Pedidos de desafuero del senador Amaro y el diputado Casas llegaron al Parlamento

El juez García, a principio de semana había decidido pedir el levantamiento de los fueros de inmunidad parlamentaria de Amaro y Casas, sobre quienes recae un pedido de procesamiento por el delito de «abuso de funciones» por la gestión de ambos en anteriores direcciones de OSE.

El fiscal del caso, el doctor Eduardo Fernández Dovat, pretende enjuiciar además al ex presidente del organismo, Carlos Rodríguez Landoni (Lista 15) y Hugo Granucci (Foro Batllista), todos por irregularidades vinculadas a locomoción, viáticos y adjudicaciones directas.

Según lo establecido en el Código Penal, el delito de «abuso de funciones» prevé una sanción de tres a 24 meses de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años.

Sin embargo, el procedimiento requiere de la anuencia de 2/3 de los votos de cada Cámara.

Por lo cual, para aprobar el desafuero de Amaro se requieren 19 votos y el Frente Amplio (FA) cuenta con 17 senadores.

En tanto, en el caso de Casas, se necesitan 66 votos y el FA tiene 52 diputados.

 

Acusaciones

Por su parte, el diputado Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) rechazó enfáticamente las afirmaciones referidas a que los ex directores de OSE Juan Justo Amaro, Alberto Casas, Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni están acusados por un delito «menor» y que por ello la solicitud de procesamiento fiscal obedece a intenciones de persecución política.

Brenta, quien integra la comisión investigadora parlamentaria sobre los gastos de los organismos estatales durante el anterior período de gobierno, salió al cruce de las afirmaciones de quienes expresan que los ex jerarcas de OSE «están acusados por el fiscal de la causa por el delito de abuso de funciones y que las acusaciones son de carácter menor y, por tanto, la solicitud de procesamiento obedece a intenciones de persecución política».

En tal sentido, el legislador oficialista remarcó que dichas acusaciones resultan «a todas luces falsas». Indicó que del dictamen fiscal surge «claramente» que la solicitud de procesamiento obedece a los delitos de «abuso de funciones y fraude».

Acotó que los casos relacionados con el delito de fraude responden, entre otras cosas, a la «reparación de vehículos de la flota de OSE sin llamado a licitación en el mismo taller ‘Puerta Grande’ por expresa decisión de los directores».

En tal sentido, el legislador señala que en una investigación realizada en el año 2001 a partir de una denuncia del entonces senador José Mujica se constató que «una reparación valuada en $ 5.367 fue pagada por el organismo en $ 32.342.

Pero el «fraude» también obedece a que «se pagaron viáticos a funcionarios de confianza de los directores por viajes al interior del país, cuando al mismo tiempo se registraba con tarjeta magnética la asistencia de los mismos a las oficinas de OSE».

«En el caso de la funcionaria Myriam Melo, cobró estos viáticos durante dos años y medio. El señor Carlos Olivera cobró viáticos por viajes al interior, al mismo tiempo que registraba su ingreso a OSE y declaró a la auditoría interna que siempre pernoctaba en Montevideo», señaló Brenta, quien además remarcó que en estos casos el fiscal solicita para los funcionarios y sus jerarcas «la tipificación de un delito continuado de fraude».

Brenta dijo que «Granucci utilizaba sus coches particulares para el cumplimiento de su función por lo cual se le retribuían gastos. En el período julio 2003 a marzo de 2005 gastó 37.697 litros de nafta, lo que induce al fiscal a suponer el uso de la misma con fines particulares, por lo cual entiende se configura el delito continuado de alteración de documento privado».

El legislador frenteamplista acotó que en virtud de estos hechos y otros menores el fiscal solicita para Amaro «el procesamiento con prisión por un delito continuado de fraude y cuatro delitos de abuso de funciones; para Casas y Rodríguez Landoni pide el procesamiento con prisión por un delito continuado de fraude y dos delitos de abuso de funciones en reiteración real; y lo mismo más un delito continuado de alteración de documento privado para Granucci». Por lo cual, Brenta solicitó que en virtud de la «gravedad de los hechos y en el entendido de que los fueros de que gozan los parlamentarios responden a la preservación de sus derechos en el ejercicio de su función, el senador Amaro y el diputado Casas dejen de lado los mismos, prestigiándose a sí mismos y a todo el sistema político». *