Blancos analizarán responsabilidad de Casas cuando falle Justicia penal

El fiscal Eduardo Fernández Dovat pidió el procesamiento de cuatro ex jerarcas de OSE por uso arbitrario de fondos del Estado, utilizados indebidamente en publicidad, viáticos y locomoción.

Se trata del ex presidente de OSE, Carlos Rodríguez Landoni (Lista 15), del ex vicepresidente, Hugo Granucci (Foro Batllista), el ex director Juan Justo Amaro (Lista 15) y Alberto Casas (Herrerismo).

Amaro es senador y Casas diputado, por lo cual si el juez Carlos García Guariglia acepta la petición del fiscal, deberán ser desaforados y por lo tanto separados de sus cargos.

 

«Revisión»

En su sesión Nº 36 de fecha 19 de setiembre de 2005, Casas asistió al Directorio del Partido Nacional y recibió el respaldo de sus correligionarios.

En las actas se da cuenta de que Casas «informa al Cuerpo que el actual directorio de OSE ha iniciado un proceso de investigación sobre sus actuaciones como ex integrantes del mencionado organismo, y que de acuerdo a versiones de prensa de la fecha, se dispone a enviar el resultado de las mismas a la Justicia Penal».

El diputado confirmó que se responsabilizará «por sus actos, dejando constancia de la honestidad» con que llevó adelante su gestión.

En caso de que este tema prosiga su cauce judicial y se condene al legislador, el Ejecutivo blanco remitirá las actuaciones a la Comisión de Etica.

 

Silencio colorado

Hay silencio en el Partido Colorado por el pedido de procesamiento de los ex directores de OSE, ya que ningún representante quiso referirse al caso, aunque se supo que en la próxima semana legisladores quincistas habrán de entrevistarse con el abogado de Juan Justo Amaro, ex presidente de OSE.

El pedido del fiscal aún no llegó al juez García Guariglia y se ignora si éste dará curso al mismo. La denuncia fue presentada ante la Justicia por el actual presidente de OSE, Carlos Colacce, a mediados del año pasado, y se refiere a pagos indebidos de viáticos, excesos en el uso de combustible y de vehículos oficiales (Granucci incluso fue visto en 2003 haciendo uso de vehículos del ente con matrículas adulteradas) y emisión de publicidad oficial digitada, entre otros asuntos. El fiscal Dovat entiende que hay pruebas fehacientes de esos hechos y que los mismos se enmarcan en el delito de abuso de funciones previsto en el artículo 162 del Código Penal, correspondiendo penas de tres a 24 meses de prisión y además inhabilitación de dos a seis años en la órbita pública. *