Denuncian al Goyo y al coronel Calcagno por desaparición de Santana e Inzaurralde

El ex dictador Gregorio Alvarez y el coronel Carlos Calcagno Gorlero, junto a diez represores paraguayos y cuatro argentinos fueron denunciados el viernes ante la Justicia Penal uruguaya por la desaparición, hace exactamente 30 años en Paraguay, de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, quienes pudieron haber sido trasladados a Uruguay en 1977.

La denuncia fue presentada, con otra sobre la desaparición en 1976 en Buenos Aires del uruguayo León Duarte, dirigente del sindicato de Funsa, al que también pertenecieron Inzaurralde y Santana, ante el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, quien indaga casos de desaparición durante la dictadura contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

El caso, patrocinado por el abogado Pablo Chargoñia, fue promovido por familiares de las víctimas y por la central de trabajadores PIT-CNT, del que eran militantes las víctimas, sobre cuya desaparición se ha presentado abundante documentación que compromete a los organismos de represión de las dictaduras militares de Argentina, Paraguay y Uruguay.

Chargoñia fundamentó la denuncia en el marco de las investigaciones que el juez Charles y la fiscal penal Mirtha Guianze vienen realizando sobre la desaparición de los uruguayos Alberto Mechoso y Adalberto Soba, causa en la que ya fueron procesados ocho militares y policías, y la conexión procesal que el tema tiene con el llamado «segundo vuelo» de Orletti.

Inzaurralde y Santana serían víctimas del mismo operativo de coordinación represiva de las dictaduras por el que en 1976 un grupo de militantes del PVP fue secuestrado en Argentina y, luego de ser torturados y extorsionados en el centro clandestino Automotores Orletti, fueron trasladados ilegalmente a Montevideo, donde una veintena de personas continúa desaparecida.

 

Las víctimas

Gustavo Inzaurralde era un maestro dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio en la CNT, que estaba casado con María del Carmen Pose Merino. Perteneció a la Resistencia Obrero Estudiantil y a la Federación Anarquista Uruguaya, hasta que en 1975 en Buenos Aires fue fundador de PVP.

Había sido procesado en Uruguay 1970 y optó por exiliarse en Argentina, de donde fue expulsado en mayo de 1971.

Se radicó en Chile donde trabajó en organizaciones de base de la Unión Popular hasta el golpe de Estado del general Augusto Pinochet, cuando regresa a Argentina para acogerse a una ley de amnistía del entonces presidente Juan Domingo Perón.

En julio de 1974 fue detenido junto a otros uruguayos cuando realizaba un acto político contra la dictadura uruguaya y luego del golpe militar en Argentina cuando se realizaba un segundo operativo coordinado contra el PVP en setiembre de 1976, obtuvo del Alto Comisionado de Naciones Unidas (Acnur) el estatus de refugiado.

Inzaurralde logró sobrevivir a los operativos de secuestro que sus compañeros sufrieron en el marco del Plan Cóndor y viajó a Paraguay desde donde procuraba viajar a Suecia para reunirse con su esposa, embarazada de pocos meses. Fue detenido en Asunción el 29 de marzo de 1977 y habría sido trasladado a Argentina y luego a Uruguay, donde continúa desaparecido. Nelson Santana fue estudiante de UTU en la que aprendió el oficio de pintor de obra. Fue despedido de la textil Manufactura Norte por participar de la huelga contra el golpe de Estado de 1973 y se integró a Funsa. Militaba en la ROE y en 1974 se radicó en Buenos Aires, donde también fue uno de los fundadores del PVP.

 

Los hechos

Inzaurralde y Santana sobrevivieron a los operativos que sobre el PVP se realizaron en julio de 1976, cuando un grupo de 23 personas fueron trasladadas en un vuelo piloteado por el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, Enrique Bonelli, y la otra serie de secuestros que sus compañeros sufrieron en setiembre y octubre, cuando se realizó el «segundo vuelo».

Gustavo Inzaurralde era el único miembro de la dirección del PVP que había escapado de los secuestros realizados desde Orletti. En setiembre de 1976 salió de Buenos Aires para establecer una ruta de salida hacia Europa de los uruguayos que vivían en la inseguridad de Argentina. En ese marco Inzaurralde y Santana ingresaron a Paraguay en marzo de 1977.

Ambos fueron detenidos en el Hostel Stella de Italia en Asunción el 29 de marzo de 1977 y tres días después fueron interrogados por el jefe del Tercer Departamento de Investigaciones de la Policía paraguaya, Pastor Milciades Coronel, según consta en actas rescatadas de los llamados «Archivos del Terror» localizados en Paraguay luego de la dictadura.

La documentación indica que el 5 y 6 de abril de 1977 la situación de Inzaurralde y Santana es analizada en una reunión a la que asiste «personal del Servicio de Inteligencia de la República Oriental del Uruguay», quien llevó informes con antecedentes de ambos. Un documento del 9 de abril señala que en aquella reunión estuvo el mayor Carlos Calcagno del SID uruguayo.

