Gobierno acelera reforma del Estado: cambios se empezarán a ver este año

El gobierno se propone acelerar en parte la proyectada reforma del Estado -en principio prevista para el año próximo- para que algunos cambios ya comiencen a implementarse en la segunda mitad de este 2007.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Enrique Rubio, reclamó el martes en la Comisión de Presupuesto de Diputados que se disponga la factibilidad de que las empresas del Estado puedan suscribir convenios con otros organismos públicos o privados una vez aprobada la Rendición de Cuentas y dijo ser partidario de implementar el régimen privado en algunas empresas estatales.

Rubio transmitió a los legisladores la autorización para que, «a partir de la promulgación de la ley -no del 1° de enero-, se puedan realizar convenios con otros organismos públicos o privados, así como contratos de consultoría y pago de honorarios».

El jerarca de la OPP sostuvo que se necesita «un instrumento más flexible, que permita hacer convenios con otras instituciones y, eventualmente, contratar asesoramientos en función de lo que requieran las circunstancias».

Dijo que para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le urgen medidas que apunten a su reestructura.

«Nos encontramos con que la OPP ha sido un poco devastada, (…) cuando pedimos asesoramiento del área jurídica nos encontramos con que había un amigo de DIPRODE que estaba ejerciendo esa función; entonces, el área jurídica se reducía a un profesional que perseguía 140 juicios a lo largo y ancho de la República, amén de cumplir el resto de las funciones. ¿Por qué? Porque por distintos motivos fueron saliendo funcionarios y esta área, junto con la presupuestal, se encuentra con una enorme debilidad» denunció Rubio.

Idéntica situación se develó en el Instituto Nacional de Estadística donde -según se informó- en los últimos años «ha sufrido una sangría muy importante por fuga de personal, fundamentalmente técnico de alto nivel, por la competencia del sector privado, por retiros incentivados o por haberse acogido los funcionarios a los beneficios jubilatorios» dijo José María Calvo, encargado de Despacho de la Subdirección General del Instituto Nacional de Estadística.

El pasado martes 5, la Comisión recibió a los representantes de los incisos presupuestales que corresponden a Presidencia y a la OPP. Acerca de los gastos previstos para el año próximo en Presidencia, se anuncian gastos para hacer frente a la mudanza de las oficinas de la presidencia del edificio Libertad a la llamada torre Ejecutiva, edificio ubicado en el entorno de la Plaza Independencia, originalmente previsto para la Suprema Corte de Justicia y que ahora para el Poder Ejecutivo.

El secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández anunció también la creación de un nuevo cargo en el área de la Secretaría Nacional de Droga.

Se trata de un cargo de particular confianza, el de Secretario General de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos. «Como es de pública notoriedad -dijo Fernández- el lavado de activos es un tema de enorme trascendencia y, por ende, se ha visto bastante razonable que la Secretaría de la Droga tenga dos secretarios: uno dedicado al tema droga y otro al lavado de activos».

También se crean dos nuevos puestos para el servicio de prensa y difusión de la Presidencia (SEPREDI).

«Esto tiene el fundamento por el hecho de que en anteriores períodos se cubría exclusivamente las actividades de la Presidencia de la República, y hoy cubre las de todo el Poder Ejecutivo en todo el país», argumentó.

El capítulo «presidencia» también contempla la situación del personal de seguridad del primer mandatario, ajustando sus remuneraciones.

Uno de los artículos incluidos en la rendición habilita a que el personal militar que cumple tareas de custodia perciba una compensación especial por permanencia a la orden.

«Aquí también sugeriríamos un pequeñísimo aditivo en el sentido de extenderlo a los demás efectivos de otras unidades que cumplan el mismo cometido. El fundamento es que muchas veces cuando el Presidente se traslada a la residencia de Anchorena, para evitar el traslado de Blandengues desde Montevideo, la custodia se hace directamente por parte de personal del regimiento militar destacado en Colonia» sostuvo Fernández.

 

De lo público a lo privado

La sesión del pasado martes se sumió además en un profundo debate político cuando se analizó la propuesta del gobierno de agilizar las compras del Estado, cuando plantea la derogación del artículo 186 de la Ley N°17.930.

Allí se propone que los organismos públicos, que por su actividad tienen competencia abierta en el área privada (caso ANTEL, Banco de Seguros y Banco República) estén exonerados del contralor estatal previo a la compra de bienes y servicios.

El director de la OPP insistió en que el nuevo régimen de excepción de contralor previo a gastos corresponderá únicamente a las empresas públicas o servicios descentralizados que tienen régimen de competencia con privados, aunque «creo que lo más útil es ir a un marco de derecho privado» en esas empresas estatales, sentenció. *