El pasado lunes los parlamentarios habían recibido un borrador del cual dio cuenta LA REPUBLICA- en el cual no estaban incluidos los artículos de la Reforma del Estado.
Pero finamente ayer, tal cual lo habían solicitado los propios legisladores del Frente Amplio, el equipo económico les remitió el texto definitivo de la Rendición de Cuentas y también lo distribuyó entre los diferentes ministros.
El proyecto que ingresaría por Diputados el próximo lunes 14, luego de que lo firme el presidente Tabaré Vázquez en reunión con sus ministros y al cual tuvo acceso LA REPUBLICA-, está compuesto por 287 artículos de los cuales 97 corresponden a una etapa de la Reforma del Estado.
En el primer artículo de la Rendición el gobierno solicita la “aprobación de la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal de 2006 con un resultado deficitario de $ 6.653:089.000 correspondientes a la ejecución presupuestaria, y $ 328.400:000 por concepto de operaciones extrapresupuestarias derivada de la aplicación de normas legales”.
Por su parte, senadores y diputados oficialistas se reunirán mañana a partir de la hora 10.00 con el ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto; con el director de Secretaría del Ministerio de Salud Pública, Daniel Olesker, y un jerarca del Ministerio de Desarrollo Social para fijar las prioridades de cada uno de los incisos a la hora de reasignar recursos o eventualmente lograr partidas extras.
La sección II de la Rendición se refiere a las normas generales para los funcionarios públicos, dentro de lo que será una de las etapas de la transformación democrática del Estado.
En ese marco se establece que la designación de personal presupuestado o contratado del Poder Ejecutivo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, a excepción de docentes policiales y militares, del servicio exterior, judicial, político y de particular confianza, deberá realizarse cualquiera sea el origen de los fondos registrados para ello, “previo conocimiento favorable de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC)”.
En la norma se establece que “no podrán realizarse designaciones o contrataciones de nuevos funcionarios dentro de los 12 meses anteriores a la finalización de cada período de gobierno”.
También se dispone que las personas que hayan cesado en la prestación de servicios personales con el Estado como consecuencia de la comisión de falta administrativa o incumplimiento de sus obligaciones sea en su condición de funcionario público o cualquier otra modalidad de vinculación “no podrá ser objeto de una nueva designación o contratación”.
Con estas iniciativas el gobierno busca corregir ciertas anomalías en la función pública que se constataron en administraciones anteriores.
Por otro lado se establece que la ONSC publicará en forma semestral la cantidad de designaciones y ceses de funcionarios, realizados en el período así como el número total de los mismos.
A su vez todos los organismos comprendidos en la ley estarán obligados a proporcionar información a la oficina que lo solicite.
Las unidades ejecutoras de todos los ministerios dispondrán de un plazo máximo de un año a partir del vencimiento de cada ejercicio para realizar los ascensos que correspondan, vencido dicho plazo serán suprimidas las vacantes del cargo así como la totalidad de los créditos previstos con excepción de aquellas vacantes de ascensos respecto a las cuales se hubiere iniciado los procedimientos para su provisión, el cual deberá culminar no más allá del 30 de junio de los ejercicios siguientes.
También se hace referencia al nuevo Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones que comprende una estructura relacional integrada por escalafones, subescalafones y niveles ocupacionales con una escala salarial única en la que se reflejan las diferencias de jerarquías de los diversos escalafones y sus respectivos niveles ocupacionales.
En tanto que se establecen nuevos mecanismos de retribución para los funcionarios de los ministerios ellos son: “Sueldo de Grado, Compensación de Cargo; Compensación Espacial, Compensación Personal e Incentivos”.
Por otro lado, el personal integrante del servicio de seguridad presidencial directamente afectado a la custodia del Presidente, tanto tenga calidad de funcionario público como de contratado tendrá derecho a la percepción de una compensación equivalente al 50% de su retribución por todo concepto, excepto antigüedad y fines sociales.
Dentro de las disposiciones contenidas en la sección III del proyecto se hacer referencia al ordenamiento financiero de cada uno de los incisos del presupuesto. En ese marco se faculta a Presidencia a realizar un contrato zafral con destino a la Secretaría General de Drogas para realizar investigaciones de campo.
Se crea el cargo de secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos cuyo carácter será de particular confianza. También se asigna a la Presidencia una partida anual de $ 2,5 millones para el traslado de las dependencias de Presidencia a la sede del edificio “Torre Ejecutiva”, y otra partida similar para acuerdo de mantenimiento del equipamiento tecnológico en comunicaciones e informática.
Se destinará al Instituto Nacional de Estadística (INE) una partida anual de $ 48 millones para las tareas y cargos de alta especialización y contratos a términos de profesionales y técnicos, y otra partida anual de $ 2 millones con destino al censo de población y vivienda y hogares que se realizará en 2010 y cuyas tareas preliminares se iniciarán en 2008. Asimismo se otorgará al INE otra partida de $ 2 millones para el fortalecimiento institucional de ambas iniciativas.
En tanto que se crea en el Ministerio de Relaciones Exteriores un equipo de negociadores comerciales que se integrará por un máximo de 10 funcionarios de Cancillería, con el objetivo de atender las negociaciones comerciales internacionales en que se encuentre comprometida la República.
“Mientras desempeñen la función, percibirán las retribuciones equivalentes al 75% del sueldo de Ministro de Estado”. A la vez que se asigna, a efectos de financiar el régimen establecido en la presente norma, una partida anual máxima de $ 1:224.000 con cargo a Rentas Generales.
En tanto, se establece que el Ministerio de Defensa Nacional, con la finalidad de mejorar el aprovechamiento de la capacidad técnica, material y humana podrá celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas nacionales o extranjeras para la prestación de servicios o la colaboración en actividades que por relevancia social o conveniencia pública le sean requeridas, “percibiendo los precios correspondientes y ello no deberá implicar detrimento en las fuerzas”.
Por otro lado, se destina al Ministerio de Interior una partida de $ 57 millones para la realización de modificaciones de estructura, cargos y funciones. A la vez que se lo autoriza a licitar la construcción del nuevo establecimiento carcelario en Maldonado, y un nuevo módulo de seguridad en el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez, “por el mecanismo de concesión de obra pública”.
Dentro del capítulo referido a los organismos del 220 de la Constitución se establece la asignación a partir de 2008 de una partida para la ANEP de $ 195:840.000 con destino a la participación del Ente en el Plan de Equidad.
También se fija una partida de $ 48.960.000 para la Universidad, la que deberá comunicar a la Contaduría General de la Nación la distribución de la misma. *
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