Neira solicitó al Presidente que retire su pedido

El coronel retirado Angel Neira solicitó ayer por escrito al presidente Jorge Batlle que retire el pedido de venia al Senado mediante la cual se solicita que el militar sea designado como integrante de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

En la carta, Neira le explica a Batlle que el motivo de la solicitud se debe a que el Partido Nacional –integrante de la coalición de gobierno– no respalda su candidatura. El senador de la Lista 15, Juan Adolfo Singer, principal impulsor del ascenso de Neira, lamentó que se haya llegado a esta instancia.

El tema debería ser tratado el próximo martes 17, pero desde ya se sabe que no existen los votos para otorgar la venia ya que la bancada de senadores del Partido Nacional, la del Encuentro Progresista, y el senador del Nuevo Espacio, anunció su negativa a acompañar la solicitud del gobierno.

El motivo es que existen sentencias judiciales de Primera y Segunda Instancia que reconocen la participación del militar propuesto en violaciones a los Derechos Humanos en 1975.

Neira, quien se desempeñó en varios altos cargos a nivel del Ministerio de Defensa Nacional (fue ayudante del ex ministro Mariano Brito), sustituiría al coronel Kleber Pampillón, de acuerdo con la decisión presidencial. El militar fue acusado en 1975, junto a otros oficiales, por torturar y maltratar a un grupo de funcionarios de la Administración Nacional de Puertos.

La Suprema Corte de Justicia recibió en mayo un recurso de casación presentado por la defensa de los ex funcionarios que reclaman una justa indemnización por los daños sufridos durante las detenciones y los interrogatorios a los que fueron sometidos.

A fines de 1998, su ascenso al generalato fue desestimado, pese a ocupar el primer lugar en la nómina de coroneles artilleros. A raíz de esto, el militar solicitó el pase a retiro. El 18 de noviembre, LA REPUBLICA publicó la sentencia de la jueza Estela Jubette, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2º turno, que dispuso que tanto el Estado uruguayo como la ANP, debían indemnizar a cada uno de los doce actores o sus sucesores, por el daño moral derivado de la prisión, de los maltratos y sus consecuencias que todavía padecen, y por la privación de un empleo digno con posterioridad a su liberación.

El fallo estableció que el Ministerio de Defensa debía abonar el 70% y la ANP el 30% restante. El monto de la indemnización, con sus reajustes, desde la fecha de la demanda y hasta su efectivo pago, elevaba la suma a cifras millonarias. En la sentencia de primera instancia, la jueza establece que «resulta plenamente probada la existencia de una detención ilícita, llevada a cabo por funcionarios militares en el mes de abril de 1975″, agrega que de los interrogatorios «se constataron malos tratos» como «castigos, torturas, violencias» y hace responsable al Estado «por haber actuado sus funcionarios (capitán Neira, capitán Carbone, Julio Castro, J. C. Rapela y otros , con una ilegitimidad que vulneró los más preciados derechos individuales».