Polémica entre Cambadu y la izquierda por venta callejera

La discusión se originó durante el análisis del proyecto de ley del senador quincista Alejandro Atchugarry que prohíbe la venta callejera de productos importados. La senadora Nelly Goitiño (suplente del líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori), reivindicó la actuación de la primera administración comunal frenteamplista de Tabaré Vázquez en su intención de dar solución al tema del informalismo en la venta callejera.

En su línea expositora, Goitiño consideró que el comercio minorista se resiente en gran medida como consecuencias de las grandes superficies comerciales, en su expresión del supermercadismo. Como réplica a estas palabras, el presidente de Cambadu, Mario Menéndez, indicó que la IMM no cumplía con la ley por la cual debe designarse un representante en una comisión especial que define la habilitación o no de permisos para construir grandes superficies comerciales. Esta afirmación motivó el malestar del senador Alberto Couriel (Vertiente Artiguista) quien señaló que no se sentía cómodo frente a las expresiones y críticas de Menéndez hacia la comuna que encabeza Mariano Arana.

Según participantes de la sesión, los senadores Yamandú Fau (Foro Batllista) y Juan Raúl Ferreira (suplente del senador herrerista Luis Alberto Heber), abogaron por escuchar los fundamentos de la gremial.

«Inmoralidad»

Los representantes de Cambadu entregaron un memorándum firmado por su presidente, Mario Menéndez y el secretario Felipe Gagliano en el que consideran que «la venta callejera además del tema de la prohibición de comercializar artículos importados, tiene muchísimos más aspectos que regular, prohibir, limitar y controlar».

«No obstante –agregan– con buen criterio el Proyecto Atchugarry, no comete el error de querer abarcar la totalidad de un problema complejo –la venta informal– lo que lo haría más dificultoso para su transformación en ley, sino que por lo menos su aprobación, servirá para limitar el fenómeno con lo cual, si el proyecto se concreta en ley, la Administración tendrá un importante campo para actuar y el comercio formal una manera de atenuar la competencia desleal».

Para Cambadu, «combatir el contrabando es una obligación pues, no sólo es un delito sino una inmoralidad. Inmoralidad, porque perjudica al Estado que no recauda los tributos correspondientes; inmoralidad, porque perjudica a los obreros de la fábricas que producen esos productos o similares que a consecuencia de esas ventas quedan desocupados o pierden horas de trabajo». «Inmoral, porque ese comercio clandestino no paga aportes a la Seguridad Social con lo cual se está conspirando contra un mejor nivel de las jubilaciones y pensiones», señaló.

Por tanto, «es inmoral, porque se crea una errónea conciencia permisiva de una situación irregular, presumiendo que quienes venden la mercadería importada –realmente su mayoría de contrabando o al margen de la comercialización con el pago de sus impuestos y aportes sociales– se trata de desocupados y se olvida que atrás de ese fenómeno está el gran beneficio del introductor de la mercadería que lucra a extensas de toda la sociedad uruguaya y, porque en definitiva, ese contrabando creará más desocupación. Por último, agregan los voceros de Cambadu, porque muchos entienden equivocadamente, que el contrabando en la vía pública es un fenómeno aislado, olvidando que en un principio elemental de convivencia democrática, obliga a respetar las leyes sin excepciones y con firmeza».