Jueza intimó al Ministerio de Defensa a entregar expedientes del caso Quinteros

Los citados expedientes Nº 2000.03340-8, 2000.034447 y 2000.042717, se refieren respectivamente a la investigación administrativa efectuada por la doctora Sylvia Usher, en cumplimiento de la sentencia de amparo Nº 28 del 10 de mayo pasado, dictada por la doctora Estela Jubette, a la solicitud por parte de «Tota» Quinteros de tener conocimiento de la resolución del Ministerio de Defensa que ordenara la investigación administrativa, y el expediente originado a partir de la presentación por parte de la ex edila de un escrito en el que se aportaban pruebas testimoniales y documentales a ser consideradas en la investigación. Una vez aportada la información intimada a dicho ministerio, la jueza deberá determinar si se ha cumplido o no con lo ordenado en el fallo judicial del recurso de amparo. El doctor Pablo Chargoñia, abogado de la defensa, sentenció que «el incumplimiento de una sentencia es un hecho muy grave que debería dar lugar a responsabilidades de tipo político o incluso penales».

«Intímese a la parte demandada el cumplimiento de la sentencia 28 de 2000 de fecha 19 de mayo de 2000 debiendo acreditar su cumplimiento ante la Sede con plazo de 3 días, cometiéndose», sostuvo el decreto judicial, al que tuvo acceso LA REPUBLICA.

La defensa de Quinteros consideró que el Estado «incumplió» la sentencia al basar su investigación únicamente en el testimonio del ex soldado Sergio Pintado.

Chargoñia señaló que el Ministerio de Defensa interpretó mal la sentencia judicial, al basar la investigación en el testimonio de Pintado. Recordó que la misma señala expresamente que el «objeto del amparo» consiste en «ordenar una investigación administrativa sobre las circunstancias de la desaparición de la maestra Elena Quinteros y su paradero» y por tanto, la versión de Pintado «debió ser en todo caso, un punto de partida para encontrar a Elena y no el punto final de la investigación». La resolución ministerial, firmada por el presidente de la República Jorge Batlle y por el ministro de Defensa Luis Brezzo, concluyó que Pintado «no aportó ningún elemento de juicio mínimamente creíble, ni siquiera serio, respecto a los hechos investigados» e hizo hincapié en que el testimonio de Pintado fue el hecho que desencadenó la acción de amparo y «el hecho medular a partir del cual corresponde analizar si se configuran en la especie los requisitos legales que habilitan el ejercicio de la acción de amparo», en función de la sentencia judicial y del Tribunal de Apelaciones.

El 15 de diciembre de 1999, Tota Quinteros presentó ante el juez letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, una acción de amparo contra el Estado – Poder Ejecutivo – Ministerio de Defensa Nacional por la desaparición de su hija Elena Quinteros.

La acción contó con el patrocinio legal del doctor Pablo Chargoñia, y fue promovida con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT.