El EP denunció a Tortorella y a Real por abuso de funciones

Maldonado

El origen de la denuncia es una exoneración de tasas municipales al Hotel Conrad por valor de 300.000 dólares, que los ediles de izquierda, basados en un informe del Tribunal de Cuentas, calificaron como ilegal. Pero a la vez informaron que «cabe la posibilidad de que se incorpore una nueva denuncia por otro posible grave delito» relacionado con documentos de la tramitación.

Los legisladores municipales fueron acompañados por varios suplentes, aunque los dos diputados de la coalición no se presentaron porque la Cámara baja estaba discutiendo el Presupuesto quinquenal.

Aunque habían manifestado públicamente su apoyo a la denuncia, ni Ricardo Alcorta, ni Eduardo Barrán se presentaron en la sede judicial. Aunque anoche Alcorta dijo a LA REPUBLICA que luego que conozca el contenido de la denuncia se expresará públicamente, y agregó que «nadie del EP le había avisado ni consultado sobre el tenor de esa presentación judicial».

El lunes a la noche el asunto fue considerado por la Agrupación de Gobierno del Encuentro Progresista y se establecieron los criterios generales del documento presentado a la Justicia. En él trabajaron la edila y abogada María del Carmen Salazar, integrante del sector que lidera Darío Pérez; el coordinador de la Bancada, Gastón Pereira (Alianza); y el abogado William Rodríguez, quien finalmente será el patrocinante de la denuncia.

Los ediles ofrecieron luego una conferencia de prensa en su bancada, donde la edila Salazar explicó el contenido del documento presentado, aunque por resolución de la coalición no se hizo público su contenido.

Salazar explicó: «Pusieron en conocimiento de la sede penal todos los antecedentes. En ellos se demuestra que la Intendencia cometió una grave ilegalidad que puede configurar el delito de abuso de funciones.

Además señalamos a las personas que en ese momento ocupaban las máximas jerarquías municipales y firmaron la resolución: el ex intendente Camilo Tortorella y el también actual secretario general, José Luis Real».

El informe del Tribunal de Cuentas de la Nación sostiene que el intendente no «estaba habilitado para exonerar a la empresa Baluma SA del cien por ciento de las tasas», así como que «se le había descontado la tasa forestal, que no estaba entre los beneficios que el decreto 3.714 preveía para la hotelería».

La edila encuentrista sostuvo: «En el trámite del expediente surgen notorias irregularidades, como aceptar como documento que compruebe las inversiones de Baluma una carta de la empresa, cuando a los 133 hoteles que se acogieron al beneficio se les reclamaba certificaciones contables y notariales». Agregó que se aceptó como válido el informe que presentó el abogado de la empresa, Carlos Peirano Facio, en lugar de solicitar un informe previo a lo asesores municipales, que sólo lo hicieron once días después de aprobada la resolución.

Para los ediles encuentristas la exoneración es ilegal «porque el Conrad no cumple con ninguno de los requisitos previstos en el decreto respectivo. No hizo inversiones el año anterior y, además, se le descuenta el ciento por ciento cuando la norma dice que será hasta un 50 por ciento».

Salazar aseguró que la exoneración era, además, «discriminatoria para con el resto de la hotelería del departamento que ahora, con este antecedente, estaría habilitada a accionar contra la comuna por eventuales perjuicios, y representa una pérdida considerable para toda la sociedad porque si Baluma no paga esos impuestos, en definitiva, los paga el pueblo de Maldonado».

La legisladora dejó abierta la posibilidad de incorporar una nueva denuncia que podría ser por fraude o falsificación de documento público si llegaran a comprobar que se pretendió introducir al expediente original algunos documentos que no están foliados y por lo tanto habrían sido hechos después que trascendió el hecho públicamente.

Una fuente de la coalición reveló a LA REPUBLICA: «Hay documentos tachados y enmendados». Esto, a su juicio, configura un nuevo delito.