Casinos: la  IMM cerró  investigación  con dudas

El intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich admitió ayer que no queda ningún paso a dar desde el punto de vista administrativo respecto a la investigación sobre la gestión de los Casinos municipales, entre 2000 y 2005. «La investigación cerró. Del punto de vista administrativo no hay ningún paso a dar, según las normativas. No se puede profundizar a nivel municipal más la investigación y en la misma no se sugiere abrir un sumario», concluyó el jefe comunal, quien además remitió los antecedentes a la Justicia Penal. Por resolución Nº 1348/07, del intendente de Montevideo Ricardo Ehrlich, se aclara que se dio vista de las actuaciones «a tres ex funcionarios que diseñaron la ecuación negocial en la que se insertaron los contratos aludidos», que fueron el director de los Casinos Municipales durante el período 2000-2005 y actual director General de Casinos Juan Carlos Bengoa, y dos de sus asesores; Luis Orestes González, actual director Nacional de Loterías y Quinielas, y José Luis Antúnez. Dicho equipo a cargo de los Casinos Municipales «diseñó y puso en ejecución una nueva estrategia de negocio, basada en la incorporación de nuevas máquinas tragamonedas mediante la modalidad de participación de los co-contratantes en las ganancias producidas por los slots». Si bien aclara que esta estrategia fue aprobada por el intendente Mariano Arana y la contratación directa «intrínsecamente no implica ilegalidad o irregularidad administrativa», en el quinto considerando establece que es en la instrumentación de esta estrategia «en que se incurrió en irregularidades administrativas». Otro de los elementos que marca la resolución es que la contratación directa «se fundó en razones de exclusividad, pero sin embargo, en el curso de la instrucción pudo comprobarse que las empresas contratadas por la Administración no revestían la calidad de representantes exclusivos». Señala que varias empresas «arriendan la misma marca, que algunas de ellas carecen de antecedentes como proveedores, y los representantes de estas últimas han sido señalados en algún caso por sus vínculos con ex funcionarios, lo que arroja dudas sobre el real alcance de la negociación». También establece que ninguno «de los deponentes pudo brindar explicaciones satisfactorias respecto del porcentaje de ganancia establecido como precio del arriendo». *