Gobierno refrendó iniciativa que repara a familiares de los desaparecidos y fallecidos por la "sedición"

Tal como lo anunció el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el pasado 2 de marzo en Plaza Independencia, el gobierno remitió al Parlamento el proyecto de ley por el cual se procura resarcir económicamente a familiares de civiles, militares y policías que perdieron su vida «durante el enfrentamiento armado con la sedición entre los años 1962 y 1976″.

El monto del resarcimiento es de 150 mil dólares por cada una de las personas fallecidas y/o declaradas ausentes.

La iniciativa recoge en su totalidad la propuesta que presentó en enero pasado el diputado colorado, Daniel García Pintos.

El 2 de marzo Vázquez en su rendición de cuentas a la ciudadanía afirmó que a su gobierno «no lo mueve la venganza, pero lo impulsan la verdad y la justicia, indispensables para la convivencia pacífica y democrática». En ese sentido, sostuvo que así como valoró la legislación para reparar a los destituidos, presos y exiliados «durante el período autoritario» también refrendaría «la iniciativa recientemente planteada desde el Parlamento, para reparar a familiares de soldados, policías y civiles fallecidos en aquella desgarradora circunstancia de enfrentamientos entre uruguayos».

En tal sentido, ayer ingresó al Parlamento el proyecto de ley ­compuesto por cinco artículos­ por el cual se repara a familiares de 66 civiles, militares y policías que fallecieron «durante el enfrentamiento armado con la sedición entre los años 1962 y 1976″.

La reparación también comprende a familiares legales o naturales de las personas consideradas ausentes por desaparición forzada cuyo desaparecimiento resultó confirmado en el Anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz.

El monto del resarcimiento será de 150 mil dólares y estará a cargo de Rentas Generales. Los beneficiarios deberán presentar declaración jurada que acredite fehacientemente su reclamación.

En la exposición de motivos se expresa que la iniciativa pretende además «coadyuvar en la consolidación de la paz que todos anhelamos, dando un justo tratamiento a las familias víctimas inocentes de las acciones violentas».

«Valoramos como muy importante y positivo el paso que dio el Poder Ejecutivo al hacer suyo nuestro proyecto de ley porque precisamente se requería de una iniciativa del gobierno por la generación del gasto», expresó García Pintos.

El legislador señaló que el gobierno refrendó totalmente su proyecto a tal punto que la exposición de motivos es igual a la que presentó en enero al Parlamento y solamente se la realizó un agregado a través del cual se reconoce que la autoría del proyecto es de la Asociación de Homenaje Permanente a los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas y la Libertad.

Entre los damnificados militares, se menciona al ex oficial del Ejército Artigas Alvarez, hermano del ex presidente de facto Gregorio Alvarez, al ex jefe de inteligencia militar Ramón Trabal, asesinado en París y a los cuatro soldados abatidos en 1972 mientras custodiaban la residencia del ex jefe del Ejército. Entre los civiles, se menciona al ex embajador Carlos Abdala, asesinado en junio de 1976 en Paraguay por error por un terrorista croata que lo confundió con el embajador yugoslavo, y al profesor Armando Acosta y Lara, muerto en un atentado del MLN el 14 de abril de 1972. *