El comandante de la Armada, Pazos, en su peor momento

Sectores del Frente Amplio y del Partido Nacional, cuestionaron en los últimos días la permanencia de Pazos al frente de la Armada, por su responsabilidad en la mayor tragedia marítima sufrida por el arma en toda su historia, con pérdidas de once vidas humanas y el hundimiento de un buque de guerra.

El senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga reclamó la renuncia de Pazos. «Nos parecen muy graves los hechos como para que no se adopte una resolución muy firme frente a este tema y que permita recuperar el prestigio a las fuerzas armadas», dijo.

El senador frenteamplista Eleuterio Fernández Huidobro también se expidió en el mismo sentido.

A juicio de estas fuerzas, no parecen ser suficientes las sanciones aplicadas a varios oficiales, incluida la remoción del comandante de la Flota, Raúl Lecumberry.

La presencia de Pazos en el Parlamento debilitó aún más su posición: de sus explicaciones ante las comisiones de Defensa de ambas Cámaras surgieron nuevas dudas, y hasta evaluaciones e informes contradictorios sobre el accidente.

La decisión del EP-FA de interpelar al ministro de Defensa Luis Brezzo por este asunto tensó aún más el clima político.

No obstante, Pazos también enfrenta fuertes críticas desde las propias filas de la marina. Calificadas fuentes de la Armada, que pidieron no ser identificadas, hicieron mención a la «ilegal integración del Tribunal de Honor del Capitán Alex Lebel, propuesta por el Comando General de la Armada y establecida por resolución del Ministerio de Defensa Nacional Nº 46.92 de fecha 25 de setiembre de 2000″ sobre la cual después tuvo que dar marcha atrás, y al «ilegal procedimiento para deslindar responsabilidades mediante una comisión presidida por el contralmirante Tabaré Daneros –conocida en la interna naval como la ‘comisión de los notables’– inventada por orden de servicio del Comando General de la Armada Nº 4564.1/00 del 16 de agosto de 2000, con otros fines, y luego utilizada como referencia para la aplicación de sanciones, previo a que la Justicia se expida». Las fuentes agregaron otro hecho llamativo: «el Comando General de la Armada se autoadjudica, sin conocimiento ni autorización de los interesados, el derecho de negociar con la compañía West of England, aseguradora del buque Skyros, el monto de las reparaciones económicas, no sólo de los sobrevivientes, sino también de los deudos, de los fallecidos y desaparecidos». «Es así –agregaron– que negocia en secreto un convenio, asignando un precio base por cada uno de ellos dentro de un paquete total que incluye la reparación a la Armada por el barreminas hundido».

«Según establece la resolución Nº 24.960 del 21 de octubre de 1991, todo contrato firmado por los programas del Ministerio de Defensa Nacional se debe unificar a través de esa secretaría de Estado y debe contar con una autorización legal expresamente establecida por resolución del Poder Ejecutivo. Además, se debe designar expresamente quién puede firmar en nombre del Estado. En este caso, a pesar que compromete al Estado a pagar sobre el monto negociado, 945 mil dólares, lo que excedan las eventuales reclamaciones, no existe ningún tipo de autorización para la firma de este contrato.

No existe resolución del Poder Ejecutivo porque el convenio es ilegal al no contar con el acuerdo de los damnificados (sobrevivientes y deudos de las víctimas) cosa que ninguna asesoría ministerial ni de presidencia aprobaría.

A su vez, se negocia un monto de dinero para atender los eventuales reclamos de los sobrevivientes y deudos de fallecidos y desaparecidos sin conocimiento ni autorización ni asesoramiento legal de parte de los damnificados.

Por otra parte, se autoriza, sin conocimiento ni autorización ni asesoramiento legal de parte de los sobrevivientes y deudos de fallecidos y desaparecidos, la partida del buque Skyros, único elemento concreto contra el cual estos últimos tenían derecho a querellar para asegurar el pago que legalmente les pudiera corresponder. Se acepta un eventual pago, se desconoce si ha sido depositado en las cuentas oficiales del BROU, que ronda el 5% del valor del barreminas apreciado por los organismos técnicos o en los negociadores de la Armada que comienzan pidiendo 16 millones de dólares y terminan aceptando 900 mil y liberando al Skyros».

«Pero lo peor –según las fuentes– fue el compromiso de usar el peso de la institución para permitir la salida del país a la brevedad del capitán y del primer oficial del buque Skyros y para ello, se cambia el propósito y manipula a la ilegal comisión creada por orden del servicio del Comando de la Armada para sacar enseñanzas para el futuro y se procede a asumir totalmente las culpas, en la cual todo lo que hizo la armada estuvo mal, y por ende al no caber culpa al Skyros no se justifica retener en el país a su capitán y primer oficial».

Las fuentes observaron también que «es inmediatamente después de firmado el contrato con la compañía aseguradora, que la comisión de notables eleva sus conclusiones y recomendaciones, a pesar que tenía hasta el 15 de octubre para hacerlo según establece la orden del Comando. Acto seguido se comunican las sanciones y se va al Parlamento a hacer un mea culpa».

La «renuncia»

Los informantes se mostraron sorprendidos por la publicitada «puesta a disposición» del cargo que a mediados de agosto hizo el vicealmirante Pazos ante el Poder Ejecutivo. Al respecto, señalaron que el cargo de un militar «está siempre a disposición de sus superiores, y se supone que cuando un almirante, tras una meditada reflexión, como corresponde a un militar de alto rango, decide abandonar su cargo porque entiende que hay causales que así lo ameritan, hace uso de su derecho personal y exclusivo de pasar a retiro, y no hay poder legal alguno ni supuestos pedidos que puedan detenerlo».