Informe de Amnistía Internacional sobre el Uruguay reconoce avances en DDHH

Amnistía Internacional Uruguay reivindica la anulación de la Ley de Caducidad como forma de buscar la verdad e impartir justicia. Marisa Ruiz, representante de la organización en nuestro país, destacó la política actual del gobierno, que llevó al hallazgo de los restos de dos compatriotas desaparecidos en dictadura. «Con esto se empieza a resquebrajar el aparato de la impunidad», dijo la activista, quien agregó que Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco fueron procesados por violaciones a los derechos humanos. El organismo internacional aportó el año pasado información a la Justicia uruguaya (ver Mundo).

En cuanto al debe, Amnistía Internacional mencionó que desde 1996 Uruguay no envía a la ONU el informe sobre el pacto de derechos económicos y sociales de nuestro país.

También reivindica mejores condiciones para las mujeres en situación de cárcel, a fin de que puedan tener visitas conyugales y otros derechos, como disponer de una guardería para sus hijos.

En cuanto a la violencia doméstica, se denunció que en Uruguay muere una mujer cada nueve días por esa causa. Eso llevó a que el primer jueves de cada mes se produzca una concentración de quienes están en contra de la violación de esos derechos en la explanada municipal.

A nivel internacional, aseguran que la tortura es legitimada con la finalidad de combatir el terrorismo. AI denunció a Estados Unidos por las cárceles de Guantánamo, «con vuelos y traslados ilegales», además de la crisis humanitaria colombiana y la situación de pobreza en Sudán.

El panorama uruguayo, según AI

El informe de 2007 registró algunas luces, como los avances en casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, llámese procesamientos de militares por parte de la Justicia y hallazgo de cuerpos de detenidos desaparecidos. Según los informes, las sombras aparecen en el hacinamiento y la situación de las cárceles.

Para AI la exclusión social continuó durante 2006 en Uruguay. Por ejemplo, en enero trabajadores de la caña de azúcar y miembros de organizaciones de bienestar social se manifestaron en la capital del país, Montevideo, para reclamar derechos sobre la tierra y protestar contar la pobreza. Las protestas tuvieron lugar después de que más de 50 personas ocuparan tierras en desuso en Colonia España, zona de Bella Unión, departamento de Artigas, para pedirle a las autoridades que proporcionaran tierras y vivienda a seis familias trabajadoras.

En noviembre Uruguay ratificó el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, con el que se estableció el marco para que la Corte funcionara de manera efectiva.

Uruguay no presentaba su informe periódico al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU desde 1996.

Aunque continuó vigente la Ley de Caducidad de 1986, que impedía la apertura de procedimientos judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad por actos cometidos en el período de gobierno militar (1973-1985), algunas decisiones jurídicas revelaron avances en la lucha por la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.

En el informe se recuerda que en setiembre un juez penal declaró a seis oficiales militares y dos ex policías culpables de asociación para delinquir y reiteradas privaciones de libertad por el secuestro, perpetrado en Argentina en 1976 como parte de la Operación Cóndor, de miembros uruguayos del grupo de oposición Partido por la Victoria del Pueblo. Al terminar el año no se había dictado condena.

En noviembre el juez letrado en lo penal de 11º Turno ordenó la detención y enjuiciamiento del ex presidente Juan María Bordaberry (1971-1976) y del ex ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco. Se los acusó formalmente del asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los asesinatos de Rosario Barredo y William Whitelaw, miembros del grupo guerrillero Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, perpetrados en Argentina en 1976. Al terminar el año se había presentado recurso contra la decisión.

Prisiones

Se recibieron informes de hacinamiento, falta de atención médica, alimentación inadecuada y malos tratos a manos de guardias de prisiones.

En febrero el comisionado parlamentario para el sistema carcelario informó de los resultado de una visita al penal de Libertad, en el departamento de San José. El comisionado reveló que los reclusos eran sometidos a trato degradante cuando eran registrados por los guardias y que el uso de balas de goma era excesivo.

Después de una visita en marzo, el comisionado parlamentario confirmó las denuncias sobre la situación de hacinamiento en la prisión de Las Rosas, departamento de Maldonado, que obligaba a varios presos a dormir en el suelo.

Organizaciones intergubernamentales

En noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por la violación persistente y sistemática de los derechos humanos de las mujeres en las prisiones uruguayas. La Comisión criticó la discriminación de las presas, la atención inadecuada de la salud y los obstáculos que encontraban las reclusas para denunciar los abusos cometidos por guardias penitenciarios y reclusos. *