El coronel (r) Neira pedirá a Batlle que retire su postulación a la SCJ

Ayer, el análisis de la venia de Neira debía tratarse en el cuarto punto del orden del día, y cuando llegó el momento para ello el coordinador del Foro Batllista, el senador Wilson Sanabria pidió que se postergue el asunto para el próximo martes 17.

Horas antes, la bancada de senadores del Partido Nacional había resuelto que no acompañaría la venia de Neira, y el Encuentro Progresista realizó una conferencia de prensa denunciando que existían sentencias judiciales de Primera y Segunda Instancia que reconocían la participación del militar propuesto en violaciones a los Derechos Humanos en 1975. Por tanto, los doce senadores del Frente Amplio, el líder del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, y los siete legisladores blancos no acompañan la propuesta, dejando en forma minoritaria a los once parlamentarios colorados.

«Bárbaro e inoportuno»

«A mí me consta que hay personas tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional a las que muchísimo les costaría tener que votar esta venia y que hay otras personas que no sólo les costaría sino que no la van a votar. Mi esperanza es que el Poder Ejecutivo tenga un acto de reflexión ante algo que no sólo es bárbaro sino que es de una inoportunidad increíble», señaló el senador socialista José Korzeniak.

Durante la conferencia de prensa del EP, minutos antes del plenario, Korzeniak dijo que aspiraba a que el Poder Ejecutivo «en un acto de reflexión retire la propuesta para evitar una sesión de características especiales y un costo político del gobierno».

«Existen dos sentencias, una de Primera Instancia y otra de Segunda Instancia que en sus resultandos da por probado que el coronel Neira junto con otra persona, con otro oficial, en el año 1975 eran los interrogadores de un grupo de funcionarios portuarios, que fueron torturados y uno de ellos murió en la tortura», recordó Korzeniak.

El legislador encuentrista indicó que cuando actualmente en la SCJ se analiza el reclamo de los funcionarios afectados, «en este momento el Poder Ejecutivo en un acto de por lo menos una inoportunidad manifiesta, enciclopédica, lo propone para cointegrar la Suprema Corte de Justicia».

En ese sentido, Korzeniak reiteró que en las sentencias se expresa claramente que los dos oficiales actuantes «interrogaron y torturaron» y dijo poseer «otras informaciones que provienen de los propios torturados y en algún caso de sus familiares».

Korzeniak también recordó que durante la administración nacionalista presidida por Luis Alberto Lacalle hubo «una propuesta de un oficial para cointegrar la Suprema Corte de Justicia y fue tan insultante la inoportunidad que el propio Poder Ejecutivo las retiró para que no apareciera como la Comisión de Defensa Nacional lo está haciendo ahora, y le hizo saber al Poder Ejecutivo que se trataba de una persona que había violado a una muchacha presa en un cuartel».

Hecho «grave»

El coordinador de la bancada Manuel Nuñez calificó el hecho del nombramiento de «grave» porque «es un militar del cual tenemos absoluta certeza de que estuvo involucrado en violaciones de Derechos Humanos».

Según Núñez, esta iniciativa «contradice la política que en general se ha mostrado sobre el tema de los Derechos Humanos».

Antecedentes

La semana pasada, en la comisión de Defensa Nacional, los senadores colorados Yamandú Fau y Juan Adolfo Singer habían votado a favor de la venia de Neira pero esgrimieron distintas valoraciones.

El senador colorado Yamandú Fau sostuvo que votó a favor por «disciplina partidaria», el senador quincista Juan Adolfo Singer lo hizo convencido de que Neira era un buen vecino y de que «no hay prueba de que haya sido torturador».

Por su parte, el nacionalista Carlos Garat expresó que su postura favorable tenía el significado de «habilitar» el pronunciamiento del plenario del Senado, que en sesión secreta, al igual que la comisión de la víspera, deberá tomar una resolución definitiva. Los senadores encuentristas José Korzeniak y Eleuterio Fernández Huidobro cuestionaron la conducta de Neira y su participación en violaciones a los Derechos Humanos.