora en el gobierno? ¿Está planteando suficientes y adecuadas políticas para ir resolviendo estos problemas que, sin obviar lo económico, hagan más a lo social?

­Creo que hay elementos que tienen que ver con la política, elementos que tienen que ver con el marco conceptual, ideológico, de fondo, que tenemos como fuerza progresista, y elementos que tienen que ver con las acciones concretas a nivel legal. Este es un llamado de atención sobre la prioridad de lo social en la agenda política. Como izquierda siempre pensamos en la sociedad a la que debíamos avanzar y las condiciones económicas necesarias para lograrlo. Lamentablemente, en los últimos treinta, cuarenta, cincuenta años, es inquietante, en la agenda política, la preeminencia casi exclusiva de lo económico, que descuida aspectos sociales como éstos, que tienen que ver no sólo con las condiciones de vida, la pobreza y la exclusión, sino también con la subjetividad y los valores que una sociedad va desarrollando y con la cultura que tiene. Yo creo que este estudio, así como otros que van a aparecer sobre racismo, sobre discriminación, y la propia encuesta de hogares del INE, son grandes instrumentos que deben servirnos para colocar el proyecto social en el primer lugar de las preocupaciones. O sea, articular la propuesta de gobierno y el proyecto político del Frente Amplio en torno a un proyecto social. Esa es la conclusión que saco.

 

­Supongo que usted coincide en que el papel de la educación, para ese objetivo, es muy importante.

­Sin duda.

 

­Bueno, la cuestión viene por aquí: aunque aún no sean ideales o suficientes los recursos destinados a la enseñanza, no se puede negar que se están volcando a ella. ¿No habrá llegado el momento de exigirle a la educación alguna contrapartida? Es decir, en lo que es la enseñanza misma, ¿está debidamente orientada en esa dirección que usted describía?

­La educación juega un papel fundamental en el nivel de las políticas concretas. Venía razonando ­y ya voy a ir específicamente a la educación­ en la necesidad, en primer lugar, de cambiar las prioridades. Devolver la prioridad social a cualquier propuesta de un programa de izquierda. Y colocar los modelos y las políticas económicas al servicio de esa mejora de las condiciones de vida y de las relaciones de las personas en la sociedad. Esto supone la necesidad ­y hace específicamente a lo que muestra el informe del que estamos hablando­ de renovar y actualizar las políticas sociales. Hemos priorizado siempre la atención y el combate a las desigualdades con raíz económica, en función del lugar que ocupan las personas en el modelo de producción, y hemos tal vez descuidado las otras desigualdades, que se generan por incidencia de elementos culturales y de patrones de convivencia. O sea, tenemos que enriquecer nuestro programa de transformación social y nuestras ideas de lo que es una sociedad más justa y solidaria, incorporando la solución de las desigualdades económicas ­las salariales, y el combate a la pobreza y la exclusión­ pero también aquellas que tienen raíces culturales o ideológicas, como el racismo, la discriminación de género, por opción sexual, así como diversas discriminaciones relacionadas con la dificultad de cualquier sociedad con convivir con la diversidad y con la diferencia.

­¿Y cómo ve a la educación en esa perspectiva?

­Bueno, una vez incorporadas estas cosas que dije, debemos desarrollar un paquete de políticas agresivas que busquen recomponer el tejido social dañado y replantear bases solidarias de relacionamiento. El sistema educativo uruguayo tuvo, a fines del siglo XIV y principios del XX, un papel importantísimo en el diseño de relaciones sociales con una matriz igualitaria, por aquello de que en los bancos de la escuela se igualaban los hijos de sectores sociales diferentes. Ese papel se fue agotando en los últimos cincuenta años. Se trata, entonces, de devolverle a la educación esa capacidad integradora en lo social, de abrir puentes de superación y de ascenso social, pero al mismo tiempo sobre la base de valores distintos a los actuales. En eso es fundamental preocuparnos por los recursos para la educación, pero igual, o más, de los contenidos de la educación.

 

­Está bien. ¿Y eso puede lograrse con la nueva ley de educación que se discutirá, luego del debate educativo en todo el país?

­Estas cuestiones deben estar en el cambio profundo a nivel educativo que hay que desarrollar. Ese cambio forma parte de las diez grandes reformas que debemos llevar adelante en esta segunda mitad del gobierno. La nueva Ley de Educación debe replantear los objetivos de la enseñanza acorde a los desafíos del siglo XXI y de la sociedad fragmentada que nos han dejado: la educación como un derecho, la educación como una apuesta al conocimiento y al desarrollo, y también la educación como política social, como un instrumento hacia la equidad. Si uno mira los últimos datos que han aparecido en la encuesta de hogares sobre rendimiento estudiantil, se observa el desafío que es el acceso a la educación. Por eso hay que plantearse también el desafío de la calidad de esa educación, para la permanencia de los muchachos en el sistema y para las posibilidades de egreso exitoso. Los rendimientos son absolutamente dispares entre estudiantes de los sectores medio altos y altos de Montevideo, en relación a los barrios más pobres. Eso habla del escenario educativo como un escenario de expresión de las diferencias sociales. Hay que revertir eso.