El 16 de mayo de 1977, Santana e Inzaurralde fueron llevados a Buenos Aires en un avión de la Armada argentina de matrícula 5T-30, piloteado por el capitán de corbeta D’Imperio, donde también fueron trasladados los argentinos José Nell, Alejandro Logoluso y Dora Marta Landi. El grupo fue entregado a los agentes de la SIDE José Montenegro y Juan Manuel Barret.

 

La desaparición

Un informe de la policía paraguaya consigna que los dos uruguayos y los tres argentinos fueron expulsados del país por carecer de documentación, pero el testimonio de un sobreviviente del Centro Clandestino de Detención conocido como «Club Atlético» señala que Gustavo Inzaurralde compartió su celda.

Curiosamente, con fecha 21 de julio de 1977 la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas de Uruguay emitió un comunicado en el que requería la captura de Gustavo Inzaurralde por supuestos delitos al Código Penal Militar. La requisitoria de detenidos que eran muertos o desaparecidos fue reconocida como modo operativo del Ejército uruguayo.

El 22 de setiembre de 1977, María del Carmen Posse envía una nota al Arzobispo de Asunción, monseñor Ismael Rolón para que indague la suerte de su esposo. El 5 de octubre, Rolón responde que «fue trasladado, con otros detenidos por la policía paraguaya en un avión militar argentino a Bs. As. y de ahí a Montevideo, él solo. Esto sucedió en mayo de este año 1977″.

Desde entonces la situación fue denunciada ante la OEA y Amnistía Internacional, hasta que en febrero de 1980 el testimonio de otros dos paraguayos que estuvieron detenidos confirman que Santana e Inzaurralde fueron entregados a represores de sus países que habían concurrido a las fiestas de la independencia paraguaya el 15 de mayo de 1977.

En una nota fechada el 6 de noviembre de 1980 monseñor Ismael Rolón dio nuevos datos sobre el destino de Nelson Santana al activista brasileño por los derechos humanos Jair Krischke de Porto Alegre: «Fueron llevados al Aeropuerto Internacional para ser embarcados en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, llegado al efecto», testimonió.

 

El encubrimiento

A fines del año 2001, en el marco de una causa vinculada a la desaparición del argentino Alejandro Logoluso al Plan Cóndor, la Justicia Federal argentina libró a Uruguay un exhorto solicitando la declaración del militar Carlos Calcagno. El magistrado actuante, Dr. Homero Da Costa fijó una audiencia para el 14 de noviembre de 2001 a la que Calcagno no compareció.

El 20 de noviembre de ese año, el entonces ministro de Defensa Nacional, Luiz Brezzo, comunicó a la sede judicial que «no correspondería diligenciar» el pedido de ubicar e interrogar a Calcagno porque con ello se afectaban «principios generales y normas de orden público internacional de la República Oriental del Uruguay».

El ministro del gobierno del presidente Julio María Sanguinetti argumentó que se afectaba el artículo 10º del Código Penal Uruguayo que sostiene que los nacion
ales no se sustraen a las leyes locales a la hora de juzgar delitos cometidos por funcionarios «al servicio de la República, con abuso de sus funciones o mediante violación de los deberes inherentes al cargo».

Brezzo también expresó que Calcagno estaba amparado a la Ley 15.848 por la que había caducado la pretensión punitiva del Estado respecto a delitos cometidos por militares o policías por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto.

Frente a la negativa del Poder Ejecutivo la solicitud de la Justicia Federal argentina pasó a estudio de la Suprema Corte de Justicia donde, luego de agregársele algunas constancias administrativa, fue devuelta al Juzgado del juez Homero Da Costa el 17 de diciembre de 2001, según se explica en la presentación del abogado Chargoñia.

 

Los denunciados

En su fundamentación los denunciantes subrayan que es público y notorio que agentes estatales de Uruguay y Argentina actuaron conjuntamente con agentes paraguayos en el marco del Plan Cóndor, para detener, sustraer menores, torturar, extorsionar y trasladar ilegalmente a exiliados uruguayos que buscaban refugio de la dictadura de su país.

Recuerdan que el comandante de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, reconoció la existencia de vuelos ilegales, lo que se suma a las responsabilidades en los homicidios como los de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la aparición en Uruguay de la nieta del poeta Juan Gelman y otras pruebas sobre traslados desde Brasil, lo que evidencia el terrorismo de Estado sufrido.

En ese marco es que acusan al coronel retirado Carlos Calcagno Gorlero, quien en 1976 era mayor comandante de la Compañía de Contrainformación del Ejército, y al ex dictador Gregorio Alvarez por su condición de «mando» en la fecha del secuestro y traslado de Inzaurralde y Santana, y su posterior condición de presidente de facto. La denuncia también solicita al juez Charles que analice la responsabilidad penal de los policías paraguayos Alberto B. Cantero, Pastor Miliciades Coronel, Augusto César Montanaro, Juan Ramón Caballero, Federico Galeano, Carmelo Báez y de los militares de ese país Benito Guanes Serrano, Galo Escobar, Angel Spada y Juan Carlos Camicha.

La presentación judicial también implica a los agentes de la SIDE argentina José Montenegro, Juan Manuel Berret y Alejandro Stada, como al capitán de corbeta D’Imperio, quienes como los represores paraguayos se ven comprometidos en la detención, traslado y desaparición de Santana e Inzaurralde según evidencian los «Archivos del Terror». *