Acuerdo por el puerto en Puntas de Sayago pasó a la Justicia Penal

En entrevista de Canal 12, Fernández aclaró que ninguna norma le impide el ejercicio de su profesión como penalista en simultaneidad con la realización de sus tareas en el gobierno. Estas denuncias, Fernández las considera como parte de una campaña en su contra.

El juez Civil de 5º Turno, doctor Ruben Eguiluz, remitió el jueves a la Justicia Penal los antecedentes que se encuentran en su sede respecto a la indemnización que acordaron el Estado y la empresa Cerro Free Port, luego de que por resolución de la Presidencia se revocara el permiso que se le había otorgado a esa empresa para construir un puerto en la zona de Puntas de Sayago. Hace dos semanas, el fiscal civil de 8º Turno, doctor Martín Salaverry, pidió al magistrado Eguiluz elevar el caso al ámbito de la Justicia Penal en virtud del contenido del acta de la audiencia conciliatoria celebrada entre las partes el 20 de julio de 2006.

Ante la pregunta de Canal 12 sobre este caso, Fernández respondió: «No soy abogado del Grupo Moon, ni de la secta. Segundo, acá no había un juicio, sino que dos, por 130 millones de dólares aproximadamente cada uno. Uno de ellos era contra la IMM, donde el Ministerio de Transporte era citado en garantía, y otro era contra del propio Ministerio. Lo que era una demanda global de 260 millones de dólares terminó en una negociación por 24 millones de dólares, cifra que tampoco fijé yo, sino que estimaron los señores ministros».

Al consultársele sobre si estas acusaciones hacen parte de una maniobra en su contra, el jerarca aseguró que «creo que es una campaña en contra mía. No del cargo secretaría de Presidencia», y agregó que «no iniciaré una contrademanda por aquel viejo dicho de ‘no ofende quien quiere sino quien puede’. Si eso está ahora en la Justicia vamos a ir y lo vamos a aclarar. Vamos a llevar toda la documentación y se va a terminar desinflando».

En otro orden, Fernández aclaró: «No tengo ninguna inhibición legal para ejercer. Pero además ejerzo exclusivamente en una materia, la penal, y eso es bastante conocido por los medios, que no tiene contenido patrimonial y que nunca es contra el Estado. Lo he aclarado en reiteradas veces. Nunca una defensa penal significa un perjuicio económico, patrimonial para el Estado. Por otro lado, es un hecho notorio que casi todos, sino todos mis predecesores en ese cargo, al igual que muchos otros gobernantes que fueron ministros y eran de formación abogados, continuaron ejerciendo su profesión. Siempre he vivido del ejercicio de mi profesión. Estoy transitoriamnete en este cargo acompañando al señor Presidente y cuando termine este período me iré a continuar viviendo de lo que siempre viví», concluyó. *