Argentina acusó a Uruguay de no cooperar en lucha contra el lavado

Jerarcas del gobierno consultados por LA REPUBLICA tomaron ayer con sorpresa la denuncia del gobierno argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), acusando a Uruguay de no colaborar en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

«El gobierno expresa su sorpresa por la contradicción del gobierno argentino, que reconoció avances en esta materia y ahora descalifica al país sin fundamento», expresó ayer un comunicado oficial de la Presidencia de la República.

Las acusaciones, realizadas en Estrasburgo (Francia) por la ministra de Economía y Desarrollo del gobierno argentino, Felisa Miceli, fueron rechazadas por Ricardo Gil Iribarne, director del Centro de Capacitación Para el Lavado de Activos (Cecpla), dependiente de la Presidencia de la República. Gil reveló que «hace dos meses, cuando se realizó la reunión semestral del Gafi a nivel regional, los representantes argentinos elogiaron y mostraron su beneplácito por los avances en materia de control de lavado de activos en Uruguay».

Por tanto, dijo Gil Iribarne, «no entendemos porqué hubo un cambio de posición en el gobierno argentino ya que no tiene explicación lógica y, es más, tampoco entendemos porqué la denuncia fue planteada ante el Gafi (organización mundial en la cual Uruguay no participa) y no se la hizo en el Gafisud, que es donde correspondería y donde en diciembre pasado, reitero, Argentina mostró su conformidad con los avances en la materia y dijo que veníamos trabajando en serio». El director del Cecpla dijo que en la queja de la ministra de Economía «se habla del problema de las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (Safi), pero no se toma en cuenta que en la reforma tributaria que el gobierno elaboró y que ya fue aprobada por el Parlamento uruguayo, hay un artículo específico para regular este tema». «La carta argentina vuelve a plantear el tema de las Safi como herramienta apta para el lavado, cuando en el propio informe que presentó Uruguay ante Gafisud en julio y diciembre ya se había adelantado que la Reforma Tributaria plantea un cambio sustancial en el status de las Safi, porque no habilitaba la creación de nuevas Safi y les quita progresivamente los beneficios tributarios a las ya existentes», agregó. «Este gobierno reafirma ­y así fue aceptado y reconocido a nivel internacional­ la voluntad de combatir el lavado de activos y todo tipo de medidas que son expresión de delitos como corrupción, narcotráfico u operaciones financieras de terrorismo», afirmó el jerarca.

Además, dijo Gil Iribarne, «la legislación uruguaya y la Ley de Presupuesto también atienden parte de los reclamos de Argentina». El jerarca señaló que «Uruguay ha venido incrementando el control sobre el blanqueo de activos y aunque sabemos que acá se lava dinero, se han constatado grandes avances desde 2005 a la fecha».

El director del Cecpla sostuvo que «el gobierno uruguayo tiene claro que el tema de la cooperación internacional es fundamental y somos conscientes de que Uruguay venía con atrasos, pero eso hoy ha cambiado».

En tal sentido, Gil Iribarne recordó que «por primera vez en la historia, a fines del año pasado se desbarató una banda que lavaba dinero para narcotraficantes colombianos. En esa oportunidad se incautaron más de 400 kilos de cocaína y 13 personas fueron procesadas por el delito de lavado de dinero». En referencia a la cooperación con el vecino país, el jerarca también recordó que «la semana pasada hubo allanamientos en estudios contables, aparentemente vinculados al robo de los cofres fort en Argentina, y todo eso fue a pedido de las autoridades de ese país».

 

Nuevo órgano de contralor y llega misión del FMI

En el marco de las mejoras que Uruguay quiere implementar en la materia, Gil Iribarne informó que «la semana que viene llegará una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para brindar apoyo técnico y metodológico en los trabajos que se vienen realizando para avanzar en la eficiencia del control del lavado de activos y del terrorismo».

Además, dijo el director del Cecpla, «sólo falta la firma del decreto presidencial para que a partir de marzo comience a funcionar un nuevo órgano ejecutor que elaborará el plan nacional y los objetivos de 2007 en cuanto a lavado de activos».

Gil Iribarne adelantó que el organismo estará conformado por el Banco Central del Uruguay (con su unidad de información financiera), el Ministerio de Economía (donde la DGI y la Auditoría Interna de la Nación participarán en la previsión del lavado de activos en el sector no financiero, como las inmobiliarias y los casinos). También conformarán el nuevo organismo el Ministerio de Educación y Cultura (con el Registro Nacional, Fiscalía, Junta Anticorrupción y la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional) y el Ministerio del Interior (a través de la Dirección General del Tráfico Ilícito de Drogas, con su brigada de análisis patrimonial).

Como ejemplo de avances a partir de la actual administración central, el director del Cecpla subrayó que en 2005 las entidades bancarias reportaron cerca de 50 operaciones que provocaron la sospecha de formar parte de actividades ilegales y en 2006 los informes casi se duplicaron.

 

La denuncia argentina

La acusación de Argentina contra Uruguay se conoció ayer a través de una carta que la ministra de Economía de ese país envió a las autoridades del Gafi.

En la misiva el gobierno de Néstor Kirchner expresa su preocupación por la falta de progreso de Uruguay en el cumplimiento de las recomendaciones del Gafi, organismo dedicado a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Miceli sostiene que «el papel de Uruguay como centro financiero off shore le ofrece ventajas a los no residentes y la falta de restricciones al secreto bancario lo sitúa en una posición vulnerable para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo internacional».

También se critica «a la actual legislación societaria uruguaya y el registro de sociedades, los cuales tampoco proveen una adecuada transparencia sobre la titularidad y el control de personas jurídicas, lo que puede llevar a un abuso en la constitución y la utilización de sociedades de acciones al portador, para fines ilícitos».

Además, la ministra argentina lanza una alerta al opinar sobre «el efecto de atracción de las jurisdicciones con regulaciones insuficientes o control ineficiente sobre los flujos financieros ilegales y asociados a la fuga de capitales y a cuestiones tributarias». Por esa razón, Miceli exige que «Uruguay coopere con los organismos de la región, con el objetivo de armonizar las legislaciones, adaptar las instituciones y cumplir los estándares internacionales del Gafi y del Grupo de Acción Financiera Internacional de América del Sur (Gafisud)». La ministra argentina señala en la misiva que «la falta de observancia por Uruguay de los estándares de esas organizaciones es extremadamente perjudicial para los países que, como Argentina, se esfuerzan por cumplir con los compromisos internacionales». La carta concluye pidiendo al Gafi «todo su apoyo para terminar con esta situación, que califica de altamente irregular y dañosa». *