El pedido de procesamiento recae también sobre los ex jerarcas Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni, a quienes el fiscal Fernández Dovat pidió enjuiciar por el delito de “abuso de funciones”.
Según informaron a LA REPUBLICA fuentes cercanas a la causa, el juez Penal de 17º Turno, doctor Carlos García, ya decidió solicitar el desafuero del senador Juan Justo Amaro (Lista 15) y Alberto Casas (Herrerismo), ambos ex jerarcas del organismo.
El pedido del juez García llegará al Poder Legislativo por intermedio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que hará de intermediario entre ambos poderes del Estado. Desde la Corporación, se enviarán dos oficios: uno a la Cámara de Diputados y otro a la Cámara de Senadores.
Una vez que la solicitud de la Justicia llegue al Parlamento, cada Cámara deberá aprobar el levantamiento de los fueros mediante el apoyo de por lo menos dos tercios de sus integrantes, según lo establecido en la Constitución de la República.
Las fuentes consultadas explicaron que con el envío de estas comunicaciones podrían demorar el trámite, ya que en el despacho del juez se deberá fotocopiar parte del extenso expediente judicial que será adjuntado al pedido que llegará al Poder Legislativo.
A fines de febrero, el fiscal Eduardo Fernández Dovat había pedido el procesamiento del ex presidente de OSE Carlos Rodríguez Landoni (Lista 15) y el ex vicepresidente Hugo Granucci (Foro Batllista), conjuntamente con la solicitud de enjuiciar a los legisladores Amaro y Casas por el delito de “abuso de funciones”, que prevé una pena de tres a 24 meses de prisión.
Además, el juez García citará próximamente a 16 ex funcionarios sobre quienes el fiscal pidió procesamientos sin prisión por el delito de “abuso de funciones” y “fraude”, por maniobras vinculadas principalmente con gastos de viáticos.
El actual Directorio de OSE, luego de analizar la documentación y conclusiones a las que arribaron varias comisiones investigadoras internas del organismo, decidió, en setiembre de 2005, elevar los antecedentes del caso a la Justicia Penal.
Las presuntas irregularidades detectadas están relacionadas a excesos en gastos de locomoción y viáticos, así como adjudicaciones directas que las autoridades del organismo habrían llevado a cabo entre 1996 y 2005, en los gobiernos de Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle.
Para que el senador colorado Juan Justo Amaro (Lista 15) y el diputado nacionalista Alberto Casas (Herrerismo) comparezcan ante la Justicia por los delitos de “abusos de funciones y fraude” que pesan en su contra por sus respectivas gestiones en OSE, primero el Parlamento debe aprobar las solicitudes de desafuero.
De todas maneras, la Suprema Corte de Justicia aún no remitió al Poder Legislativo los pedidos. Para que el pedido de desafuero resulte aprobado el mismo debe contar con la anuencia de 2/3 de votos de la cámara que se trate.
El artículo 114 de la Constitución de la República establece que ningún senador o diputado “desde el día de su elección hasta el de su cese podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa”. En caso afirmativo lo declarará “suspendido en sus funciones y quedará a disposición del tribunal competente”.
Por lo cual, para aprobar el desafuero de Amaro se requiere de 19 votos del Senado donde el Frente Amplio cuenta con 17 parlamentarios. En tanto que en la rama baja se necesitan 66 votos y la izquierda tiene 52 diputados.
Tanto la bancada de senadores como de diputados del FA se reunirían por separado después de Semana Santa para analizar los pedidos de desafueros.
El senador colorado Amaro cuestionó que se le pide la prisión por donar “500 kilos de cemento Pórtland, es decir, 10 bolsas que cuestan, dándole la yapa, 1.800 pesos. Sin embargo, este Directorio de OSE le entregó 7 mil dólares a la Organización no Gubernamental ‘El Abrojo’ y estuvo perfecto porque se hizo una obra social que la ley orgánica de OSE ampara”.
Sobre los viáticos de los funcionarios señaló que “no hay ningún administrador que pueda liquidar los viáticos de los secretarios y de ningún funcionario. Sino que simplemente da las órdenes pero no hace el control, además no las firma”. También cuestionó que se le tipifique fraude. “Debo ser el único gil en este país al que se le puede tildar de fraude”.
“Paciencia, todo requiere de tranquilidad y de esperar los acontecimientos, pero confío en la Justicia y esperaré los acontecimientos porque por suerte todavía conservo una banca en el Senado y mudo no soy para decir tantas verdades que las voy a decir el día en que se plantee el desafuero”, sentenció el parlamentario.
Por su parte, el diputado nacionalista Casas dijo a LA REPUBLICA que “detrás de cada político existe una familia que en definitiva es la que más sufre”.
“Estamos involucionando y volvemos a la época de los linchamientos”, comentó Casas quien prefirió no realizar mayores comentarios. *
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