Canelones: El EP reclamó sumarios

Canelones

Entre las 15.30 del martes y las 3.30 de la madrugada de ayer, la Junta Departamental de Canelones recibió a los directores municipales Ricardo Yelpo (Hacienda) y Guillermo Volpi (Urbanismo) y al gerente del área de Turismo, Diego Porcile, quienes dieron a conocer la posición de la comuna frente a la situación de la mencionada zona del departamento.

Yelpo brindó detalles acerca del Fondo de Obra para la Zona Balnearia (Fozb), un impuesto que «integra el presupuesto general municipal», por el cual en el pasado quinquenio «se recaudaron 10.238.000 dólares». Destacó además que el pasado año se registró en la zona balnearia un 52.42% de morosidad, resaltando que «el 60% de esa zona debería tener una recaudación potencial de 250 millones de dólares, mientras que en 1999 tuvo una recaudación aproximada a los 140 millones de dólares». Culminado el plazo para la readecuación tributaria, extendido por 90 días más, «habrá una política agresiva a los efectos de iniciar acciones para el cobro de los morosos», dijo. En ese sentido, señaló que «se firmó un convenio con la Dirección General de Registros que permitirá identificar los propietarios de los padrones».

Yelpo señaló que «de aquí hasta fin de año se cumplirá con aquellas obras urgentes y necesarias del departamento, incluyendo Ciudad de la Costa». Recordó que el año pasado la dirección de Obras «tuvo un gasto cercano a los 25 millones de dólares», mientras que el proyecto elaborado para el próximo quinquenio por el encargado de esa oficina llega a «350 millones de dólares». «Faltan 225 millones de dólares para cumplir con ese proyecto», comentó, pero aún no tiene datos precisos «sobre cómo solventar esas obras». Por su parte, la secretaria general, Marianella Medina, sostuvo que las obras prometidas en la pasada campaña electoral «se cumplirán con el presupuesto quinquenal», el cual será aprobado en enero.

Sumarios

Mientras tanto, en una conferencia de prensa brindada ayer el EP-FA propuso «gestionar ante los diversos organismos públicos las obras que por su envergadura corresponden al gobierno nacional» y «definir las prioridades de obras, con objetivos y etapas de realización reales».

Planteó además «mejorar la gestión de cobro; intimar y ejecutar a los grandes especuladores; eliminar la custodia del ex frigorífico Comargen por 600 mil dólares; reducción de la plantilla de 19 directores para las nueve direcciones existentes, a 50.127 pesos cada uno por mes; reestudiar la contratación de asesores», entre los cuales figuran varios dirigentes colorados. «No descartamos ningún tipo de medidas habilitadas por la Constitución», declaró el edil Juan Ripoll, quien advirtió que la bancada del EP-FA «exige la instrucción de sumarios a los funcionarios responsables de agudizar la crisis con obras mal efectuadas que llevaron a dilapidar ocho millones de dólares en Ciudad de la Costa y que, tras ubicar a los responsables, la IMC efectúe el juicio resarcitorio correspondiente para reparar los daños causados».