También demandará al ex secretario general José Luis Real por "abuso de funciones"

El EP llevará a la Justicia al ex intendente Camilo Tortorella

Carlos Peláez – Maldonado

Los hechos tuvieron su origen en un decreto firmado el pasado 9 de marzo por el cual el entonces intendente Camilo Tortorella y el secretario general municipal, José Luis Real, exoneraron al establecimiento hotelero del cien por ciento de las tasas municipales, aproximadamente 300 mil dólares. Pero después de una denuncia de la ex edila blanca Cristina Pérez, publicada por LA REPUBLICA, la Junta pidió un informe al Tribunal de Cuentas. La respuesta llegó el 21 de junio y expresa con meridiana claridad que «además de descontársele una tasa que no estaba prevista en el decreto, el intendente no estaba habilitado para exonerar a Baluma del cien por ciento de las tasas y la decisión no se corresponde con lo establecido en la norma que le dio origen».

Ayer, al culminar la sesión, la edila María del Carmen Salazar (Cabildo 2000-EP) anunció públicamente que su bancada presentará «una denuncia penal contra el ex intendente y el actual secretario general, quien desempeña el cargo desde 1995, por un posible delito de abuso de funciones al aprobar una exoneración impositiva que carece de sustento legal, como lo demostró el Tribunal de Cuentas». El debate reveló hechos y circunstancias que podrían ampliar la investigación a por lo menos otros cuatro jerarcas municipales, así como a la posibilidad de que exista algún grado de connivencia entre la comuna y la empresa Baluma SA.

Los diputados Alejo Fernández Chaves (Foro-PC), Darío Pérez (Cabildo 2000-FA) y Enrique Pérez Morad (Unión Frenteamplista FA), además del dirigente nacionalista Ricardo Alcorta, siguieron el debate y se reunieron varias veces con ediles para establecer posiciones. La sesión fue seguida, también, por un numeroso público que colmó las barras y a través de la emisora Gente FM, que trasmitió hasta las seis de la mañana. Al igual que una semana atrás, el peso de la discusión, que tuvo momentos de mucha intensidad y rispidez, recayó en el herrerista Ipharraguerre y en la encuentrista Salazar, aunque finalmente intervinieron los nueve ediles de izquierda y varios blancos, pero muy pocos colorados.

Ipharraguerre: «Son salvajes»

La voz nacionalista más destacada fue la del herrerista Ipharraguerre, quien en la legislatura pasada fue promotor de la norma a la que se acogió el Conrad; aunque en marzo pasado, cuando Tortorella decretó la exoneración, se desempeñaba como director de Asesoría Jurídica municipal.

Varias fuentes vinculadas al actual gobierno han indicado que «después que se apruebe el presupuesto quinquenal municipal, Ipharraguerre volverá a ocupar un cargo de dirección en la comuna». La estrategia blanca estuvo sustentada en reconocer dificultades interpretativas en el decreto 3.714, que exonera de tasas municipales a los hoteles de Maldonado; en responsabilizar de la presunta irregularidad al ex director de Auditoría y Métodos, Oscar Torielli, notorio encuentrista, quien fue trasladado del cargo por la actual administración y ahora trabaja en comisión en la secretaría del diputado Darío Pérez.

Ipharraguerre aseguró que «éste era un problema político, que debía ser resuelto por los políticos, quienes debían defender la separación de poderes y evitar la judicialización de la actividad política». Finalmente calificó como «salvajes» a los ediles encuentristas que promovían el pase a la Justicia.

«Se quieren hacer los confundidos» La edila Salazar (EP) dijo: «Nos quieren hacer creer que esta norma es oscura. Pero nunca fue así cuando la aplicaron a 134 hoteles, sólo se puso oscura cuando la pidió Baluma». La legisladora reseñó todo el trámite seguido; señaló lo que a su juicio eran «todas las irregularidades constatadas, en lo que coincide no sólo el Tribunal de Cuentas, sino también el asesor jurídico de esta Junta y hasta el propio director de Hacienda, Nuble Guadalupe, quien antes no tuvo dudas sobre los criterios a aplicar». Agregó: «Insólitamente hace una semana la empresa pagó la tasa forestal de la que había sido mal exonerada en marzo. A nuestro juicio eso agrava la situación, porque la Intendencia dice que no conoce el informe del Tribunal de Cuentas, pero parece que Baluma sí lo conoce. El intendente actual no hizo nada por reparar el daño cometido al erario y Adriasola, Rodríguez y Guadalupe siguen haciéndose los confundidos».

Salazar sostuvo: «Otro asunto verdaderamente increíble es que Baluma sólo presenta una carta que detalla inversiones que nadie puede explicar cuáles fueron y que, según ellos, les permitiría exonerar las tasas. Tortorella tomó como correcto el asesoramiento legal del abogado de la empresa , doctor Carlos Peirano Facio, y decretó sobre esa base. Porque hay que recordar –dijo la edila– que el primer asesoramiento jurídico municipal lo pide once días después de la firma del decreto, cuando la prensa publicó las denuncias».

Nadie recordó que, antes de ser intendente, Antía mantuvo una estrecha relación comercial con el Hotel Conrad, reconocida por él mismo, ya que como responsable de la empresa Pueblo Jardín construyó los jardines que rodean al hotel cinco estrellas. Casi al final de la sesión el coordinador de la bancada encuentrista, Gastón Pereira (Alianza), relató parte del contenido de una conversación que mantuvo con Real, en la que éste le señaló: «La exoneración no era ilegal y todo el lío se armó por la existencia de una conspiración contra el gobierno de la que participaban el dirigente nacionalista Ricardo Alcorta, el ex jerarca municipal Oscar Torielli y el periodista Carlos Peláez».

En su moción, los nueve ediles del EP pretendían que Baluma devolviera el cien por ciento de lo que fue exonerado y que la Junta pasara los antecedentes a la Justicia. Pero la moción aprobada por 22 votos (16 blancos y seis colorados) pasa todo el expediente a la comuna para que haga sus descargos y se compromete a elaborar normas interpretativas del decreto en cuestión. Sin embargo, voceros del EP señalaron que «la moción aprobada anoche deja abierta la puerta para que la Intendencia reciba demandas judiciales millonarias de todos los hoteleros que no recibieron en el pasado el mismo trato que el Conrad».

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