Gerentes serán removibles en caso de incumplimiento de pautas oficiales

El Poder Ejecutivo pretende establecer, dentro del proyecto de Reforma del Estado, que en el futuro quienes ocupen cargos gerenciales en las empresas públicas estén sujetos a los "compromisos de gestión" y si no se cumple con ello puedan ser removidos de tales puestos de conducción.

La actual administración planteó desde el inicio del período de gobierno que la Reforma del Estado era uno de los grandes objetivos y, efectivamente, en la presente Rendición de Cuentas se introdujeron artículos que apuntan a ello.

De todas maneras, se aseguró que la reforma estatal tendrá varios capítulos y será un proceso relativamente extenso.

La situación que se generó en Ancap, por la escasez en el suministro de supergás y la consiguiente separación del cargo del gerente general del organismo, Sergio Lattanzio, a lo que se sumó la efectivización de una auditoría, reeditó un viejo debate en la izquierda referido a la existencia de una burocracia que se encuentra enquistada en las estructuras medias de algunas empresas públicas que enlentecen ciertas iniciativas que se plantean desde los directorios.

Si bien ese hecho no fue determinante para que el gobierno pretenda modernizar las estructuras gerenciales, sí ha encendido una luz de alerta.

En ese sentido, tanto desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) como desde la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) se pretende que en el futuro quienes ocupen cargos gerenciales en las empresas públicas estén sujetos a los “compromisos de gestión” y si no se cumple con ello puedan ser removidos de sus puestos.

Si bien la iniciativa se encuentra en su etapa embrionaria, el subdirector de la OPP, Conrado Ramos, señaló a LA REPUBLICA que la intención del gobierno es aplicar a las empresas públicas el mismo criterio que ya se plasmó para la Administración Central en la Rendición de Cuentas que regirá a partir del próximo 1º de enero, y que introduce el escalafón de conducción a término, y si el funcionario no cumple con los compromisos de gestión se lo remueve de ese cargo específico, pero sin perder su calidad de funcionario público”.

“Teniendo en cuenta que eso ya está determinado para la Administración Central, se está manejando la posibilidad de aplicarlo también a las empresas públicas, pero ello no tiene nada que ver con el fin de la inamovilidad”, remarcó Ramos.

En la actualidad quienes ocupan esos cargos gerenciales son “funcionarios de carrera que acceden a esos puestos y los ocupan de por vida”, por el ello la intención de que puedan ser removidos sin perder su condición de funcionarios públicos.

Ramos reconoció que si bien al generalizar se pueden cometer injusticias con algunos gerentes que representan la memoria institucional de las empresas, de todas maneras hay casos en los que se “traba el buen desempeño de las decisiones de los directorios”.

Por su lado, el subdirector de la OPP, Humberto Ruocco, reconoció que el gobierno “non tiene ningún tabú” para discutir estos temas.

Si bien a raíz de la situación crítica de Ancap se generan opiniones diversas, de todas maneras indicó que “está claro que el gobierno siempre trabajó para generar una mejor posibilidad desarrollo en las empresas públicas”.

Roucco indicó que esta preocupación del gobierno comenzó a penas se instalaron los directorios los que han trabajado para generar espacios de “planificación estratégica, debate interno, estudiar modelos de desarrollo y de ver cómo entre las propias empresas pública se generaban sinergias rompiendo con historias de compartimentación”.

El jerarca afirmó que se está trabajando sistemáticamente para analizar de qué manera incide el derecho público en las empresas y por qué se debe modificar o modernizar en parte el derecho público para hacer más eficiente a las mismas y ese análisis “no empezó a raíz de la situación critica en Ancap”.

Añadió que el Estado debe defender las empresas, modernizarlas para contribuir con el país productivo.

Desde el Poder Legislativo en tanto, los legisladores del Nuevo Espacio pretenden impulsar un proyecto de ley por el cual se establezca que los mandos medios de las empresas públicas puedan ser removidos, como así sucede en cualquier empresa privada, si no cumplen debidamente con su gestión.

En ese marco el diputado Jorge Pozzi señaló que la intención es que los cargos de confianza vayan más abajo en la estructura jerárquica y si tienen responsabilidad en eventuales errores respondan por ello y no se le pida la “cabeza a un determinado ministro”.

Aseguró que se apunta a la “inamovilidad” porque esos determinados cargos gerenciales deben ser “removibles por el directorio hasta el punto de que se le pague un despido por incumplimiento”.

Indicó que debido a la situación que sucedió en Ancap, la discusión volverá a ser planteada por el Nuevo Espacio. *