Magistrados rechazan declaraciones de Enrique Antía

La Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay rechazó ayer, a través de un comunicado de prensa, las manifestaciones del senador nacionalista Enrique Antía, quien retiró una demanda judicial contra el intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, argumentando «falta de garantías».

El jueves 22 del presente mes Antía informaba a través de una conferencia de prensa que dejaba sin efecto una denuncia penal por difamación e injurias contra De los Santos, ya que la Justicia no le daba garantías y se pretendía además involucrar a personas que nada tenían que ver con el caso.

De los Santos había solicitado, como prueba del juicio que se venía efectuando, que se levantara el secreto bancario de las cuentas del senador nacionalista, así como también de otros presuntos involucrados. Además el jefe comunal fernandino realizó un cambio de patrocinio, optando por los servicios del estudio del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, para hacer su defensa, lo cual no fue visto con buenos ojos por Antía, quien consideró que la Justicia no le brindaba garantías.

Ante estos sucesos los magistrados rechazaron «por infundadas las recientes consideraciones» del senador blanco «en relación a la falta de garantías en un proceso en el que es parte interesada».

Posteriormente se «niega firmemente la alegada falta de garantías del sistema judicial uruguayo y (se) respalda en forma enfática la actuación de los jueces intervinientes en una causa cuyo contenido es público».

Los magistrados explican en el comunicado al ex jefe comunal de Maldonado que «todo ciudadano tiene derecho a elegir el defensor de su confianza, designación que ­salvo el caso de inhabilitación legal­ es ajena al control jurisdiccional».

Finalmente en un cuarto punto se alega que «los jueces no son responsables de la suspicacia que pueda generar en la opinión pública la intervención de determinados defensores», pero de todas formas «los operadores del sistema judicial saben de la celosa independencia con que deciden los Jueces uruguayos y un Senador de la República está obligado a saberlo». *