Brigadas recorrerán el país el 29 y se pedirá adhesión de bancada del EP-FA

El dirigente Juan Silveira, integrante de la Comisión Pro Referéndum y dirigente sindical, le informó a LA REPUBLICA que le enviaron una solicitud de entrevista a los 52 parlamentarios del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), las cuales comenzarán a partir del próximo martes.

En estos encuentros los integrantes de la Comisión les solicitarán personalmente la adhesión a las distintas bancadas de la coalición de izquierda, organización política que por problemas estratégicos no integra la Comisión Pro Referéndum.

El dirigente gremial indicó también que el martes 24 o miércoles 25 del corriente, probablemente en el Paraninfo de la Universidad, se realizará una actividad en favor de la derogación de 12 artículos de la Ley de Urgencia.

En este encuentro, que es preparativo de la jornada nacional que se hará el domingo 29 del corriente, participarán personalidades políticas, intelectuales, deportivas y sindicales que apoyan el referéndum.

Explicó Silveira que el 29, en tanto, la Comisión llevará una campaña de recolección de firmas en todo el país. Las brigadas que saldrán ese día entregarán casa por casa materiales en los cuales se informan los motivos por los cuales se quiere derogar 12 de los 89 artículos que tiene la Ley de Urgencia y se solicitará la adhesión de los ciudadanos.

La intención de los organizadores de esta actividad es llegar a recoger, incluida la jornada del domingo 29, unas 100 mil firmas.

El plazo que tiene la Comisión Pro Referéndum para obtener el apoyo de 50 mil ciudadanos y así poder pasar a la instancia del sufragio vence el 29 de noviembre del corriente. Si se consiguen las adhesiones necesarias, la propuesta de derogar 12 artículos de la Ley de Urgencia tendrá que recibir 620.000 votos.

Precauciones

Parte de las 200 mil papeletas distribuidas, que en este caso son individuales y deben contener la firma del adherente acompañada con su huella digitopulgar, comenzarán a ser recogidas por la comisión a partir de mañana.

Este organismo controlará una a una las papeletas a fin de evitar que se entreguen firmas duplicadas o materiales que puedan ser descartados por las autoridades de la Corte Electoral.

Los organizadores de esta campaña de referéndum son estrictos a la hora de recibir las adhesiones ya que, a pesar de los asesoramientos que se la han impartido a los brigadistas, en el acto del PIT-CNT y las organizaciones sociales del jueves se recogieron firmas que debieron eliminarse porque no cumplían con los criterios legales.

Silveira señaló que la Comisión apunta a crear las mayores garantías a la hora de recoger las adhesiones.

Por esta razón las hojas son individuales y están numeradas con un color diferente al texto.

Las firmas, además, son recogidas en forma organizadas y no de manera individual. El brigadista, incluso, antes de salir recibe cursos, los cuales son dados todos los sábados a partir de las 10 en la sede de Fucvam.

Estrategia privatizadora

El integrante de la Comisión Pro Referéndum y presidente de la Unión Ferroviaria (UF) agregó que la Ley de Urgencia forma parte de una serie de normas que la coalición de gobierno ha comenzado a impulsar y que apunta a la privatización de importantes sectores, en principio, de los distintos organismos que tiene el Estado.

El presupuesto cuenta con varios artículos que afectan a UTE y Antel, y ya se anuncia una Ley de Urgente Consideración que contendrá, según lo trascendido, modificaciones de las cartas orgánicas de AFE y OSE.

Silveira indicó que el conjunto de la sociedad parece no advertir que, poco a poco, por distintos mecanismos y leyes, las empresas privadas están tomando secciones de las empresas privadas.

«Un ejemplo claro y reciente es la concepción de distribución otorgada por OSE a una empresa privada en Maldonado.

A estos comienzos privatizadores la población no le ha dado la importancia que tiene. Porque estamos viendo el árbol y no el bosque».

Agregó el sindicalista que la coalición de gobierno se encuentra impulsando una serie de leyes que en menor o mayor medida apuntan a la privatización de las empresas del Estado.

Para Silveira resulta insólito que las empresas públicas le hayan entregado a Rentas Generales (el gobierno central) más de 750 millones de dólares.

El déficit fiscal de la administración anterior fue del 4,5%, casi 900 millones de dólares.

Ahora, si se comienza a privatizar las empresas del Estado, de dónde se piensa sacar el dinero que se dejará de recibir con destino a la salud, educación, previsión social, la Policía y, entre otros organismos, las Fuerzas Armadas.

En estos momentos el gobierno dice que las empresas del Estado deben ser competitivas.

Ancap, por su parte, plantea competir en el área del portland y para ello necesita una inversión de 120 millones de dólares. A Rentas Generales Ancap le entregó una cifra muy superior a la inversión que precisa y el gobierno no quiere que invierta parte de ese dinero y «la obliga a asociarse a capitales privados».

Culminó diciendo el dirigente gremial que el referéndum debería pasar a ser parte de una movilización multisectorial que paralice la «estrategia privatizadora de colorados y blancos».