El "segundo vuelo" existió: los secuestraron, los trajeron, los asesinaron y los enterraron

En los primeros 15 días de instrucción sobre el caso del «segundo vuelo» de Orletti, el poder judicial uruguayo ha logrado determinar que, efectivamente, hubo un traslado de 22 secuestrados desde Argentina el 5 de octubre de 1976: los trajo la Fuerza Aérea Uruguaya, se los dio al Ejército y fueron asesinados.

Esa sería la convicción primaria del juez penal de 19º Turno, Luis Charles, y la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, luego de escuchar la denuncia de tres familiares de las víctimas e interrogar a tres periodistas, un testigo y nueve militares, quienes desfilaron por la sede judicial de la calle Misiones.

Los pasajeros de aquel traslado ilegal de presos políticos fueron militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) secuestrados entre junio y octubre de aquel año y torturados en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, donde las dictaduras coordinaban la represión del Plan Cóndor.

El segundo vuelo había sido denunciado por LA REPUBLICA en 2002, pero no fue incluido ni como hipótesis en las conclusiones de la Comisión para la Paz, hasta que terminó por ser admitido en el informe sobre desaparecidos de la Fuerza Aérea en 2005.

Dos años después, el caso finalmente llegó a la Justicia.

La causa, que ya ha llevado ante el despacho judicial a cuatro comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene múltiples casos conexos que la han transformado en una «megacausa» donde se suman secuestros, traslados, torturas, extorsión, robo, apropiación de niños, asesinatos y enterramientos.

 

Lo interrogado

La primera serie de testimonios por el «segundo vuelo» concluyó el jueves con el interrogatorio del ex dictador Gregorio Alvarez, luego de que declararan el actual comandante de la aviación, brigadier general Enrique Bonelli, su antecesor José Pedro Malaquín y el ex jefe del Ejército general Carlos Díaz. *

También comparecieron ante el juzgado los pilotos Walter Pintos y Daniel Muñoz, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco) general Julio Bonelli y el coronel (av) José Uruguay Araújo Umpiérrez, requerido para su extradición a Argentina por la desaparición de María Claudia García de Gelman.

Entre los denunciantes declararon María Esther Gatti, Adriana Cabrera e Ignacio Errandonea. Como testigos asistieron LA REPUBLICA, los periodistas Gabriel Pereyra y Alvaro Alfonso, y un testigo que coloca al sindicalista León Duarte como eventual pasajero de aquel traslado ilegal de la dictadura.

La primera fase de interrogación terminó dos días antes de que se cumpliera un año de la detención de ocho militares y policías implicados, quienes inicialmente fueron encarcelados para su extradición a Argentina por el caso Gelman y luego procesados en Uruguay por la desaparición de Adalberto Soba.

Desde este lunes 7 de mayo se realizará una segunda ronda de citaciones, en las que se incluirá a un grupo de soldados que revestían en el Servicio de Información y Defensa (SID), a otros oficiales militares y al antropólogo José López Mazz, quien podría retomar sus excavaciones por orden de la Justicia.

 

Lo constatado

La existencia del «segundo vuelo» de Orletti ya había sido confirmada por el informe sobre desaparecidos que la Fuerza Aérea hizo público el 8 de agosto de 2005, pero desde entonces los mandos militares han mantenido silencio sobre protagonistas y responsables de aquel traslado mortal de 1976.

Frente al juez Charles y la fiscal Guianze, el mayor Walter Pintos reconoció que había piloteado aquel avión el 5 de octubre de 1976, pero argumentó que no llegó a saber cuál era la carga de la aeronave, aun cuando los DC-47 sólo tienen una puerta trasera que obliga a los tripulantes a recorrer todo el avión.

El ex comandante Malaquín, por su parte, había olvidado llevar su carpeta personal de vuelo, en la que constan todos sus viajes.

Fue entregada días después y en ella constaría un vuelo aquel 5 de octubre por el mismo lapso que insume un viaje a Buenos Aires. Malaquín tampoco recuerda nada.

El mayor Daniel Muñoz, en cambio, llevó su carpeta para demostrar que ese día no constaba que hubiera volado, pero por su condición de agente del SID pudo no haber registrado horas de vuelo ya que su tarea de sobrecargo sólo le implicaba atender la «carga» y cerrar la puerta del TAMU 511.

Tampoco el subdirector del SID, el aviador Araújo Umpiérrez, quiso admitir que fue el coordinador de aquel vuelo.

Arguyó que sus tareas eran administrativas y, paradójicamente, de apoyo e infraestructura.

En pasillos judiciales ya gana el concepto de que más que «falta de memoria», existe «exceso de impunidad».

 

Lo que se viene

A partir de este lunes serán interrogados por el juez Charles y la fiscal Guianze varios de los soldados de revistieron en el Servicio de Información y Defensa (SID) en 1976 y que, por lo tanto, tuvieron participación o conocimiento de los traslados ilegales de uruguayos desde Argentina.

El listado, proporcionado al juzgado por LA REPUBLICA, también había sido entregado en su oportunidad al juez penal Gustavo Mirabal, quien atendía el Caso Gelman.

La presentación de la lista y la citación de esos testigos aceleró entonces la decisión del fiscal Enrique Moller de cerrar la causa.

El primer grupo de subalternos citados por la Justicia incluye a Ernesto Soca y Julio Casco, detenidos en proceso de extradición a Argentina, a los sargentos Conrado Echeverría y Luis Alberto Larroque, y a los soldados José Ramón Tucci, Ricardo Divenutto y Zenia García.

Esta semana irá al juzgado de la calle Misiones el antropólogo José López Mazz, quien informará al magistrado y el ministerio público sobre el trabajo de excavaciones realizado en los batallones 13 y 14, así como los datos que quedaron pendientes de investigar al culminar el plazo dado por el gobierno.

También sería citado en forma inminente el aviador Walter José Dopazzo Ghioldi, señalado por los informantes de la investigación de LA REPUBLICA como el mayor a cargo de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento en la madrugada del 5 de octubre de 1976, cuando se realizó el «segundo vuelo».

 

Lo que aún falta

Ante las múltiples conexiones que constituyen la «megacausa» del segundo vuelo (ver recuadro adjunto), el proceso judicial iniciado por el juez Luis Charles puede tener importantes derivaciones, en la medida en que los testimonios y pruebas lleven al magistrado a certeza y responsabilidades.

Confirmada la existencia del segundo vuelo y, por lo tanto, del operativo represivo uruguayo que secuestro y torturó a opositores en Automotores Orletti en Argentina en 1976, la indagatoria judicial tiene por delante confirmar quiénes los transportaron e indagar a quiénes se los entregaron.

La constatación de la participación de la OCOA y el SID en el operativo llevaría a identificar el lugar donde los 22 pasajeros del segundo vuelo permanecieron detenidos durante probablemente un mes antes de que alguien adoptara la decisión de ejecutarlos y enterrarlos para dejarlos como desaparecidos.

Una vez que se confirme la investigación de LA REPUBLICA sobre su presencia en el «300 Carlos», donde los identificaban como «los del ómnibus», la instrucción de la Justicia también podrá dirigirse hacia los eventuales lugares de enterramiento y, eventualmente, ordenar nuevas excavaciones.

Paralelamente, la existencia de un «botín de guerra» (confirmado en el marco del inicial caso Soba) le abre a la Justicia la posibilidad de averiguar cuáles fueron las «inversiones» realizadas con el dinero robado al PVP y saber si se produjeron otras desapariciones en locales transformados en centros de tortura. *