Un jerarca que se va con buena imagen

El contador Eduardo Zaidensztat fue designado director de la DGI en el gobierno pasado por el presidente Batlle en el año 2000, y ratificado en el cargo por el presente gobierno de Tabaré Vázquez.

Desde entonces, Zaidensztat ha impulsado una serie de cambios en la DGI y ha marcado una etapa para la dirección tributaria del Estado.

Una de las más importantes fue la firma del convenio con la Comunidad Europea (CE) para el financiamiento del «Proyecto de Modernización de la DGI», por el que se encaran cambios estructurales, organizativos y en procedimientos y métodos de trabajo. El proyecto fue firmado en diciembre de 2003 y tiene un costo de 7,5 millones de euros, 5,5 millones financiados por la CE y el saldo (2 millones) por el gobierno uruguayo.

El proyecto ha significado cambios importantes para la administración tributaria, entre los que se incluyó la «incompatibilidad» y «dedicación exclusiva» de sus funcionarios, del que resultó que muchos de sus funcionarios «profesionales» decidieran irse de la DGI y todavía hoy se mantienen diferencias con los funcionarios no profesionales, quienes reclaman el ajuste salarial «no otorgado».

Pese a esto, Zaidensztat mantiene una buena imagen entre los funcionarios de la DGI, según una encuesta de Factum conocida la semana pasada, que reveló que un 66% de sus empleados ve como «buena» la imagen del director.

Otro episodio sonado que protagonizó Zaidensztat tuvo lugar en los juzgados, cuando declaró que si todos los jueces del Uruguay fueran como Eguren, seríamos una «República Bananera». Finalmente por este caso fue procesado sin prisión.

Estrictamente en cuanto a la operativa de fiscalización, durante su mandato solicitó la clausura de varios establecimientos por defraudación tributaria, entre ellos, la emisora radial Concierto FM, Tienda Inglesa, varios restoranes y comercios de Punta del Este y otras zonas turísticas y La pasiva.

También tuvo episodios relacionados con defraudación y evasión tributaria en relación al sector avícola, en el que se realizó un operativo que se dio en llamar «operativo desplume», en las zonas francas, y episodios de clonación de facturas en la zona de Rivera y otros.