Senadores del FA darán trámite rápido a pedidos de desafuero de Amaro y Casas

El asunto será tratado en esta jornada por la bancada oficialista de Diputados, cuyo coordinador, el legislador Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) estuvo presente en la reunión con los senadores encuentristas. El legislador adelantó en declaraciones que el Parlamento «no determina la culpabilidad o no de la persona a la cual se le pide el desafuero. Lo que hace la Cámara es habilitar o no» el mecanismo.

Orrico precisó que la bancada «en este tema va a actuar homogéneamente». La coordinadora de la bancada de senadores, Mónica Xavier (Partido Socialista), dio lectura de la resolución del nucleamiento: «El expediente pasará a la Comisión de Constitución para estudiar la solicitud del juez en la cual comunica que el fiscal solicita el procesamiento por fraude y abuso de funciones».Puntualiza que «si la bancada considera que se cumplen los requisitos del desafuero previstos en el Artículo 114 de la Constitución de la República, votará el desafuero».»Si bien no existe plazo para tomar decisión, la Bancada considera que la naturaleza del tema requiere un procedimiento razonablemente rápido», agregan. Se le preguntó a Xavier si en la reunión algún legislador planteó la posibilidad de no acompañar el pedido de desafuero. «No. Acá hay una resolución que la bancada acaba de tomar en su plenitud, es unanimidad. Se recorrerá el camino del estudio del expediente, tener un plazo para que esta resolución se adopte con la celeridad que permita combinar el estudio del tema y darle rápido andamiento», dijo. Formalmente, cada plenario de las cámaras ingresa la petición judicial, y la misma es derivada a la Comisión de Constitución y Legislación en el Senado, y de Constitución y Códigos en Diputados, las que luego informarán al pleno de la Cámara alta y de la Cámara de Representantes. En tanto, no hay unanimidad ente los diputados del Frente Amplio para expedirse sobre los pedidos de desafuero de los legisladores Juan Justo Amaro y Alberto Casas, los dos ex directores de OSE acusados de irregularidades administrativas durante su pasada gestión en el ente estatal.

Mientras la bancada mayoritaria de la izquierda, el MPP, ya resolvió ayer que no se iba a pronunciar hasta tanto no tome contacto con el expediente judicial para estudiarlo detenidamente, hay otros sectores del oficialismo que sin embargo ya tienen una posición resuelta. El Nuevo Espacio, por ejemplo, ya decidió que votará los desafueros de ambos legisladores, como la Vertiente Artiguista y el Partido Socialista. No así Asamblea Uruguay y la 1001, que desean interiorizarse del contenido del pedido de la Justicia. «No queremos repetir errores como el ocurrido años atrás, cuando se pidió el desafuero del entonces representante colorado Armando Da Silva Tavares», recordó el diputado de Fidel, Doreen Ibarra. Además, anoche los asambleístas no se reunieron a raíz de la ausencia de su líder, el ministro Danilo Astori, quien se encuentra en Chile.

En tanto, la Dirección Nacional de Alianza Progresista, reunida en el mediodía de ayer, también resolvió apoyar los pedidos de desafuero. Mientras la izquierda analizará este tema hoy en su reunión de coordinación parlamentaria, el diputado del Partido Nacional Alberto Casas dijo a LA REPUBLICA que está dispuesto a acudir a la comisión investigadora que lo convoque a «aclarar mi situación». Casas, a esta altura, maneja incluso seriamente la posibilidad de retirarse de la política, al entender que los trascendidos que lo vinculan con irregularidades en OSE «están erosionando mi vida familiar y personal». El mismo Casas ha remitido a todo el Directorio del Partido Nacional y en particular a su presidente, el senador Jorge Larrañaga, un memorándum consus descargos.

 

Los descargos

El expediente sobre el diputado herrerista por San José Alberto Casas refiere al cobro de viáticos «sin autorización ni control», los que usufructuaban funcionarios de OSE a su cargo. Sobre el mismo, Casas responde que los dos dependientes que estaban vinculados a él eran Miguel Angel Adán García y Juan Gabriel Fernández Nandín, y que ambos han sido destituidos. «En los casi tres años que los dos funcionarios trabajaron en mi despacho cobraron 107.800 pesos cada uno» por concepto de viáticos.

Acerca de los supuestos desvíos en el mantenimiento y la reparación de la flota de vehículos y los gastos directos por parte de OSE en la compra de repuestos y de reparaciones en un taller mecánico que aparece reiteradamente, Casas asegura que «no era el Directorio quien decidía a qué taller se llevaban los vehículos ni cómo correspondía pagar». Afirma que «la actual administración continúa enviando los vehículos del Estado al taller Puerta Grande, que se denuncia, y utiliza los mismos procedimientos anteriores».El diputado herrerista asegura que «durante el 2000, año anterior a mi ingreso a OSE, el gasto en mantenimiento de la flota fue de 700 mil dólares, en el 2001 unos 600 mil y en el año 2002 el gasto disminuyó a unos U$S 250 mil». Entre las acusaciones sobre irregularidades supuestamente cometidas por Casas entre el 16 de enero de 2001 y el 30 de octubre de 2003, período en que ofició como director de OSE en representación del Partido Nacional, figuran la liquidación irregular de licencias no gozadas, desvíos de materiales de construcción para la elaboración de una estatua al caballo en Sarandí Grande y una cancha de fútbol en Florida, falta de criterio para la adjudicación de publicidad y carencias de estudios sobre costo-beneficio, irregularidades en la creación del proyecto «Credimat/OSE», falta de control en la fabricación de las plantas potabilizadoras «UPAS», uso indebido de autos oficiales, carga de combustible en coches particulares, selección indebida de fleteros bajo cuota política y utilización del «fondo permanente» para tareas en la especialidad de OSE pero para obras en clubes deportivos y en establecimientos agropecuarios. *