Bonelli y Carlos Díaz comparecerán ante la Justicia por el "segundo vuelo"

La fiscal penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, tras culminar el interinato de la Fiscalía de Corte analizó cuidadosamente el expediente que denuncia el «segundo vuelo» de Orletti del 5 de octubre de 1976, en el cual fueron trasladados de forma ilegal unos veinte uruguayos detenidos en Argentina.

Al devolver el expediente, la representante del Ministerio Público solicitó una serie de medidas probatorias que constituirán el inicio de la instrucción de esta causa, que había sido denunciada ante la Justicia penal el 29 de mayo de 2006 y ratificada a mediados de agosto por un grupo de abogados vinculados a los derechos humanos.

Según pudo saber LA REPUBLICA, Guianze solicitó las citaciones del actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), teniente general aviador Enrique Bonelli, y también la del ex comandante en jefe de la fuerza de aire José Pedro Malaquín, quien a su vez fue el copiloto del denominado «segundo vuelo».

Al mismo tiempo, la fiscal pidió citar al coordinador del traslado, el coronel aviador (r) José Uruguay Araújo Umpiérrez, sobre quien recae un pedido de extradición de la Justicia argentina. Guianze también pretende interrogar a los tripulantes de la aeronave, mayor Walter Pintos (piloto) y el capitán Daniel Muñoz.

La fiscal pidió además indagar a los militares y policías procesados por la desaparición de Adalberto Soba: José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Luis Maurente, José Arab, Gilberto Vázquez, Ricardo Medina y José Sande Lima, todos recluidos en la cárcel especial de alta seguridad.

Otro de los testigos solicitados por la Fiscalía sería el ex comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Díaz, quien el año pasado, en una comunicación verbal con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, habría reconocido que todos los detenidos trasladados en el «segundo vuelo» fueron ejecutados.

 

Otros citados

La nómina de personas citadas por la fiscal Guianze la complementan Carlos Ramela y Gonzalo Fernández, ambos integrantes de la Comisión para la Paz, órgano que durante la administración Batlle investigó el caso y concluyó que todas las personas trasladadas habían sido arrojadas al mar.

Además, se pidió la citación de tres periodistas: Roger Rodríguez de LA REPUBLICA, Gabriel Pereyra de «El Observador» y Alvaro Alfonso, quien realizó una investigación sobre varios casos de desapariciones durante la dictadura cívico militar.

Guianze solicitó que se remita al expediente toda la información existente sobre las excavaciones realizadas en el último tiempo en búsqueda de detenidos desaparecidos, mediante las cuales fueron encontrados los restos de José Arpino Vega, Ubagesner Cháves Sosa y Fernando Miranda.

 

Desapariciones

El «segundo vuelo» fue denunciado en 2002 por LA REPUBLICA en el marco de una investigación periodística que derivó en la aparición de Simón Riquelo.

Ese traslado fue reconocido en agosto de 2005 en el informe sobre desaparecidos que las Fuerzas Armadas entregaron al Presidente Tabaré Vázquez.

Si bien no existe una lista final de las personas que fueron trasladadas, la denuncia vincula por lo menos las desapariciones en Argentina de Juan Pablo Recagno, Ary Cabrera, María Emilia Islas, Juan Pablo Errandonea y Armando Arnone, todos casos excluidos expresamente de la Ley de Caducidad por el Poder Ejecutivo el 2 de agosto del año pasado.

No se descarta la hipótesis de que también haya sido traída a Uruguay en el mismo vuelo María Claudia García, la nuera del poeta argentino Juan Gelman, cuyos restos fueron intensamente buscados en el Batallón de Infantería Nº 14 de Toledo, tal cual se aseguró en el informe que las Fuerzas Armadas entregaron al Poder Ejecutivo en 2005.

Al estar estrechamente vinculada al caso Soba, la denuncia del «segundo vuelo» estuvo paralizada durante varios meses, pero luego que el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno ratificara la resolución del juez Charles, el expediente retomó su actividad y es de prever que luego de terminado el turno que el magistrado cumplirá entre el 26 y el 31 de marzo, se dé curso a las citaciones pedidas por la fiscal Guianze. *