Onajpu: "Las iniciativas de blancos y colorados están condenadas al fracaso"

«Hay una campaña sustentada en afirmaciones que no son ciertas, para crear un estado de cosas irreal que tiene el objetivo de asustar al jubilado y pensionista», afirmó el dirigente. Consultado por la posición de la institución con respecto a las iniciativas presentadas por el senador Julio María Sanguinetti, que propone la recolección de firmas para un posterior plebiscito junto con las próximas elecciones nacionales, y la del diputado herrerista Pablo Abdala, que ofrece un documento para presentar denuncias individuales por inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, Amaro señaló: «Se está intentando crear un estado de cosas con el objetivo de confundir a los jubilados y pensionistas», con iniciativas que calificó de «exclusivamente políticas».

 

«Ni ética ni moral»

«Una de ellas es la recolección de firmas del ex presidente Sanguinetti, cuyo planteo no tiene ética ni moral. En los dos períodos en que fue presidente, ni Sanguinetti ni sus ministros recibieron jamás a las delegaciones de Onajpu, que ya en aquella época bregaban contra el IRP. Durante el gobierno colorado del doctor Batlle, se creó un impuesto a la renta que para los jubilados y pensionistas estuvo cerca del 15%».

«Si aquel IRP que su partido impuso era legal ¿por qué ahora impulsa un plebiscito por la ilegalidad de este impuesto?», cuestionó el dirigente. «No hay una solidez ética y moral que le brinde credibilidad a este planteo que, sin ninguna duda, está condenado al fracaso y no será apoyado por nuestra organización».

En cuanto a la iniciativa del Partido Nacional, Amaro recordó que durante el gobierno nacionalista de 1958 se firmó la primera Carta Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que derivó en una reforma tributaria y cambiaria en 1960, impulsada por el ministro Juan Eduardo Azzini. «Allí se aplicó por primera vez en el país un impuesto a las prestaciones que recibían los jubilados de aquella época». Recordó que ese tributo aumentó durante el gobierno de facto, llegando hasta un 20%.

«Entonces, la pregunta es la misma para el Partido Nacional: ¿aquella renta que ellos impulsaron era legal? ¿Ahora el IRP es ilegal? ¿Qué es lo que cambió?».

Amaro dijo que ellos tienen todo el derecho de realizar estas propuestas, «pero hay un objetivo de carácter político electoral y los jubilados y pensionistas no deben confundirse», enfatizó.

«Aquí hay una maraña de tergiversaciones que dejan como abanderados de nuestro sector, a quienes durante los últimos 40 años han aplicado un impuesto a nuestras prestaciones, incluso con mayor profundidad».

«Debe quedar claro que el Comité Ejecutivo de la Onajpu no apoya la recolección de firmas del doctor Sanguinetti, ni los formularios que está repartiendo el Partido Nacional. Nuestra organización es independiente de estos dos partidos y también del gobierno; solamente responde a una actividad gremial dirigida a mejorar la calidad de vida de nuestro sector».

El dirigente dijo que el gremio seguirá bregando para que el mínimo imponible sea de 10 BPC y no 6 como señala la ley. «El camino elegido es el del diálogo y para eso hemos pedido una entrevista con el ministro Danilo Astori», señaló.

 

Las franjas

Amaro explicó detalladamente la forma en que afectará el nuevo impuesto a los jubilados y pensionistas.

Dijo que la solicitud planteada al Ministerio de Economía y Finanzas, para que el mínimo imponible para aplicar el impuesto sea elevado de 6 a 10 Bases de Prestaciones Contributivas (BPC), lo que equivale pasar de $9.816 a $16.360, no ha tenido una respuesta positiva pero confían que en el futuro las negociaciones podrán revertir esta situación.

Tal como están dadas las cosas actualmente, de acuerdo al texto de la ley, las cifras a aplicar el impuesto serán las siguientes. Por debajo de los $9.816 hay 250.100 jubilados (71,60% del total); 133.000 pensionistas (92,94%); 72.400 pensiones a la vejez (100%). Esto suma un total de 452.500 (80,54%) jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social (BPS), que no pagarán el impuesto a la renta.

Luego hay una segunda franja, que va de 6 a 10 BPC, o sea, los que reciben de $9.816 a $16.360 de pasividad, que abonarán hasta 400 pesos más que lo que pagan actualmente.

En esta situación se encuentran 71.000 jubilados (20,33%) y 8.100 pensionistas (5%). Esto equivale a que, sumadas las dos franjas, el 94% de los jubilados y pensionistas del BPS no serán afectados por este impuesto o lo serán en un máximo de 400 pesos más que lo que pagan en la actualidad.

En la franja de pasividades comprendidas entre $16.360 y $81.000, el impuesto a aplicar será del 20%. Para pasividades superiores se aplicará una tasa del 25%.