RAMI impugnará 31 ondas

La gremial empresarial, que nuclea a 94 emisoras del interior manifestó además «su más enérgico rechazo» ante las «adjudicaciones de frecuencia de manera indiscriminada» que realizó Sanguinetti, así como manifestó «su condena» frente al «incorrecto ejercicio de sus facultades discrecionales» en el que incurrió el gobierno «en materia de adjudicaciones de frecuencias».

Reunidos ayer en Asamblea General Extraordinaria en su local de Nueva York 1618, los radiodifusores asociados a RAMI cuestionaron además en una declaración firmada por la gremial «la renuencia» de Sanguinetti «en atender las solicitudes de audiencia reiteradamente formuladas» y condenaron «la conducta» del Poder Ejecutivo por su «permanente negativa a crear ámbitos de participación del sector privado» y por desconocer el aporte que RAMI podría prestar «a título de asesoramiento».

Fuentes de RAMI agregaron en diálogo con LA REPUBLICA que «varios asociados» a la gremial empresarial se pusieron en contacto ayer mismo con el doctor Daniel Hugo Martins, un reconocido especialista en Derecho Administrativo, para comenzar a dar los primeros pasos que derivarían en una impugnación masiva de las concesiones de frecuencias dispuestas por Sanguinetti.

Las concesiones del actual gobierno serían impugnadas tanto por la vía administrativa como por la vía judicial apenas asuma el nuevo gobierno.

Una delegación del Consejo Directivo de RAMI se presentó ayer luego de la asamblea en el séptimo piso del Radisson Victoria Plaza Hotel para entregar a la Secretaría del doctor Jorge Batlle una carta a nombre de la gremial donde se historió el proceso que condujo a las cuestionadas adjudicaciones. La carta estuvo acompanada de una copia de la resolución adoptada por la Asamblea General y, además, de una solicitud de entrevista que el presidente electo concedería «en menos de diez días», según trascendió.

La concesión por parte del gobierno Sanguinetti de otras 31 frecuencias de radio, además de otras dos frecuencias de onda corta, provocó esta semana un marcado rechazo en la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) y despertó serias sospechas de que la medida gubernamental habría sido adoptada para favorecer empresarios vinculados al Foro Batllista, que lidera Sanguinetti, y a Manos a la Obra, que encabeza Alberto Volonté.

Las nuevas frecuencias fueron adjudicadas a particulares y a once sociedades anónimas, una de las cuales fue beneficiada con dos frecuencias.

Colonia tendría otras cuatro emisoras y Maldonado otras tres. Flores, Río Negro y Montevideo tendrían una emisora más cada uno. Todas en manos de sociedades anónimas, al igual que las de onda corta.

A nombre de particulares fueron autorizadas tres emisoras en Paysandú, dos en San José, dos en Lavalleja, dos en Canelones, dos en Rocha y dos en Artigas. Los departamentos que recibieron una única concesión en manos de particulares son Salto, Flores, Treinta y Tres, Montevideo, Maldonado, Cerro Largo y Río Negro.

Rechazo, condena e impugnación

A continuación, LA REPUBLICA reproduce en forma textual la resolución que fuera adoptada ayer por la Asamblea General Extraordinaria de RAMI.

«Ante la adjudicación de 31 frecuencias radioeléctricas en el interior del país, dispuesta por el Poder Ejecutivo:

RAMI, en su calidad de asociación más representativa de la radiodifusión del interior, manifiesta:

1- Su más enérgico rechazo ante la referida decisión del Poder Ejecutivo, que desconoce elementales exigencias de racionalidad inherentes a una adecuada administración del espectro radioeléctrico nacional, al efectuar adjudicaciones de frecuencia de manera indiscriminada sin atender valores técnicos y económicos, generando una proliferación de radioemisoras pasibles de comprometer severamente su supervivencia.

2- Su condena a la conducta del actual Poder Ejecutivo en relación a la radiodifusión del interior, manifestada no sólo a través de un incorrecto ejercicio de sus facultades discrecionales en materia de adjudicación de frecuencias, sino también a través de una permanente negativa a crear ámbitos de participación del sector privado involucrado a través de RAMI –su asociación gremial más representativa– desconociendo de tal forma la contribución que esta última puede prestar a título de asesoramiento. Cabe subrayar como expresión elocuente de la actitud excluyente del Poder Ejecutivo en la materia, la renuencia del Sr. Presidente de la República en atender las solicitudes de audiencia reiteradamente formuladas por RAMI para plantear sus preocupaciones en relación a la política de adjudicaciones. Una atenta escucha de tales preocupaciones posiblemente hubiera evitado la adopción de las medidas que hoy han despertado un generalizado rechazo.

3- Que lamenta que el proyecto de ley impulsado oportunamente por RAMI, disponiendo que todo llamado a interesados en explotar frecuencias radioeléctricas deberá ser precedido de una análisis de factibilidad económico-financiera de modo de asegurar su funcionamiento satisfactorio, así como que no podrá autorizarse la instalación de servicios de radiodifusión en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones nacionales, no haya obtenido sanción parlamentaria no obstante el importante apoyo de numerosos legisladores. La aprobación de dicha disposición legal seguramente hubiera evitado que el actual Poder Ejecutivo efectuará las referidas adjudicaciones en los últimos días de su gestión.

4- Su expectativa de que el Poder Ejecutivo que asume el próximo 1o. de marzo adopte criterios adecuados en materia de adjudicación de frecuencias, en el marco de una auténtica Política Nacional de Comunicaciones que propenda, entre otras cosas, al fortalecimiento de las radios del interior, evitando de tal forma incurrir en los errores de la actual administración, que privilegió aspectos ajenos a la defensa del espectro radioeléctrico nacional, comprometiendo su responsabilidad internacional y resintiendo valores íntimamente relacionados con el buen funcionamiento de los medios de comunicación del interior, tales como la libertad de expresión del pensamiento y la defensa de la soberanía e identidad nacional.

5- Su más decidido apoyo a sus radios afiliadas que sufren las consecuencias de la indiscriminada adjudicación de frecuencias de radiodifusión, poniendo a disposición de las mismas los medios que requieran para la defensa de sus legítimos intereses.

6- La ilegalidad de las adjudicaciones al no atender normas vigentes (decreto 125/93) y el reglamento de la UIT homologado por nuestro país, que privilegia como valor fundamental la preservación de los medios ya existentes.

En consecuencia, la Asamblea General de RAMI resuelve:

1- Impugnar la resolución del Poder Ejecutivo otorgando 31 emisoras en el interior y recomendar a sus asociados que realicen idéntica acción legal en los casos particulares que perjudiquen el normal funcionamiento de sus emisoras.

2- Enviar al Sr. Presidente electo, Dr. Jorge Batlle, todos los antecedentes del caso, solicitando la revisión de las resoluciones aludidas y la suspención de nuevos otorgamientos hasta tanto se instale un ámbito sectorial con la presencia de los operadores privados para analizar futuros criterios de radiodifusión que atiendan la situación y necesidades del país».