Senado decide hoy si acepta o no nominación de Neira en la SCJ

El «caso Neira», propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar la Suprema Corte de Justicia como conjuez militar, en sustitución del coronel (r) Kleber Pampillón, vuelve al tapete al considerar hoy el Senado, en una sesión secreta, los informes –uno en mayoría y otro en minoría– aprobados por la Comisión de Defensa. Fuentes parlamentarias estimaron que la discusión en el pleno de la Cámara Alta, será «muy intensa». La aprobación de la venia requiere mayoría simple de los presentes y, de acuerdo con un sondeo primario, dependerá de la actitud que adopten los legisladores del Partido Nacional. En contra, votarán los doce senadores del Encuentro Progresista-Frente Amplio y el senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini. En filas blancas, «es casi un hecho» que no la votará el senador Carlos Julio Pereyra.

En tanto, a nivel de la Suprema Corte de Justicia, trascendió que la corporación «no ha tratado el ascenso de Neira y tampoco ningún ministro de los que integra la Corporación ha planteado el análisis del tema». Una fuente judicial informó que más allá de la posición de cada uno de los ministros de la SCJ, no corresponde analizar este asunto.

LA REPUBLICA recogió ayer la opinión de familiares de cinco de las víctimas con respecto al posible nombramiento: Gladys Delfante, viuda de José Delfante (fallecido el 11 de julio de 1991), Myriam Piñeyro, hija de Plácido Piñeyro (fallecido el 2 de mayo de 1996), Sonia Odo, hija de Alberto Odo (fallecido el 12 de diciembre de 1977, pocos meses después de su liberación); Raquel Mallada, viuda de Juan José Ricca (fallecido el 26 de julio de 1977) y su hijo Juan Carlos Ricca.

Todo coincidieron en manifestar su «indignación» con la posibilidad de que un «torturador» integre el máximo órgano de administración de justicia en el país como la Suprema Corte. Además, ratificaron que existen suficientes pruebas incriminatorias contra el militar que actuó durante los interrogatorios y negaron que persigan con este reclamo un interés económico, en alusión a afirmaciones del senador quincista Juan Singer. Con testimonios muy sentidos, los familiares relataron episodios dolorosos de sus vidas, relacionados a las visitas a los detenidos o a la constatación de las secuelas sufridas por los ex funcionarios portuarios. A su vez, respaldaron lo dicho en una carta por el ex funcionario Alfonso Sanjuan, quien acusó al coronel Neira de ser uno de los responsables de la aplicación de torturas a los detenidos.

Juan Carlos Ricca manifestó que las secuelas por apremios físicos a su padre fueron certificadas por un médico, e incluso están documentadas en los expedientes judiciales. Además, recordó que no sólo hubo torturas, sino que uno de los detenidos, Juan Omar Rodríguez, un gerente porturario, murió a consecuencia de los castigos recibidos.

«No es una suposición o un invento, como dice el senador Singer», agregó.

Sonia Odo, relató con detalle los apremios recibidos por su padre y las secuelas posteriores. Sentenció que «es inadmisible que un senador diga que no hay pruebas; no entendemos qué hay detrás de esto. No entiendo cómo ahora en este momento, que funciona la Comisión para la Paz, van a ascender a un torturador. No se puede entender». Ricca afirmó: «Siempre supimos, mediante los relatos de él y de sus amigos, quiénes eran los que conducían las torturas, los capitanes Neira y Carbone».

«Pruebas incriminatorias hay, están en los expedientes judiciales; pienso que el senador Singer está muy mal informado y compromete sus palabras sin informarse», agregó.

«Si lo quieren nombrar embajador, o agregado militar, no hay problema, pero no lo quiero en la Suprema Corte de Justicia», afirmó por su parte Sonia Odo.

«Evidentemente, no debe tener solidez moral una persona que se prestó para este tipo de cosas, no creo que tenga probada su solidez moral para poder estar en una Suprema Corte de Justicia. Supongo que hay otros políticos que sopesarán los antecedentes de este militar», dijo Ricca.

Myriam Piñeiro recordó que si bien su familia no fue testigo de las torturas, «sí padecimos el después». «Tuvimos que enfrentarnos a la evolución de mi padre, una vez que salió de la detención». «Teníamos que dormir con él, con la luz prendida, porque se despertaba de noche y gritaba y esos nombres, Neira y Carbone, que los escucho desde mi adolescencia. Si bien uno no puede vivir con los rencores, porque no conducen a nada, no vamos a poder olvidar, no debemos olvidarlos jamás», señaló.

«En mi casa, los nombres de Neira y de Carbone siempre estuvieron en mi casa. Y estuvieron no porque mi padre contara las cosas que le sucedieron, porque mi padre debe haber sido uno de los pocos que no habló, por miedo, porque cada uno de ellos tuvo un después diferente. Y mi padre fue de los que se calló y no quiso hablar más del tema. Pero nosotros sí pudimos conocer a través de sus sueños lo que había ocurrido. Otro hecho significativo ocurrió cuando apenas lo liberaron; lo primero que hizo fue ir corriendo, y abrir las jaulas de los pájaros que tenía».

Gladys Delfante, en tanto, expresó su «dolor» por la situación que atravesó su esposo y el «abuso del poder que se ha hecho» y la posible designación de Neira.

«Una persona que participó en esos hechos, es imposible que sea designada para juzgar a nadie», agregó Piñeyro.

Raquel Mallada, en tanto, se preguntó «¿cómo se puede premiar a un torturador?, ¿qué justicia tenemos ahora en plena democracia?».

La sentencia

En noviembre de 1998, LA REPUBLICA publicó la sentencia de la jueza Estela Jubette, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, que dispuso que tanto el Estado uruguayo como la ANP debían indemnizar a cada uno de los doce denunciantes o sus sucesores, por el daño moral derivado de la prisión, de los maltratos y sus consecuencias que todavía padecen, y por la privación de un empleo digno con posterioridad a su liberación. El fallo estableció que el Ministerio de Defensa debía abonar el 70% y la ANP el 30% restante. El monto de la indemnización, con sus reajustes, desde la fecha de la demanda y hasta su efectivo pago, elevaba la suma a cifras millonarias.

En la sentencia de primera instancia, la jueza establece que «resulta plenamente probada la existencia de una detención ilícita, llevada a cabo por funcionarios militares en el mes de abril de 1975″, agrega que de los interrogatorios «se constataron malos tratos» como «castigos, torturas, violencias» y hace responsable al Estado «por haber actuado sus funcionarios (capitán Neira, capitán Carbone, Julio Castro, J. C. Rapela y otros, con una ilegitimidad que vulneró los más preciados derechos individuales».

La sentencia fue apelada por el Ministerio de Defensa y por la ANP, y confirmada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, salvo el monto en que la jueza estimó el daño moral, el cual revocó y disminuyó significativamente. Esto motivó la presentación de un recurso de casación de los demandantes que está a consideración de la Suprema Corte de Justicia.