 

­En esa dirección, ¿puede tener importancia que se diga ­no lo afirmo, en todo caso lo repito­ que todavía la mayor cantidad de docentes mejor preparados y los mayores recursos se vuelcan a las escuelas de mejor contexto social, cuando, según lo que usted dice, debería ser al revés?

­Parte de las políticas que se tienen que implementar pasa por fortalecer, desde todo punto de vista, los centros educativos en los barrios más carenciados. Ahí hay que hacer una especie de revolución copernicana: sacar ese tipo de concentración de docentes de calidad y de recursos didácticos y materiales para llevarlos donde se necesitan más. El otro día, como fundamento al incremento de 3
0.000.000 de dólares para la educación, yo planteaba cosas de fondo: la educación debe ser una política de Estado, que lleve una importante parte de los recursos, no como gasto sino como inversión. O sea, inversión en el desarrollo, en derechos sociales y en las políticas de equidad. Y demostramos con algunos números cómo esto no se está dando: por ejemplo, una comparación entre el rendimiento de los centros educativos de los veinticuatro barrios más pobres de Montevideo y los del barrio Carrasco, da cifras escalofriantes que nos ponen sobre la mesa la dimensión del problema. Entonces, cuando uno pregunta sobre alumnos que no terminaron el bachillerato, en los barrios más pobres son el 97%; en Carrasco, ese porcentaje baja a 12%. Esto habla de una gran inequidad del sistema, que se expresa en la educación. Y esto no se cambia sin un viraje radical de las políticas educativas y un blindaje del sistema educativo público, que contiene la obligación de equiparar estas desigualdades en cuanto a acceso, permanencia y egreso exitoso del sistema educativo, y si no se hace una apuesta fuerte a la calidad de los docentes. Y terminar con esto de que el docente que trabaja en lo público y en lo privado, a la hora de faltar, falta a la escuela o liceo públicos, generando ese fenómeno del ausentismo que debemos combatir con mucha fuerza.

 

­Sin abandonar esto, permítame ir a aspectos un poco más políticos. Yo recuerdo sus argumentos en la Cámara de Diputados y también recuerdo lo difícil que fue, aunque al final hubo humo blanco, que la bancada oficialista lograra un consenso sobre los 30.000.000 de dólares. ¿Cree que, actualmente, la política económica, en relación a esto que venimos hablando, podría hacer algún viraje?

­Debemos pensar no sólo en la política económica, sino en el conjunto de políticas del gobierno para esta nueva etapa. Parto de la base de que estamos en un período de inflexión en esta primera parte del gobierno. Superamos, creo que con buena nota, la primera etapa de transición de los gobiernos tradicionales hacia el gobierno de izquierda, no sólo sin traumas ­exorcizamos todos los miedos, los presagios pesimistas que se hacían, no hubo corridas bancarias ni problemas militares­ sino que estabilizamos la economía parando la caída. El Uruguay está creciendo y se ha atendido la emergencia social. Pero ahora comienza, desde mi punto de vista, una nueva etapa, que es la profundización de los cambios, la aplicación de las transformaciones de fondo que le prometimos a la sociedad. En ese contexto, la política económica, las políticas sociales y el conjunto de las acciones de gobierno deben tener una inflexión, poniendo el acento en lo social: la salud y la educación deben ser la prioridad.

 

­Si lo he interpretado bien, usted comparte lo dicho por otros, entre ellos el director de la OPP, acerca de que esos grandes cambios necesitan al menos dos períodos de gobierno…

­Hay que combinar dos cosas en lo que nos queda. En primer lugar, tratar de cambiar lo más posible en este primer período de gobierno y, al mismo tiempo, pensar un desarrollo, yo diría, en dos o tres períodos. Un desarrollo de mediano plazo supone por lo menos quince años de trabajo continuo para cambiar a fondo la sociedad y desarrollar un proyecto económico que sustente eso. Ahora, esto me lleva a una cosa que me preocupa mucho: es pensar, en la etapa que estamos hoy, en los desafíos que tenemos ahora. Asumir que la principal tarea de hoy es gobernar para esos cambios de fondo, y dejar para el tiempo que corresponda los debates electorales y de otro tipo. Creo que sería un gran suicidio adelantar la agenda electoral en la interna del Frente Amplio. En primer lugar pondría en riesgo la gestión de gobierno y la concreción de lo que nos comprometimos a hacer con la gente, sin lo cual no hay candidato que valga. Si no hacemos lo que prometimos hacer no nos salva ni el mejor candidato del mundo. Además, nos puede lesionar la unidad, que para mí sigue siendo un valor estratégico sin el cual es imposible pensar en un gobierno progresista que continúe. Y finalmente podría afectar la identidad de fondo del Frente Amplio, de la izquierda, porque la disputa por sillones no es cosa de frenteamplistas, y no puede ser ni percibirse como una cuestión principal en la preocupación del día a día, porque afecta ese diferencial ético que es la mayor riqueza que tenemos. Nosotros vinimos a hacer políticas distintas de una manera distinta, no a reproducir algunos vicios de la política tradicional. Entonces, ese blindaje para la educación, que supone la asignación de recursos sin los cuales es imposible atender los desafíos de los que hemos estado hablando, también supone una discusión a fondo de un trabajo programático muy serio de implementación de nuevas políticas, de un cambio de fondo, a través de la educación, ensanchando la inclusión hacia abajo y hacia arriba.

