Diputados tratará hoy salida del aire de RCTV

En una sesión de hace casi un mes, el diputado Jorge Gandini (Alianza Nacional-PN), además de calificar de «golpista» al Presidente Hugo Chávez, dijo «estamos rechazando y repudiando la acción todopoderosa de un gobernante que ha hablado ya sucesivas veces de la construcción de un partido único, que se ha ocupado de ir eliminando todas y cada una de las manifestaciones opositoras a su línea de pensamiento y de gobierno, y que ha perseguido y castigado a cuantos ciudadanos se le han opuesto».

En la sesión de hoy los diputados blancos reiterarán que el Parlamento uruguayo «deberá reaccionar frente a esto como reaccionó el Congreso de Chile, como reaccionó el Senado de Brasil».

Gandini acusó al gobierno uruguayo de no manifestar su rechazo a la medida de la administración Chávez «porque sabemos que el gobierno venezolano ha colaborado y promete colaborar más con este gobierno» y al PIT-CNT «que se vuelve a equivocar cuando el mes pasado emite un comunicado, no sólo apoyando el cierre de RCTV, sino además repudiando a quienes llamamos la atención por esa medida del gobierno venezolano».

Los integrantes del Partido Nacional ya intentaron en más de una oportunidad y en más de un escenario introducir la no renovación de los permisos de onda de RCTV como polémica. La última vez fue en la última sesión del Parlamento del Mercosur el pasado lunes 25 de junio en el salón azul de la Intendencia de Montevideo.

Allí planteó el tema el diputado Pablo Iturralde (Alianza Nacional-PN) y, por su insistencia, se ganó el mote de «cachorro de los Estados Unidos» por parte de los parlamentarios venezolanos que conforman el órgano deliberativo del Mercosur.

La bancada blanca promoverá que el Parlamento uruguayo suscriba una declaración en la que se explicite el «repudio a toda violación o limitación a la libertad de pensamiento y de expresión», que la negativa a renovar la concesión a RCTV «constituye una flagrante y clara violación a la libertad de expresión», que «la única razón por la que se clausurará es su línea editorial e informativa, que no resultan del agrado del actual gobierno de ese país» y que la decisión constituye «un apartamiento de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos». *