Discrepancias en el Tribunal de Cuentas por exoneración al Conrad

Maldonado

El Tribunal de Cuentas de la Nación discutió ayer a la tarde la posibilidad de modificar su informe emitido el pasado 21 de junio en el que se condenaba las exoneraciones de tasas municipales otorgadas a la empresa Baluma SA, propietaria del Hotel Conrad.

Según dos fuentes vinculadas al organismo, «habían surgido importantes discrepancias entre la mayoría conformada por blancos y colorados y la minoría integrada por un frentista y un nuevoespacista».

La reunión del máximo órgano de contralor se produjo 24 horas después de que la coalición de izquierda denunció al ex intendente Camilo Tortorella y al actual secretario general municipal, José Luis Real, por abuso de funciones al decretar una exoneración para la que, según el Tribunal en un informe enviado a la Junta Departamental el 21 de junio, «el intendente no estaba habilitado».

En las últimas horas subió la temperatura política en el departamento a consecuencia de la denuncia penal contra los ex jerarcas municipales presentada el martes por la bancada de ediles del Encuentro Progresista.

Mientras Real, en declaraciones realizadas a medios radiales, asumió la defensa de su gestión y mencionó «el cinismo de quienes piensan pero no dicen que el dinero exonerado fue para una campaña política o se lo llevó alguien en el bolsillo», el edil herrerista, y ex director de Asesoría Jurídica en el gobierno que culminó el 14 de julio pasado, Guillermo Ipharraguerre, planteó una defensa corporativa de la gestión nacionalista, para lo que logró el concurso de la edila forista Elsa Díaz, ex directora municipal de Cultura durante la administración Tortorella.

Los tres defendieron la «correcta» aplicación, en el caso Baluma, de una norma que ahora coinciden en definir como «oscura». Sin embargo ayer la periodista Laura do Carmo leyó, en su programa de Gente FM, en una entrevista a Ipharraguerre, publicada en la página 14 del suplemento Verano 99 del diario Ultimas Noticias éste, autor de la norma que permitió exoneraciones a establecimientos hoteleros, sostiene que «el fin que se persigue es beneficiar a los hoteleros instalados con anterioridad al 1° de enero de 1994, es decir, a favor de los hoteleros antiguos, los pioneros, que habían quedado en inferioridad de condiciones frente a las grandes cadenas internacionales que habían sido bonificadas durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle».

El legislador herrerista la emprendió contra el ex director de Auditoría y Métodos municipal, Oscar Torielli, y solicitó que «un ingeniero agrimensor frenteamplista (que no mencionó por su nombre, aunque inequívocamente se refería al ex edil Juan Carlos Bayeto) y la ex edila Cristina Pérez, aprovechen la presencia en el juzgado para explicar su accionar cuando ocuparon una banca en la Junta».

Para cualquier observador resulta meridianamente clara la existencia de un acuerdo político al más alto nivel entre blancos y colorados, ya que en los últimos días varios ediles de ambos partidos habían señalado a LA REPUBLICA que «estaban de acuerdo con presentar la denuncia penal». Lo mismo señaló la edila María del Carmen Salazar (Cabildo 2000-FA) durante la conferencia de prensa en la que se informó del contenido de la denuncia penal presentada una hora antes.