 

­Bien. Ahora voy a unir dos conceptos. El concepto de la discriminación, del que hablábamos al principio, con este asunto de no herir la interna del Frente Amplio para no comprometer la gestión de gobierno ni las posibilidades electorales futuras. En algunos ámbitos se ha dicho que, entre grupos del Frente, a raíz de cosas ocurridas antes, ha habido una especie de pase de facturas. Le pongo un ejemplo muy claro: en la Intendencia de Montevideo, gente del MPP, no digo el MPP orgánicamente, habría hecho un pasaje bastante duro de facturas a gente de la Vertiente Artiguista.

­(Sonríe y demora unos segundos en responder) Como le decía hoy que la pelea por los sillones no es una cosa de frenteamplistas, tampoco creo que el pase de facturas se condiga con la ética de nuestra izquierda.

 

­¿Pero usted ha advertido algún indicio de eso?

­Yo no he visto indicios de cobro de facturas. Sí creo que hemos corrido riesgos de trasladar las diferencias sectoriales a la gestión del gobierno en distintas áreas, y eso es inconveniente. Las gestiones no son de sectores, la Intendencia no es del MPP como no lo fue de la Vertiente. Si le va mal a uno, nos va mal a todos. Los cambios son legítimos de acentos y matices, siempre y cuando haya capacidad de mantener la continuidad de lo que se ha hecho bien. Una de las grandes cuestiones que permitió este gobierno nacional progresista fue el balance altamente positivo de la gestión municipal de los períodos anteriores. Creo que esto lo tiene claro el intendente Ehrlich y por eso lo hemos respaldado y lo seguiremos haciendo. En todo caso, si hubo cobro de facturas fueron expresiones marginales o aisladas que se descalifican por sí mismas. Ese no es el camino a nivel departamental ni a nivel nacional. No podemos entrar en polarizaciones ni en cruces sectoriales en un momento tan especial del gobierno, con la instrumentación de la reforma tributaria, con los planteos de Tabaré sobre los escenarios del futuro. Eso sería altamente negativo. Debemos replantear, construir la unidad y el sustento del gobierno para terminar bien ahora, porque ese segundo mandato al que nos referimos puede ser la etapa más importante. No sólo no debemos descansarnos, ni repartir la piel del oso antes de cazarlo, sino que hay que trabajar muy fuerte en esta etapa, que es fundamental para lo otro. Mire, yo había anotado diez tareas, los diez cambios de fondo para la segunda gestión de la izquierda…

 

­Bueno, lea esas anotaciones…

­Simplemente prioridades, ¿no? Hablamos del Plan de Equidad, que supone el cambio de las políticas de asistencia y emergencia por las de integración permanente que el programa del Frente Amplio siempre ha planteado, y la atención no sólo de quienes están en la indigencia sino de ese millón de pobres que aún está ahí. Luego: la reforma de la salud; la reforma tributaria; la transformación de la educación, que supone una nueva ley pero también un
cambio profundo de la gestión; la descentralización; la transformación del Estado; el impulso del país productivo, políticas sectoriales, porque hemos logrado una estabilidad macroeconómica muy importante, pero no alcanza para un modelo de desarrollo alternativo; el impulso innovador a la ciencia y la tecnología, a través de la Agencia Nacional de Innovación. Y dejo para el final dos cosas sobre las que los parlamentarios tenemos un mayor desafío: una reforma legal profunda, que suponga la ampliación de derechos y la protección social mediante la aprobación de leyes como la unión concubinaria, el voto de los uruguayos en el exterior, la despenalización del aborto, en fin, todo lo que permita ampliar los derechos sociales de la gente. Y una modernización de lo que en los libros clásicos se llama «la superestructura legal del país». No podemos pasar como gobierno progresista por el país sin cambiar todo el marco jurídico que fue pensado y elaborado en otros tiempos y para otros objetivos. Modernizar, actualizar los códigos: Código Penal, Código de la Niñez y la Adolescencia, leyes orgánicas Policial y Militar, etcétera. Finalmente, creo que debemos culminar el avance sustancial que hemos hecho en materia de derechos humanos. Todavía hay algunos personajes que andan por la calle y deberían estar presos y hay mucho por andar todavía en el camino de la verdad, la memoria y la justicia.

 

­Para terminar, hablando de la reforma tributaria, la primera gran reforma consagrada por el gobierno, usted ¿a qué cambios aspiraría y para cuándo?

­Lo primero a que aspiro es a que se implemente bien. Yo creo que ha sido manejada políticamente por la oposición de modo tendencioso.

También es cierto que ha sido poco explicada por nuestro gobierno. Debemos hacer una gran campaña de difusión sobre el cambio de fondo de esta reforma en cuanto al avance hacia la equidad. Una vez instrumentada, con tranquilidad y en unidad, analizar posibles ajustes, que serán, me parece, sobre el final de este período de gobierno. *