"Si en Uruguay no se tomaban iniciativas no era porque faltaran normas"

Gil Iribarne: "Lo grave no es que haya lavado de dinero, sino si el gobierno se hiciera el distraído"

El director del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos (Cecpla), Ricardo Gil Iribarne, aseguró que la Ley de prevención y control del lavado de activos y de financiación del terrorismo es una herramienta que permite actuar correctamente en la materia, aunque aseguró que la misma se ajustará para mejorar, entre otras cosas, el tipo de controles que realiza el Banco Central del Uruguay (BCU).

Lunes 18 de junio de 2007 | 2:29
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El gobierno creará en breve la Secretaría Nacional Antilavado de Activos que dependerá de la Junta Nacional de Drogas.

La reciente noticia del desbaratamiento de la “mafia rusa” que operaba en Brasil y realizaría operaciones de lavado de activos en Uruguay, a través de casas de cambio, ha puesto en alerta a los organismos del gobierno que trabajan en el tema.

Desde el Cecpla se asegura que la información oficial desde Brasil sobre el episodio aún no llegó formalmente a Uruguay.

En ese marco, Gil Iribarne indicó que “nunca es bueno que en un país aparezca un delito como los que se están manejando”, pero como Uruguay ha reconocido que existe el lavado de activos, “lo grave sería que esto apareciera y el gobierno se hiciera el distraído”.

El jerarca recordó que Uruguay instrumentó en diciembre pasado el sistema de “control de pasaje de efectivos en la frontera”, y gracias a ello “se han detectado cuatro casos en Colonia de pasaje de dinero no declarado, se trata de casos que tienen vinculación con la Argentina y de lo cual el país vecino fue informado debidamente”.

Por lo cual, dijo que no puede causar sorpresa si en la frontera con Brasil puede estar ocurriendo algo similar.

De todas maneras, para el jerarca, la Ley de prevención y control del lavado de activos y de financiación del terrorismo, que se aprobó en 2004, “permite realizar mucho”; sin embargo, acotó que toda normativa a los tres años de aprobada comienza a tener “carencias”, porque se está ante un problema muy dinámico.

“Estamos estudiando algunos ajustes para realizarle a la norma, pero con una consideración clara: que si en Uruguay no se tomaban iniciativas no era porque faltaran normas, porque esta ley deja hacer muchas cosas que antes no se hacían”, acotó Gil Iribarne.

Aseguró que, por ejemplo, se ajustará el tipo de controles que realiza el BCU, y se tomarán acciones sobre algunos de los sectores que están obligados a participar, pero que todavía no lo están haciendo.

En ese sentido, añadió que la Ley incorporó otros sujetos no financieros como las inmobiliarias, casinos, los administradores de propiedades, profesionales de sociedades pero todavía a estos sectores no se está llegando, por lo cual tendría sentido agregar algún otro sector.

Sostuvo que también hay casos más prácticos, por ejemplo, si una persona no declara el ingreso de efectivos al Uruguay, entonces tiene que pagar una multa más allá de que después se investigue si hay delito. “Pero la ley no es clara en cuanto a que si el dinero debe quedar o no retenido como garantía hasta que se pague la multa”.

Añadió que también debe estudiarse si van a establecerse juzgados especializados para este tipo de casos.

Por otro lado, acotó que en poco tiempo estará disponible un registro de propiedades por personas y no por padrón lo que ayudará a detectar eventuales delitos.

Gil Iribarne aseguró que el Ejecutivo aprobará en breve tiempo un decreto por el cual se creará una comisión Coordinadora para implementar y orientar las políticas en la lucha contra el lavado de activos, que estará integrada por Presidencia, los ministerios de Economía, Educación, Interior y la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU.

Por otro lado, desde el punto de vista institucional, el Cecpla será sustituido por una Secretaría Nacional Anti Lavado de Activos que dependerá de la Junta Nacional de Drogas, aseguró.

 

“No es bueno obviar nuestras debilidades”

Por otra parte, la noticia sobre el episodio del eventual lavado de activos por parte de cuatro casas de cambio en Uruguay, aparentemente vinculadas con la “mafia rusa”, se produce a escasos días de que en París se reúna el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La reunión será el próximo 27 de junio, ese día se realizará una revisión del caso argentino sobre las recomendaciones de ese organismo que investiga el lavado de dinero en el mundo. Entre ellas, sancionar la ley que castigue el financiamiento del terrorismo, la cual recientemente fue aprobada en el país vecino.

Asimismo, Argentina había acusado a Uruguay en la última reunión del grupo que se realizó en febrero en Bruselas de no cooperar en lucha contra el lavado de activos. Sobre este aspecto y ante la próxima reunión del 27 de junio, Gil Iribarne sostuvo que Uruguay no realizará ningún planteo, y remarcó que formalmente Argentina “no inició ningún proceso contra Uruguay”.

Acotó que si bien Uruguay no estará omiso a los hechos, de todas maneras no concurrirá al encuentro con la idea de ser protagonista.

“El trabajo está centrado en pelear contra el lavado de dinero y no queremos entrar una polémica de ver quién está mejor o peor. No es bueno obviar las debilidades nuestras mirando las de los demás”, sentenció el jerarca. *

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