"Una muestra más de falta de respeto por las normas"

D. A. – Canelones

El Encuentro Progresista planteará que la observación del Tribunal de Cuentas a la comuna canaria respecto al atraso en el vertimiento al Banco República del dinero descontado a los funcionarios para el otorgamiento de créditos sociales sea analizada de forma urgente en la comisión de Asuntos Legales de la Junta Departamental y reclamará que el intendente Tabaré Hackenbruch efectúe sumarios administrativos para determinar responsabilidades y enviarlas a la Justicia.

Tal como informó LA REPUBLICA, el máximo órgano de contralor remitió al deliberativo comunal una resolución acerca de la deuda que la Intendencia de Canelones (IMC) mantiene con el Banco República Oriental del Uruguay (BROU) a raíz de las «retenciones sobre sueldos por concepto de préstamos otorgados a funcionarios municipales por la División Crédito Social» de la citada institución estatal, lo cual implicó que «el Banco se ha visto obligado a dejar sin efecto la habilitación que mantenía la comuna para la tramitación de tales préstamos».

En su dictamen, el Tribunal destaca que «la no versión de dichos importes constituye una irregularidad en el manejo de los fondos públicos», de lo cual «podrían asimismo derivar responsabilidades civiles y penales». El pasado 28 de setiembre, el presidente de la Junta Departamental de Canelones, Julio Musetti, y la directora general legislativa, Gladys Cuello, recibieron este informe y lo trasladaron inmediatamente a la «Dirección de Comisiones».

«Este tema será objeto de tratamiento en la Comisión de Asuntos Legales y Presupuesto del próximo martes», indicó a LA REPUBLICA el edil del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) Juan Ripoll, quien señaló que los representantes de esa fuerza política pedirán la alteración del orden del día para que la referida observación «quede como primer punto a tratar».

El curul de Asamblea Uruguay destacó que «el propio Tribunal de Cuentas le encomienda a la Junta Departamental controlar que existan sumarios para determinar las responsabilidades del funcionario habilitado y elevar los antecedentes a la Justicia civil y penal para que determine su alcance», lo cual «será realizado por el EP-FA con todas sus fuerzas».

«Vigilar al gobierno»

A su criterio, «esta es una muestra más de la falta de respeto a las normas legales por parte del intendente Hackenbruch». Advirtió que la resolución del órgano de contralor «no es planteada con el fin de entorpecer el trabajo, sino para que simplemente se cumpla la ley. Estamos bastante cansados de escuchar por parte de integrantes del Ejecutivo que queremos entorpecer su funcionamiento», comentó.

Afirmó que el EP-FA «vigilará que el gobierno municipal cumpla con las leyes y se sepa lo que hace» y aseguró que «ha dilapidado los dineros públicos de forma por demás grosera, ha tirado la plata a la calle y ha pagado favores políticos con millones de dólares».

«Entorpeceremos todo lo negativo de esta administración; somos respetuosos de las leyes y pretendemos que las mismas se respeten», agregó Ripoll.