Economía presentó guía de precios de 43 productos en 250 comercios de todo el país

El subsecretario de Economía, Mario Bergara, y el director del Area de Defensa del Consumidor, Fernando Antía, presentaron ayer la página web donde la población podrá consultar los precios de 43 productos de una canasta familiar básica, proporcionados por 250 establecimientos comerciales ubicados en distintas partes del territorio nacional.

La idea es que todas las personas, mediante la consulta a dicha página web, puedan constatar que la reducción de un 1% en la tasa de IVA máxima, del 4% en la de los productos gravados con tasa mínima de IVA y la eliminación de un 3% del Cofis, efectivamente se traslade al precio del consumidor final por efecto de la reforma tributaria.

Según Bergara, el relevamiento de precios de la página web «cubre aproximadamente el 21% de los subgrupos que integran el Indice de Precios al Consumo y evidentemente, el hecho de hacer un seguimiento sobre los precios al consumo puede ayudar para que los consumidores puedan evaluar cómo los cambios tributarios van impactando en el gasto mensual de cada persona, por lo tanto, se podrán evaluar las medidas que la administración en su conjunto toma», subrayó.

Si bien, según datos del Instituto Nacional de Estadística, sólo el 30% de la población es internauta, las autoridades del Ministerio de Economía estiman que la colaboración de las diversas ONG que velan por los derechos de los consumidores y los propios medios de comunicación será fundamental para informar a la población en forma masiva.

El subsecretario de Economía señaló que «este tipo de datos cumple con la obligatoriedad establecida por ley, en cuanto a que el consumidor debe tener información clara, veraz y suficiente, y por tanto se podrá controlar que los derechos del consumidor no sean vulnerados».

Por su parte, el director del Área de Defensa del Consumidor, Fernando Antía, señaló que «el gobierno tiene expectativa en que haya un impacto benéfico de la reforma tributaria y la intención es que la opinión pública esté al tanto de la evolución de los precios, de modo que se pueda ir constatando y monitoreando que los precios efectivamente bajen por reflejo de la reducción de los impuestos», concluyó.

Antía agregó que en filas gubernamentales se entiende que «esta rebaja va a beneficiar a la población toda, pero especialmente a la de menores ingresos que es la que gasta una proporción mayor de sus ingresos en el consumo de bienes básicos, que son aquellos que van a concentrar una baja más importante en los impuestos indirectos».

En la segunda semana de cada mes se liberará la información de la evolución de los precios para que la población pueda compararla con la del mes anterior.

Según el director del Área de Defensa del Consumidor, «todavía hay unos cuantos establecimientos que no han brindado la información que prevé el decreto 503/06″.

 

Sanciones y declaraciones

Antía advirtió que «no se trata de un proyecto ingenuo» y aclaró que «se estableció un sistema por el cual los inspectores del Ministerio visitarán los comercios, con la lista de precios que los establecimientos están obligados a reportar, y levantarán un acta con los precios del día X. Si los precios registrados no coincidieran con la declaración ulterior, podrá dar lugar a procedimientos y a sanciones que son las que están previstas en la ley de relaciones de consumo», sentenció el jerarca.

El mecanismo utilizado para confeccionar la lista de datos consistió en solicitar la declaración de una canasta anual que «implica la declaración de las tres marcas más vendidas y el volumen de esas marcas, y luego el volumen general vendido de esos productos». Y después se solicitó la declaración de una canasta mensual, que se confecciona sobre un grupo de determinados productos y un conjunto de determinadas marcas representativas que surgen del análisis de los datos recabados en la declaración anual.

Los 250 establecimientos declarantes debieron hacer un escrito notarial para certificar que los datos proporcionados en el sistema eran efectivamente los que se constataban con la realidad y «este fue el único papel que se firmó en todo el proceso», según explicaron las autoridades del MEF. Los comercios son los dueños de la información y cualquier modificación será su responsabilidad, según se explicó. *