Relanzan política para la infancia

El grupo está integrado por representantes de los ministerios de Interior y Salud Pública, Intendencia de Montevideo (IMM) y Junta Departamental, ANEP, Iname, Educación Física y organizaciones no gubernamentales que trabajan juntas con el objetivo de coordinar acciones y adoptar políticas públicas que permitan proteger a los niños en riesgo.

La comisión fue creada en respuesta al artículo 37 de la Ley de Seguridad Ciudadana, sancionada en 1995 y quedó instalada el 2 de mayo de 1996. Aunque sus integrantes trabajaron quincenalmente desde esa fecha, las actividades fueron suspendidas en el período del cambio de gobierno por lo que ayer debió ser reinstalada.

Hasta el momento, uno de los principales puntos de acción ha sido el barrio Lavalleja, donde se construyeron una guardería y una policlínica en el complejo COVI9 con servicios de la IMM y el MSP. Allí se prevé la apertura de otra guardería. En este período también fue elaborada una guía de información institucional de servicios de infancia que reúne prestaciones, actividades y recursos de las distintas instituciones que conforman la comisión.

En el próximo período deberán trabajar sobre un proyecto para acondicionar un espacio recreativo en Malvín Norte y adoptar acciones respecto a diversas iniciativas presentadas por organizaciones de infancia de La Cruz de Carrasco.

Realidades «hirientes»

En el acto de reinstalación de la comisión, el intendente señaló que la pobreza crítica del país se concentra en los menores de 18 años y agregó que en Montevideo más de 62 mil menores de 14 años viven en hogares pobres o carenciados. El jefe comunal advirtió sobre el «grave riesgo» que implica esta situación al provocar en los niños «carencias afectivas y baja autoestima, ingreso precoz al trabajo, alarmantes índices de deserción escolar, desarrollo de conductas indolentes y conductas ligadas a la drogodependencia, así como estrategias de sobrevivencia que incluyen venta callejera, mendicidad, conductas delictivas o la posibilidad de sufrir de explotación sexual o laboral. No nos acostumbramos ni nos queremos acostumbrar a estas realidades hirientes».

Arana advirtió que al reclamar medidas por parte del gobierno y la sociedad «no estamos requiriendo ni reclamando limosna o dádiva alguna. Estamos convocando a las responsables y solidarias actitudes que todo uruguayo debe asumir en tanto miembro de esta colectividad que ha sabido construir un marco de convivencia democrática y que aspira a mantenerlo y enriquecerlo sobre la base de asegurar los derechos básicos inherentes a toda persona: el derecho a la vida, el derecho a la identidad y a la ciudadanía, el derecho a la salud, a la educación y a la cultura, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo en condiciones dignas».

Agregó que la búsqueda de soluciones «no es un tema de banderías políticas ni de rédito sectorial. Es una causa nacional que nos están reclamando esos miles de niños y jóvenes que enfrentan el desafío de crecer y desarrollarse en una sociedad que no parece reconocerlos como protagonistas de su propio desarrollo».