La situación de Bordaberry despertó la inquietud del Ministerio del Interior

La asesora del ministro José Díaz en asuntos penitenciarios, María Noel Rodríguez, confirmó a LA REPUBLICA que las autoridades de la cartera tienen a estudio un informe, elaborado por un equipo de trabajo de la Jefatura de Policía de Montevideo, que busca dar un marco legal a los mecanismos de prisión domiciliaria.

«Me parece algo muy acertado, porque se trata de regular este tipo de arrestos, que, en general, hasta el momento no tienen definido claramente un mecanismo de control, aunque está claro que siempre se trata de personas mayores de 70 años o con enfermedades terminales», dijo Rodríguez.

El arresto domiciliario es una decisión que siempre depende de un juez, quien determina las condiciones y características de la reclusión; sin embargo, según la asesora ministerial, a nivel policial, el rol de custodia no es tan sencillo. «Nos gustaría tener claro qué debe hacer la autoridad penitenciaria y cómo se debe hacer», explicó.

La iniciativa de las autoridades surgió semanas después de que el juez Pablo Eguren dispusiera a mediados de enero el beneficio de prisión domiciliaria para el ex dictador Juan María Bordaberry, quien, tras estar tres días internado en el Hospital Británico, no retornó a Cárcel Central y ahora está recluido en una lujosa casa del barrio Carrasco, a causa de una delicada afección pulmonar, obligando a las autoridades a rever los mecanismos actuales (ver recuadro aparte).

Según Rodríguez, el punto más conflictivo de este proyecto radicará en la regulación de las visitas y el contacto del recluso con el exterior, por ejemplo, con las llamadas telefónicas.

Aclaró que «siempre se va a obedecer el mandato de la Justicia, aunque desde el punto de vista práctico, este asunto se presenta como bastante complicado», y agregó: «También debemos hacer una debida vigilancia con los recursos que tenemos, pero lo queremos hacer bien».

Actualmente, las autoridades no disponen de un registro exacto de las personas que en Uruguay están sometidas a prisión domiciliaria, y por ese motivo el Ministerio del Interior está abocado además a recabar información sobre el asunto, y a establecer claramente el número de personas sometidas a este régimen. Según estimó Rodríguez, en Montevideo, la cantidad ronda las 12 o 13 personas, pero dijo que en el interior «podría haber una sorpresa», no descartando que fuera de la capital exista un número muy superior.

Por su parte, el comisionado parlamentario en asuntos carcelarios, Alvaro Garcé, remarcó que es partidario de las medidas alternativas a la prisión, ya que «hay muchas personas que podrían estar con prisión domiciliaria y, sin embargo, están privadas de su libertad».

«La medida de prisión domiciliaria implica una cuota de confianza en la persona; es una cuestión de palabra y de buen cumplimiento, por lo cual hay que seleccionar muy bien a los beneficiarios», argumentó el comisionado parlamentario.

Garcé no sólo hizo hincapié en la posibilidad de que los reclusos puedan cumplir con la pena en su domicilio, sino que además destacó que la posibilidad de la utilización del Centro Nacional de Rehabilitación, que funciona donde antiguamente estuvo ubicado el Hospital Musto.

‘Del mismo modo, el especialista subrayó la importancia de las tareas comunitarias, que, por ejemplo, se pueden realizar en Centros Comunales o policlínicas barriales.

 

Ravecca: «Falta  experiencia»

Mientras tanto, el presidente honorario del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, Oscar Ravecca, consideró que habría que definir claramente «cómo se cumple y cómo se hacen los controles del arresto», temas en los cuales se podrían generar inconvenientes por la «falta de experiencia».

Además, según Ravecca, de la población nacional de reclusos, que asciende aproximadamente a unas siete mil personas, una importante cantidad de presos «no tienen dónde ir, mientras que otros no tienen forma de mantenerse económicamente, y por eso se tienen que quedar en la cárcel, por más que cumplan con las condiciones para poder beneficiarse con el arresto domiciliario».

Por su parte, el abogado del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Guillermo Payseé, dijo, coincidiendo con María Noel Rodríguez, que uno de los principales problemas será regular la actividad del detenido, porque «no se puede tener a toda la familia presa». Para el representante de Serpaj, existen dos casos bien diferenciados: por una parte, las personas que se benefician con la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y que no tienen mayor inconvenientes de salud, a quienes solamente se debería controlar que no abandonen el domicilio; por otra parte, a quienes son autorizados por motivo de afecciones sanitarias se les debería aplicar un reglamento más «severo», limitando incluso sus actividades.

Payseé sostuvo también que otro inconveniente podría radicar en que si en el futuro el número de prisiones domiciliarias aumenta sensiblemente, por lo cual no se podrá disponer de un guardia permanente en cada caso; entonces, se podría hacer como en el caso de los adolescentes infractores, en que muchas veces los jueces disponen la reclusión domiciliaria como medida sustitutiva pero sin un control permanente, sino con inspecciones sorpresivas cada cierto tiempo, para determinar si la persona cumple con la medida dispuesta *.