Maldonado: ediles debaten mañana la exoneración impositiva al Conrad

Maldonado

La Junta Departamental de Maldonado debatirá mañana qué hacer con los informes de sus comisiones de Legislación y Presupuesto, integradas, sobre una cuestionada exoneración impositiva al Hotel Conrad de Punta del Este. Pero cualquiera sea el resultado de esa discusión ya es público que los nueve ediles del Encuentro Progresista, la recién incorporada ex edila Cristina Pérez, el ex edil blanco Enrique Baeza y el edil blanco Eduardo Barrán, presentarán una denuncia penal contra el ex intendente Camilo Tortorella y el actual secretario general, José Luis Real.

No se descarta que también se incluya a otros tres jerarcas, todos acusados de un posible delito de abuso de funciones. Orgánicamente el Partido Colorado no ha resuelto su actitud, aunque varios ediles del sector dijeron a LA REPUBLICA que eran partidarios de enviar todo a la Justicia. El origen de la denuncia está en una exoneración de tasas municipales por un total de 3,6 millones de pesos (unos 304 mil dólares) otorgado por la comuna el 9 de marzo pasado, sobre la base de una interpretación del decreto 3.714 aprobado por la Junta Departamental el 20 de octubre de 1997.

El 17 de marzo la por entonces edila nacionalista Cristina Pérez, hoy integrada al EP, denunció que «el intendente estaba regalando los dineros públicos». Cuando LA REPUBLICA difundió la noticia, el secretario general municipal reclamó el expediente para su revisión «ante versiones de prensa que aluden a una aplicación errónea del decreto 3.714″, expediente 687/2000, y lo pasó a la Asesoría Jurídica para que informe. Entonces el abogado Gabriel Adriasola elabora el sustento jurídico para una resolución que el intendente Tortorella, junto a Real, habían firmado once días antes.

La Junta Departamental, por su parte, decidió solicitar un informe al Tribunal de Cuentas de la Nación, que contestó el 21 de junio. Por razones que no se han explicado públicamente, un alto funcionario del legislativo tuvo «encajonado por error» durante dos meses el documento, según reconoció él mismo ante los ediles.

Ese informe fue lapidario para la suerte futura de Tortorella, Real y tal vez de la asesora jurídica Bethel Rodríguez, el abogado municipal Gabriel Adriasola y el director de Hacienda, Nuble Guadalupe. El máximo órgano de contralor de la nación cuestionó con dureza el informe de Adriasola y sostuvo que «la exoneración autorizada por la Intendencia no se encuentra entre las situaciones previstas por el decreto 3714 y su posterior reglamentación». Pero además confirma oficialmente algo que LA REPUBLICA informó en marzo: se exoneró de la Tasa Forestal, cuando estaba expresamente excluida de la norma 3.714.

En una reunión que las comisiones de Legislación y Presupuesto de la Junta Departamental mantuvieron el pasado lunes con el director de Hacienda, Nuble Guadalupe, y el asesor jurídico de esa dependencia municipal, Gabriel Adriasola, este último manifestó respecto a la exoneración: «En definitiva, las exoneraciones las adopta, como cualquier resolución, el intendente con los asesoramientos que estime del caso pedir. Pero estoy de acuerdo en la necesidad de unificar un criterio; todo organismo público debe tenerlo».