Transportistas de Cargas reclaman el cumplimiento de lo pactado en 2006

El sindicalista recordó: «El gobierno se comprometió a pasar de un IVA, que hoy estamos en un 14%, a un 23%. Con eso compensábamos las diferencias que había en el valor agregado que tenía el gasoil. Hasta el día de hoy, eso está incumplido. Si bien sabemos que el Poder Ejecutivo pasó el tema a las cámaras para que trataran el proyecto de ley, hasta hoy no fue tratado, y sólo ha habido promesas de reuniones extraordinarias en las que se iba a tratar el tema en forma urgente».

Al ser consultado sobre si se puede solventar el transporte de la zafra con un IVA a un 14%, Lepera dijo: «En estos momentos los compromisos y las cotizaciones que se están pasando son con el IVA al 23%».

En octubre de 2006, estalló una huelga del transporte de carga por tiempo indeterminado, a la que se sumaron las patronales de los taxímetros y las gremiales rurales (Asociación Rural y Federación Rural), contra el aumento del precio del gasoil (diesel), con el que el gobierno buscaba subsidiar una rebaja de los pasajes en el transporte de pasajeros.

La medida generó el inmediato rechazo de la central sindical uruguaya, que convocó a un paro general de cinco horas en respaldo al gobierno y «las instituciones democráticas».

Tras el anuncio del contraparo de la central sindical, las patronales de los taxímetros anunciaron el levantamiento de la medida porque, según palabras del presidente de la gremial, Oscar Dourado, la protesta había sido «mal interpretada» y su gremio apoya a las instituciones democráticas.

Finalmente, tras varias horas de tensión y negociaciones, y con un país al borde del desabastecimiento de productos básicos y de combustible, se arribó a una fórmula negociada. Los camioneros levantaron la medida y se acordó en el Ministerio de Transporte una fórmula que consistía en que el Imesi al gasoil se sustituirá por un aumento del IVA al 23% y que el sector podría descontar 8,20% del IVA del gasoil que consuma.

El conflicto marcó una de las crisis más importantes que ha tenido que atravesar el gobierno, que apeló a la declaración de los «servicios esenciales», apoyándose en una ley sancionada en 1968. Para la izquierda, este episodio quedó marcado como un intento político de la «derecha» por desestabilizar el gobierno. Para el Partido Colorado, se trató de una «conducta irresponsable» del gobierno que «agita fantasmas de una conspiración que sabe que no existe».

Para Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, fue «una maniobra de distracción» del gobierno porque debe enfrentar sus promesas incumplidas. *