El quincista Gurméndez dijo que las contrataciones de personal eran avaladas desde el Poder Ejecutivo

Ex presidente de Antel, en el banquillo, ensayó desesperada defensa ante juez

El ex presidente de Antel Gabriel Gurméndez (Lista 15) declaró ayer ante el juez Penal de 19º Turno, doctor Luis Charles y la fiscal Penal de 10º Turno, doctora Diana Salvo en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal por temporada en el ente de las telecomunicaciones.

Sábado 05 de mayo de 2007 | 4:38
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El quincista Gurméndez a la salida del juzgado junto a su abogada, la ex jueza Cecilia Schroeder. Sobre él pesa un pedido de procesamiento por abuso de funciones.

Gurméndez, viajó a Montevideo desde México donde reside actualmente para presentarse ante el juez que próximamente deberá estudiar si corresponde o no someter a juicio al ex titular de Antel junto a los ex directores Simón Erlichman y Oscar Gozález Alvarez, tal como lo solicitó la fiscal.

El titular de Antel durante el gobierno de Jorge Batlle, patrocinado por su abogada, la ex jueza Cecilia Schroeder, rechazó el pedido de enjuiciamiento pedido por el Ministerio Público alegando, entre otras cosas, que las contrataciones en cuestión habían sido aprobadas por el Poder Ejecutivo.

La doctora Schroeder dijo a LA REPUBLICA que los funcionarios contratados por las temporadas de verano no constituían ingreso de personal nuevo, por tanto, a juicio de la abogada, no se requiere la aplicación de la Ley 17.556 de la Rendición de Cuentas de 2004 donde se regula el ingreso de personal a los entes públicos.

La demanda Penal por irregularidades en la anterior administración había sido elevada por el actual Directorio de Antel, que encabeza María Simon. La fiscal Diana Salvo pidió el procesamiento del ex presidente Gurméndez y los ex directores Simón Erlichman y Oscar González Alvarez, tipificándoles el delito de “abuso de funciones”.

“La denuncia dice que es esa ley la que se debe aplicar.

No es así, porque en el texto se prevé la contratación de nuevos funcionarios”, explicó Schroeder, y remarcó que en el caso de los operadados por la temporada de verano “estaban siendo contratados y recontratados desde hace 20 años” como forma de “reforzar” los servicios en Canelones, Maldonado y Rocha.

Además, otro aspecto señalado por la defensa de Gurméndez en la audiencia de ayer es que el último ingreso de personal con estas caracterísiticas tuvo lugar en diciembre de 2003, antes que entrara en vigencia la citada ley por lo cual “no se puede pedir que sea aplicada una norma que no existe”, remarcó la abogada.

Ahora, una vez que se terminen de agregar la pruebas solicitadas las defensas de los ex jerarcas indagados, el juez Charles estará en condiciones de comenzar a estudiar en profundidad el expediente para decidir si hace lugar o no a los procesamientos pedidos por el Ministerio Público. *

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