Gobierno se comprometió a revisar "aspectos" de Ley de Prensa vinculados a la penalización de periodistas

El subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini, aseguró que el gobierno está comprometido en revisar aquellos «aspectos que no están claros en la Ley de Prensa, que se refieren a las normas de penalización a periodistas», con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de las tareas de comunicación y las libertades individuales.

Ayer se realizó en el Edificio Mercosur, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la conferencia regional sobre «Libertad de prensa, seguridad de los periodistas e impunidad» organizada por la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de Unesco.

En ese marco, Michelini resaltó el compromiso del gobierno en revisar los aspectos que no están claros en la Ley de Prensa, y «especialmente las normas referidas a la penalización de los periodistas, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de su labor y de sus libertades».

Según el jerarca, «los periodistas puedan trabajar plenamente en el goce de sus derechos», lo que a su entender es «un excelente barómetro, ya que significa que en Uruguay se cumple con los mandatos establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».

De todas maneras, Michelini recordó que aún está pendiente el esclarecimiento de la desaparición del periodista Julio Castro durante la dictadura militar. En tal sentido, dijo que «es un imperativo» del gobierno aclarar ese hecho para fortalecer la democracia.

Por su parte, Jorge Grandi representante de la Unesco ante el Mercosur, señaló que «la mayoría de los periodistas que perdieron sus vidas en la región fueron asesinados, o bien camino a su lugar de trabajo, o en los sitios donde desarrollaban sus coberturas y hasta en sus hogares».

Asimismo, exigió a los gobiernos que «esclarezcan» estos homicidios ya que el 85 por ciento de ellos «aún están impunes».

Señaló que decenas de periodistas registraron «agresiones físicas y amenazas», y subrayó como muy grave «la impunidad de tales hechos».

También se conocieron detalles del reciente informe que presentó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA.

En dicho informe se indica que se recurren a otras formas para coaccionar a la prensa, como la «aplicación de políticas discriminatorias en la asignación de publicidad oficial, la discriminación en el acceso a las fuentes oficiales, los despidos como resultado de presión gubernamental e inspecciones administrativas por órganos gubernamentales con el objeto de presionar por líneas editoriales críticas».