La Cárcel del Pueblo había sido utilizada como un centro de espionaje telefónico

La investigación administrativa indica que los centros de escuchas fueron el Servicio de Información de Defensa (SID), la Jefatura Central de Policía, la Cárcel del Pueblo (que utilizaran los tupamaros antes de caer en manos del Ejército) y desde el 4º piso del Palacio de la Luz. El expediente sobre las escuchas telefónicas había desaparecido en democracia y no había quedado copia de él en ningún lado. Desde la asunción del gobierno de izquierda, una de las prioridades del actual directorio fue reconstruir esa investigación «para que se sepa la verdad y nunca más vuelvan a ocurrir hechos de este tipo», dijo la presidenta de Antel, María Simon, en diálogo con LA REPUBLICA.

Luego de varios meses de investigación y de hasta un llamado público que realizó la empresa nacional para que la población aportara datos, se supo que «esas escuchas sí existieron y se hicieron en forma organizada», aseguró Simon.

El estudio reveló que «los lugares en donde se escuchaban las conversaciones telefónicas de los perseguidos políticos fueron: la Jefatura de Policía, el Servicio de Información de Defensa (SID), la ex Cárcel del Pueblo y el 4º piso del Palacio de la Luz, que en aquel momento era la sede de la propia Antel», dijo Simon.

La jerarca agregó que «en total estuvieron implicados en la operación más de 10 funcionarios de Antel que recibían ordenes desde los centros de escuchas y luego las ejecutaban dentro de las centrales de la empresa».

Simon sostuvo que aunque se pudo determinar que los destinatarios de las escuchas clandestinas «eran personas perseguidas durante la dictadura militar como ser sindicalistas, dirigentes estudiantiles, integrantes de partidos y organizaciones variadas», no se pudo conocer qué cantidad de operaciones se realizó.

«Había una organización paralela donde una unidad especial ordenaba hacer a qué número se hacían las escuchas, a dónde se hacían y cuándo se hacían, pero el registro se llevaba en forma paralela y es por eso que no puedo determinar cuántas escuchas hubo durante esa época», aclaró la presidenta de Antel.

En la nueva información recabada no se desprende que hayan participado militares o políticos de cierta notoriedad. «Dentro del expediente de la investigación administrativa no reconocí nombres de militares que hoy estén encarcelados o de políticos reconocidos», observó.

 

Sumarios y pase a la Justicia

María Simon explicó que de las personas que participaron en esas escuchas y eran funcionarios de Antel, todavía hay dos funcionarios que están en actividad y «tienen cargos jerárquicos».

A raíz de los resultados de la investigación, el Directorio de Antel resolvió hace pocos días iniciarle sumarios administrativos a estos dos funcionarios y pasar todos los datos recabados a la Justicia Penal.

«No es conveniente dar características de las personas, pero son dos funcionarios de cierta jerarquía de la empresa, mientras que los demás implicados ya se jubilaron o fallecieron», dijo la jerarca.

«Se dio conocimiento a la Justicia Penal porque se trató de un delito penal de gran envergadura ya que fue una violación a los Derechos Humanos, en especial el de la privacidad de la comunicación. Los funcionarios que incurrieron en este delito, incumplieron una de las obligaciones funcionales principales de una compañía de comunicaciones, que es la de asegurar la privacidad de quien usa las telecomunicaciones», indicó Simon.

La presidenta de Antel dijo que ahora se abre un plazo de seis meses para que los funcionarios involucrados puedan hacer sus descargos y sobre el pase del expediente a la Justicia dijo: «Si prescribió el delito no es mi especialidad, eso lo tiene que juzgar la Justicia, pero lo que no prescribe es la posibilidad de iniciar sumarios a los funcionarios».

 

La verdad debe salir a luz

«Que yo sepa nunca hubo un intento de reconstrucción y se probó que era posible, a pesar de que a medida que pasa el tiempo es más difícil hacerlo porque por ejemplo nos encontramos con personas que fallecieron, ya pasaron más de 20 años».

Por tanto, Simon reflexionó sobre la importancia de haber llevado adelante tamaña investigación. «Yo creo que esto tenía que hacerse, las denuncias con nombres y firmadas hay que investigarlas, las irregularidades hay que investigarlas y la verdad tiene que ser conocida para bien de todo el mundo, porque en definitiva es lo que nos permite que esas cosas no vuelvan a ocurrir y saber si las cosas efectivamente existieron o no», sentenció.

«De lo contrario, se puede caer, incluso, hasta en el negacionismo y decir que eso no existió o fue de otra manera, pero ahora se sabe qué es lo que fue. Mientras una cosa es un rumor, todo está en un pantano donde personas que, incluso, son inocentes pueden estar bajo sospecha», subrayó la presidenta de Antel. *