Miceli sabe lo que hace, ya muy lejos del argumento ambiental

Desde mediados del año pasado hemos venido sosteniendo que el bloqueo argentino comenzaba a adoptar formas bastante más violentas y lesivas de la estabilidad del país que las de un cierre de fronteras o los menudos contorneos de Evangelina en la pasarela de una cumbre de jefes de Estado.

Más allá de la crónica de los hechos, el problema es la reacción inevitable que se produce cuando un país como Uruguay se propone captar inversión externa directa en el mundo compitiendo no por precios ­salarios, esencialmente­ sino esgrimiendo en el mundo la fortaleza que lo diferencia: las garantías institucionales de un Estado de derecho en el cual, más allá de los ruidos menores, extranjeros y nacionales valen en la medida que acepten competir lealmente y en el cuadro de reglas acordadas.

Nuevamente y no porque sea más agresiva que otros miembros del Ejecutivo de su país, la ministra de Economía y Desarrollo argentina Felicia Miceli ha generado un hecho militar grave en este escenario de agresión bélica. ¿Se puede denominar de otra manera esas operaciones que intentan dañar el prestigio y abortar las operaciones financieras de un país con el nivel de deuda pública que aún tiene Uruguay luego de haber honrado todos sus compromisos?

El planteo insólito de Miceli en el Gafi dista de ser un arrebato o una salida por la tangente a las propias presiones que está recibiendo Argentina de ése y otros organismos internacionales.

Esa cargosa reiteración de acusaciones infundadas está animada de una lógica tétrica y, aceptémoslo o no, tiene su impacto en los mercados que daña profundamente esa diferenciación natural con la cual Uruguay, a diferencia de sus vecinos, está logrando consolidar saldos netos de IED positivos. Eso importa y compensa en el juego regional los abultados saldos negativos del comercio exterior que Uruguay padece en la región (ver página 14).

Naturalmente, la confrontación con Argentina no se arregla con soluciones ambientales o adhesiones solidarias a los pactos comerciales que tiene ese país con Brasil. La solución implica claudicar en esa diferenciación con la cual Uruguay procesa su modernización desde una apertura audaz al mundo.

Y eso Uruguay no lo va a poder hacer porque además de la convicción, el programa de su gobierno es un proyecto de disciplinas y compromiso con su Constitución, esa Ley fundamental que impondrá los pasos próximos de este gobierno y que en su artículo cuarto precisa y ordena: «La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes». *