Ley de tercerizaciones: gobierno no dará marcha atrás ante planteo de empresarios

El proyecto de reglamentación de la ley de tercerizaciones entregado por el ministro de Trabajo interino, Jorge Bruni, a empresarios y trabajadores sostiene la necesidad de «ratificar el concepto de responsabilidad solidaria y descartar la posibilidad de modificarlo por el de responsabilidad subsidiaria», señaló a LA REPUBLICA el jerarca.

Cabe destacar que la ley aprobada por el Parlamento establece en su artículo 1º que «todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, será responsable solidario de las obligaciones laborales de éstos hacia los trabajadores contratados, así como del pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional y de las sanciones y recuperos que se adeuden al Banco de Seguros del Estado en relación a esos trabajadores».

Por su parte, las cámaras empresariales sostienen que en la eventual reglamentación de la ley de tercerizaciones debería introducirse el concepto de «responsabilidad subsidiaria», que significa que los empleados primero deben demandar a la empresa de la que son empleados y recién después a la empresa que contrató el servicio.

A pesar de que puedan existir otros, el concepto de la responsabilidad solidaria es la crítica más importante que el sector empleador hace de la ley de tercerizaciones, factor que hoy está trabando el avance de la discusión en el Compromiso Nacional sobre un nuevo sistema de negociación colectiva.

El proyecto entregado por el Ministerio de Trabajo establece, además, que «se le otorgaría derechos a las empresas que contratan para que la subcontratista brinde información respecto a las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores tercerizados», dijo Bruni.

También «se habilitará a que en forma mensual, la empresa madre pueda solicitarle a la subcontratista: la planilla de trabajo, historias laborales, pólizas de accidentes de trabajo y certificado de situación de registro ante el Banco de Previsión Social», expresó Bruni.

Consultado por LA REPUBLICA, el subsecretario de Trabajo señaló que «el Poder Ejecutivo ratificó ante empresarios y trabajadores que si hay elementos que no pueden ser recogidos en la reglamentación, y la experiencia demuestra que es necesario hacerlo, se podrá recurrir a un acto legislativo».

 

Empresarios y trabajadores

Entregado el documento, tanto empresarios como trabajadores solicitaron tiempo hasta el 14 de junio para analizar el contenido del mismo.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Diego Balestra, dijo a LA REPUBLICA que «aunque todavía no hubo una reunión de presidentes de gremiales empresariales, la cámara entiende que en principio la reglamentación del Poder Ejecutivo está en contra de las aspiraciones planteadas por el sector empleador», indicó.

Balestra informó que «el jueves próximo habrá una reunión de todas las cámaras empresariales en donde se fijará una posición conjunta, pero es claro que la no introducción del concepto de responsabilidad subsidiaria, es algo a lo que nos oponemos», comentó.

Mientras tanto, desde el sector trabajador, el dirigente sindical Milton Castellanos, dijo a LA REPUBLICA que «en términos generales la reglamentación del Poder Ejecutivo tiene cosas positivas».

Castellanos sostuvo que, a su juicio, «la reglamentación no podía decir otra cosa (en torno a la responsabilidad solidaria) porque el proyecto no debe contradecir a la ley votada en el Parlamento».

Por tanto, agregó: «El tema pasa por que los empresarios quieren que la responsabilidad sea subsidiaria en vez de solidaria y eso es igual a modificar la ley, no a reglamentarla. Entonces, si ellos quieren cambiar la ley deberían ir al edificio ubicado en la Avenida del Libertador, lugar donde se hacen las leyes, y no recurrir al Ministerio de Trabajo», ironizó el sindicalista.

Castellanos concluyó que «la redacción del proyecto de reglamentación elaborado por el Ministerio de Trabajo se ajusta a la ley ya a aprobada y no es un intento de modificar la norma por la ventana», sentenció.