Los ex presos políticos elaboran un nuevo proyecto alternativo de reparación integral

Crysol, la asociación de Ex presos Políticos del Uruguay, realizó ayer una asamblea general en local sindical de Sutel para analizar la marcha de la aplicación de la Ley 18.033 por la cual el gobierno otorgó una pensión especial reparatoria para las personas que fueron detenidas, exiliadas, clandestinas y despedidas de la actividad privada durante el período que comprende el 9 de febrero de 1973 hasta el retorno a la democracia en 1985.

En el informe que realizó la mesa directiva de Crysol a la asamblea, se señaló que «la Ley 18.033 no es la reparación integral» que se pretendía lograr, ya que «el proyecto ignora a miles de víctimas del terrorismo de Estado». En tal sentido, la dirigencia de Crysol sostuvo que «el monto de la reparación debió ser establecido de acuerdo a un parámetro reparatorio de acuerdo a los estándares internacionales y debió ser equiparable a una canasta familiar básica».

Además se remarcó que «el proyecto debería haber contemplado a aquellas personas que fueron perseguidos políticos pero que fueron liberados antes del 9 de febrero del año 1973, sin tomar en cuenta cuál es el ingreso que las personas tienen en el día de hoy».

La asamblea también criticó el hecho de «que se haya tenido que renunciar a las jubilaciones o pensiones graciables para poder acogerse a la Pensión Especial Reparatoria que otorgó el gobierno».

En otro orden, se cuestionó el funcionamiento de la comisión especial que estudia los casos de las personas que pretenden acogerse al beneficio de la Ley 18.033. Sobre el particular se señaló que la misma «carece de recursos humanos y materiales para ser efectiva».

En tal sentido se informó que, hasta el momento, la comisión recibió 5.800 solicitudes y sólo se resolvieron 1.400 de ellas.

Crysol subrayó que «todavía hay más de 4.000 solicitudes para analizar y el ritmo de estudio es de 100 expedientes por semana. O sea, que se necesitarán 10 meses más para que terminen de analizar todos los casos».

 

Preparan proyecto

Por tales motivos, Crysol ya comenzó a elaborar, junto al abogado Oscar López Goldaracena, un proyecto de reparación –alternativo al del diputado colorado Daniel García Pintos, que hizo suyo el gobierno– que contemple los requerimientos de los ex presos políticos.

Según Crysol, ese proyecto de reparación integral «debería tener una indemnización económica que contemple todos los aspectos señalados en la normativa internacional, es decir daños y perjuicios, pérdida de oportunidades, lucro cesante y la reparación en salud, entre otras cosas». Además, el proyecto debería incluir «un reconocimiento público por parte del Estado de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país y pedido público de disculpas a las víctimas y a sus familias en una ceremonia oficial, así como el establecimiento de un día conmemorativo en homenaje a todas las víctimas del terrorismo del Estado, garantizando la no repetición de los hechos». También se debería contemplar en ese proyecto de ley «la eliminación de todas las trabas legislativas –como por ejemplo la Ley de Caducidad– que impiden el acceso a la justicia a todas las víctimas del terrorismo del Estado para que florezca la Verdad y Justicia, tal como lo demanda la Corte Interamericana de DDHH», dijo la mesa directiva de Crysol. *